De entrada, es necesario aclarar en qué sentido se habla de democracia y cuáles son las condiciones que deben ser verificadas en la realidad para hablar de su existencia. Para ello, recurriremos a definiciones mínimas o procedimentales que se han dado del régimen democrático. Una advertencia: el recurrir a definiciones mínimas no quiere decir que se niegue la posibilidad de profundizar la democracia más allá de los requerimientos formales; significa, más bien, que toda profundización debe darse en los límites impuestos por tales requerimientos, pues sin ellos no hay democracia. Al mismo tiempo, se trata de evitar subjetivismos: el hacer de la democracia un concepto demasiado connotativo (o con una alto número de características) nos llevaría a no clasificar como tales a países reconocidos como democracias.
Joseph Schumpeter, quien intentó justamente eliminar del concepto de democracia todo elemento idealista no observable en su funcionamiento real, la definió como "aquel arreglo institucional para llegar a las decisiones políticas basado en la lucha competitiva por el voto del pueblo" (Schumpeter, 1950: p. 269). A esta definición se asocian dos características básicas para hablar de democracia: por un lado, el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o rechazar, mediante el voto, a quienes habrán de gobernarlo; por el otro, la libre competencia entre quienes se postulan por el voto del electorado debe ser garantizada institucionalmente (pp. 284-285).
Dando por hecho que las limitaciones a la cantidad de gente que puede votar son mínimas (como sucede en México, que la única limitación es el ser mayor de 18 años), podemos tomar como crucial para evaluar la existencia o no de una democracia el que se cumplan o no los requerimientos para la libre competencia. Dahl (1993: p. 15) entiende que la libre competencia significa igualdad de condiciones en la lucha por los votos, la cual es asegurada por la existencia de las siguientes garantías institucionales: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, libertad para que los líderes políticos compitan por obtener el apoyo del electorado, diversidad de fuentes de información, elegibilidad para el servicio público, elecciones libres e imparciales, instituciones que aten a la política del gobierno con los votos y otras formas de expresar las diferencias.
Entendemos, pues, que el punto crítico para definir a un país como democrático o no radica, una vez que toda la población adulta tiene derecho a votar, sin restricciones de propiedad, raza o cultura, en las condiciones en las que se da la competencia por el voto.
En décadas pasadas, cuando se abordaba el tema de la necesidad de democratizar a México, la idea más común era la conocida vulgarmente como "cambio desde adentro". De esta forma, González Casanova (1976), tras considerar el descrédito sufrido por la democracia occidental en los países en que es ejercida y la necesidad de atender a la particularidad nacional, decía: "la transformación exige idear formas de democracia interna dentro del propio partido gubernamental" (p. 172); y más adelante "... es necesario a la vez democratizar y mantener el partido predominante, e intensificar el juego democrático de los demás partidos, lo cual obliga a la democratización interna del partido como meta prioritaria, y a respetar y estimular a los partidos de oposición" (p. 226, subrayado mío). Más o menos al mismo tiempo, en 1970, Octavio Paz consignaba en Postdata: el PRI "no conoce la democracia interna y está dominado por un grupo de jerarcas que, a su vez, prestan obediencia ciega al presidente en turno. Esto ha sido particularmente infortunado porque la diversidad de corrientes y opiniones dentro del Partido... hubiera permitido intentar un experimento que, además de vitalizar y regenerar al régimen, habría ofrecido una solución a la crisis que desde hace más de diez años vive el país: iniciar la reforma democrática en el PRI mismo... ese remedio es ya tardío" (Paz, 1981: p. 258). De la respuesta al movimiento estudiantil de 1968, aseguró que "el régimen demostró que no podía ni quería hacer un examen de conciencia; ahora bien, sin crítica y, sobre todo, sin autocrítica, no hay posibilidad de cambio" (p. 252).
¿Qué hay en el sistema político que justifique el que dos observadores tan agudos y cuyo compromiso con la democracia está fuera de toda duda sostengan juicios tan divergentes?
