(1) LA REFORMA ELECTORAL DE 1996.
Según Cerroni (3) , para que una reforma pueda considerarse como adecuada o útil se requieren al menos dos ingredientes: "un análisis global de la sociedad presente y un modelo global de la sociedad futura". En México, sin embargo, a pesar de haber existido una tradición reformista en asuntos electorales, ésta no se ha dado a partir de los ingredientes mencionados. Más bien, se ha tratado de satisfacer demandas del propio régimen. Reformas a veces abiertamente inmediatistas y coyunturales; otras veces, reformas que han implicado un evidente retroceso y algunas otras, un tanto alejadas de la realidad. Esto no significa que no hayan existido avances. Reformas como la de 1977 o la de 1993-94 equilibran de forma importante el juego político partidista. Pero si suponemos que el modelo de la sociedad futura es el de una sociedad democrática, según el discurso oficial y opositor, no dejaremos de asombrarnos de medidas que van encaminadas precisamente a lo contrario. Para sustentar lo dicho, antes de abordar de lleno la reforma del 96, trataremos de dar un panorama de las reformas más importantes que se han dado en nuestro país en los últimos años.
Desde el término de la Revolución en 1917, hasta entrada la década de los 30's, el sistema político estuvo caracterizado por un multipartidismo excesivamente atomizado y una predominancia del ámbito local compuesto principalmente por partidos locales pequeños, organizados en muchas ocasiones para una sola elección y desechos con la mayor facilidad al término de ésta. Los partidos y las leyes electorales giraban alrededor de los grandes caciques y caudillos regionales. Igualmente, la vigilancia electoral se encontraba en manos y para beneficio de esos personajes.
En 1933, tras la formación del Partido Nacional Revolucionario, se lleva a cabo el primer proceso de reforma electoral de la post-revolución. Las medidas que se toman en ese momento son la disolución de los partidos adherentes (partidos locales pequeños) y la centralización gradual de las instancias electorales. Y aunque este proceso de centralización -que se dio en principio con el surgimiento del PNR, posteriormente con el PRM y finalmente con el PRI- sirvió para evitar la excesiva atomización partidista y en cierto sentido, para terminar con intereses regionales, detuvo la evolución del incipiente sistema de partidos rumbo a un sistema competitivo.
Este proceso de centralización queda terminado para el año de l946. En ese año se promulga la Ley Federal Electoral y quedan plenamente centralizadas la organización y la vigilancia de los comicios federales.
La tercera reforma importante se da en el año de 1963, en que se abre levemente la representación opositora en el Congreso. La reforma otorgaba 5 diputados a aquellos partidos políticos que rebasaran el 2.5% de la votación nacional emitida. Además, por cada punto porcentual adicional, se les asignaba un diputado más hasta 20. Si este número de diputados fuese rebasado por la vía de mayoría relativa, las prerrogativas de representación proporcional quedaban anuladas automaticamente. Además, la misma ley establecía que se perderían aquellos lugares en el Congreso que no fueran ocupados por sus respectivos partidos, lo que debilitaba la tendencia antisistema de muchos de los partidos de oposición.
Podemos atribuirle la debilidad opositora, a las condiciones del sistema político de México en ese momento. Cabe recordar que a pesar de que existiera una verdadera oposición, esta era considerablemente débil. La concentración casi total de las tendencias políticas al interior de un solo partido hacía que las diferencias políticas se dirimieran al interior de éste, y no entre todos los partidos. Esto, obviamente se reflejaba en un sistema electoral poco competitivo.
Ahora bien, desde que Duverger (4) presentó al público su libro "Los Partidos Políticos" ha existido una larga tradición de politólogos que creen que la relación entre el sistema de partidos y el sistema electoral no es unidireccional, sino recíproca (5) . Así que bajo esta lectura, podemos decir que no sólo el sistema de partidos por tener un partido hegemónico evitaba el ascenso electoral de los demás partidos, sino que de hecho, existía un sistema electoral que desincentivaba cualquier crecimiento de los patidos pequeños.
Como ejemplo de lo dicho anteriormente, podemos notar que ya para 1973, según Molinar Horcasitas (6) , el 20% de la población era pluralista, lo cual no evitó que todos los votos válidos para la presidencia en 1976, se dieran a un solo candidato (José López Portillo). Esto nos muestra cómo a pesar de existir una considerable oposición en la población, ésta canalizaba sus demandas por otras vías distintas a la electoral, incluyendo la vía antisistema. Así pues, el sistema electoral estaba incapacitado para reflejar la pluralidad de opinión y de tendencias que existían de facto en nuestro país. Además, debemos reconocer la existencia de prácticas poco compatibles con la democracia, como la distritación del tipo "salamandra" o "Gerrymandering" y la fácil manipulación de la votación rural.
El sistema político mexicano había buscado dos condiciones en su vida política: el mantenimiento del control político y la legitimación por medio de la existencia de los partidos de oposición. Las elecciones presidenciales de 1976, si bien cumplían con el primer requisito, no lo hacían con el segundo. La concurrencia de un solo candidato ponía en entredicho la eficiencia del sistema electoral. Eso orilló a que en 1977 se llevara a cabo una nueva reforma que redujera de manera importante esta tendencia.