El sistema político mexicano surge de un proceso revolucionario cuyo primer efecto fue la proliferación de liderazgos armados con la posibilidad real de desestabilizar hasta el colapso a cualquier grupo en el poder en turno. Más aún, es el resultado de una solución de emergencia ante el asesinato del único líder con capacidad de cohesionar a elementos de poder centrífugos (vid. Loyola, 1984 y Lajous, 1981). Si en este momento el PNR era poco más que un conjunto de caudillos apaciguados a regañadientes, con su transformación en PRM y la incorporación de los sectores obrero y campesino el partido responde a la integración de las masas en la política (1).
Esta forma de respuesta dio un lugar central al partido en cuanto a su función en el sistema (2). Por un lado, hay que señalar que el carácter inclusivo del régimen; esto es, la extensión del pacto entre caudillos que dio lugar al PNR y del pacto con las clases populares que surgió con el PRM, dejó poco espacio y utilidad para los partidos de oposición. Cuatro fueron las demandas populares principales surgidas de la revolución: redistribución de la tierra, sindicatos obreros, educación masiva y no reelección (Basáñez, 1990: pp. 189-198). Apoyándose en ellas, el régimen obtuvo legitimidad acomodándose y respondiendo a las demandas planteadas a la vez mediante la participación y mediante la expresión del descontento.
El partido resultaba ser el medio exclusivo de participación política en el sistema político mexicano. Ante las expresiones de disenso en la sociedad civil, el PRI ha contestado minimizando las formas de participación y oposición ajenas a su control, o creando estructuras de tal forma que estas manifestaciones se diesen dentro del mismo partido . Así, la democratización se da dentro de los límites del PRI y en relación inversamente proporcional a la que se da en la sociedad civil. Correlativamente, la ampliación del número de ciudadanos con capacidad de formular demandas y de exigir respuesta dentro del partido restó la capacidad de éste para satisfacer a la mayoría, optando por reducir la capacidad de expresión en los participantes (Brachet-Marquez y Davis, 1994: pp. 112-118).
¿Quiere esto decir que una nueva democratización del PRI sería lo necesario para democratizar al sistema? Cuando el unipartidismo era una realidad imponente tal vez esto era lo máximo que se podía lograr. A falta de espacios alternativos para la expresión de demandas, la democratización del PRI pudo haber sido, y fue, una salida viable y realista para hacer frente a la participación de las masas sin reprimirlas. Sin embargo, una vez que sucede, como describimos arriba, que la capacidad del partido es sobreseida por el número de representados, y que, por el otro lado, las demandas están dirigidas en contra del mismo partido (3), la democratización necesaria es, más amplia pero, al mismo tiempo, indiferente a la democratización del partido.
Las organizaciones (tales como son los partidos políticos) no son el lugar a partir del cual se construye una democracia a nivel del régimen político.
Para que el mecanismo democrático funcione, para que el pueblo participe en la polis comunicando demandas al sistema político, lo esencial y básico son las garantías institucionales a la libre competencia entre las élites políticas por el poder. Estas garantías son, a su vez el prerrequisito para que el simple hecho de votar intermitentemente se convierta en poder efectivo para negar u otorgar el acceso a determinado grupo organizado en el poder. Este conjunto de condiciones hace que la clase política tenga que atender a las preferencias colectivas de los ciudadanos, pues estas serán expresadas, en última instancia, a través del voto.
Aquí no queremos negar que la democratización interna de los partidos tenga importancia para el sistema político total. Señaladamente, coadyuva a la socialización de las prácticas propias del régimen democrático. Pero nos parece que el hacerlo o no corresponde no, más que a las precondiciones de la existencia de dicho régimen, a las necesidades y exigencias internas de las militancias y exigencias de cada partido. De hecho, hay evidencia empírica que apunta hacia la conclusión de que los métodos autoritarios se adaptan más que los democráticos a las exigencias organizativas del partido político moderno (Panebianco, 1990, estudiando a los partidos europeos).