La reforma de 1977 introdujo con mayor ahínco el sistema de representación roporcional, elevando el número de diputados de 300 a 400, dejando esos cien escaños de más para uso de dicho sistema. Se redujo el umbral de 2.5% a 1.5%, se introdujo el registro condicionado para aquellos partidos que rebasaran el umbral de votación, se estableció un sistema de insaculación para la composición de los consejos locales y distritales, se concentró definitivamente la función de vigilancia y procedimientos electorales en la Comisión Federal Electoral, se introdujeron las fórmulas de "asociación política" y se consideró a los partidos como entidades de interés público.
Dentro de esta reforma se replanteó también la composición del Consejo General de la C.F.E. La integración de éste, que antes correspondía casi en su totalidad al Partido Revolucionario Institucional y al gobierno, dio cabida a todos los partidos de oposición con registro. Así pues, el Consejo estaba integrado por un consejero por partido político, un diputado, un senador, el secretario de Gobernación y un notario. Esta composición tuvo que ser modificada posteriormente, ya que el equilibrio logrado ponía en peligro, o al menos en tensión, el control del gobierno y el PRI sobre el Consejo. Se impulsó a tal nivel el equilibrio dentro del Consejo, que la fracción del gobierno y el PRI tuvieron que devolverle al PARM (partido tradicionalmente gobiernista) su registro, a pesar de no contar con el 1.5% en la elección anterior (1982). Por el contrario, se le negó el registro al Partido Social Demócrata, aunque contaba con todos los requisistos.
Para 1986, el Consejo estaría solamente integrado por los tres partidos más importantes. La proporción de votos dentro del Consejo iría en relación con la elección anterior. De esta manera el gobierno y el PRI recuperaban por un buen tiempo el control sobre el Consejo General de la C.F.E.
En el periodo 89-90 se llevó a cabo otra nueva reforma, concensada entre el PRI y el PAN. En ésta se reorganizaron nuevamente los órganos electorales y se creó un nuevo registro de electores. Se introdujo el sistema profesional electoral y se trató de fortalecer la independencia del Tribunal Federal Electoral. Pero esta reforma introducía también, fórmulas que sobrerrepresentaban al partido mayoritario y dificultaban el juego de los partidos minoritarios. Por ejemplo, se estableció una cláusula que aseguraba automáticamente la mayoría absoluta dentro del Congreso a la minoría más grande. Además, en contra de cualquier tendencia que apuntara hacia la democracia, se prohibieron las candidaturas comunes y se elevaron las restricciones para la formación de coaliciones. A su vez, se daban incentivo económicos a los partidos minoritarios que no se conformaran en coaliciones. Estas reformas se establecieron debido al peligro que significó para el partido mayoritario las candidaturas comunes en favor de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones federales de 1988.
En 1993-94 se llevó a cabo otra reforma. En ésta, se ampliaban los tiempos para que los partidos revisaran las listas nominales de electores, tan cuestionadas en las elecciones anteriores. Se elevó de dos a tres el número de senadores por entidad federativa: dos por mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría. Este sería sólo un paso transitorio para elevar en el futuro de tres a cuatro senadores: tres por mayoría relativa y uno a la primera minoría. Desapareció la autocalificación de los legisladores, cediendo esta labor al Tribunal Federal Electoral. Se modificó levemente la forma de asignación de escaños en la Cámara de Diputados, sin terminar con la sobrerrepresentación excesiva del partido mayoritario, se reguló con más exactitud el financiamiento de los partidos. Se equilibró la composición del Consejo General del IFE: ( 6 Consejeros Ciudadanos elegidos por mayoría calificada de la Cámara de Diputados, dos Consejeros del Senado, dos de la Cámara de Diputados y un Presidente que era el secretario de Gobernación. También se equilibraron de forma parecida tanto los consejos locales como los distritales. La selección de los funcionarios de casilla se hacía por doble insaculación. Se reguló la presencia de observadores tanto nacionales como extranjeros, se reglamentó la publicación de encuestas y se redujeron los desequilibrios y ampliaron los tiempos en los medios de comunicación. Además se introdujeron los delitos electorales en el código penal. Sin embargo, se mantuvieron las restricciones a las candidaturas comunes y coaliciones. La designación del director del IFE y del Fiscal Especial siguió en manos del Poder Ejecutivo y se mantuvo la distritación anterior. La desigualdad de trato en los medios informativos (particularmente en los noticieros) si bien se redujo, no desapareció totalmente. Por último, cabe agregar que aunque se establecieron topes a los gastos de campaña, estos siguieron siendo muy altos.
(1) ARTÍCULO DIVIDIDO EN TRES SECCIONES
(3) CERRONI,Humberto. op.cit. p. 60.
(4) DUVERGER, Maurice. "Los Partidos Políticos". F.C.E.
(5) Ver Valdés, Leonardo, "Sistemas Electorales y de Partidos". Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, número 7. I.F.E.
(6) MOLINAR HORCASITAS, Juán. "El Tiempo de la Legitimidad". De, Cal y Arena. México 1991.
El autor es egresado de la carrera de Ciencia Política de la UNAM