Lo importante a señalar aquí, es que hacer más democrático el funcionamiento del PRI es indiferente a la consecución de la democracia en México. Más aún, explicamos que una mayor expresión del disenso y un mayor número de participantes dentro del partido oficial han sido llevados a cabo en términos disfuncionales a la democratización del régimen.
Lo fundamental al respecto es lograr el entramado institucional que obligaría a los actores a respetar las preferencias ciudadanas expresadas a través del voto (4). Los arreglos posteriores, también necesarios, vendrán después y partiendo de esta base, la democrática. Dejemos al PRI, pues, si así lo desea, como está.
Basáñez, Miguel (1990): La lucha por la hegemonía en México. 1968-1990, 9a. ed., S. XXI, México.
Berstein, Serge (1996): Los regímenes políticos del siglo XX. Para una historia política comparada del mundo contemporáneo, Ariel, Barcelona.
Brachet-Marquez, Viviane y Diane Davis (1994): "Replantear la democracia en México: una perspectiva histórica", en Revista Internacional de Filosofía Política, N 4, noviembre, pp. 90-125.
Dahl, Robert (1993): La poliarquía. Participación y oposición, REI, México.
González Casanova, Pablo (1976): La democracia en México, 2a. ed., Era, México.
Huntington, Samuel (1994): La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Paidós, Barcelona.
Lajous, Alejandra (1981): Los orígenes del partido único en México, UNAM, México.
Loyola, Rafael (1984): La crisis Obregón-Calles y el Estado mexicano, S. XXI, México.
Panebianco, Angelo (1990): Modelos de partido, Alianza, Madrid.
Paz, Octavio (1981): "Postdata", en El laberinto de la soledad/Postdata/Vuelta al laberinto de la soledad, FCE, México, pp. 235-318.
Sartori, Giovanni (1980): Partidos y sistemas de partidos. Marco para un análisis, Alianza, Madrid.
Sartori, Giovanni (1988): Teoría de la democracia. 1. El debate contemporáneo. Alianza, México.
Schumpeter, Joseph (1950): Capitalism, socialism and democracy, 3era. edición, Harper Torchbooks, New
York.
(1). Este es un fenómeno común al mundo occidental que en general dio distintos resultados (fascismo, comunismo y democracia de masas), dependiendo de las condiciones específicas de cada nación. Véase Berstein, 1996.
(2). En este ensayo se dejará de lado, o se tocará tangencialmente, el tema del papel jugado por la institución presidencial.
(3). Esto puede deberse, fundamentalmente, ante la percepción, errada o cierta, a lo largo de una amplio espacio de tiempo de que el régimen y su partido han dejado de satisfacer materialmente las necesidades de la población. Así, podemos decir que si la demanda por democratizar al régimen no es lo primordial en la cabeza de cada ciudadano, se convierte en importante en función de la percepción que tenga sobre el estado de su nivel de vida. En otras palabras, nadie se pregunta de qué forma lleguen al poder lo gobernantes mientras los ciudadanos perciban, no ya que sus ingresos son altos, sino que se hace algo por elevarlos. Cuando tal percepción cambia, es probable que se pida una forma legítima (no necesariamente democrática) de acceder al poder.
(4). También es importante el modo en que se llega a este entramado. Huntington (1994: pp. 154-162)
ha señalado la importancia de las negociaciones entre gobierno autoritario y oposición en los procesos
de transición democrática. Por supuesto, la negociación implica que los actores están dispuestos a cumplir
con su parte de los acuerdos a cambio de que la contraparte cumpla con la suya. También implica que no
se recurrirá a la fuerza para obligar al otro. Al respecto, es cierto que Zedillo, en condiciones de legislación
normal, tiene el derecho y hasta la obligación de hacer uso de "su mayoría" en las Cámaras. Pero en el caso
de acuerdos para avanzar en la democratización, este uso coercitivo de su mayoría provoca que la oposición
no se sienta obligada a respetar los resultados electorales (ciertos o no) surgidos de las normas ya acordadas.
Además, si hablamos de garantías institucionales para la competencia libre y equitativa, la cuestión del
financiamiento a los partidos es nodal si queremos medir el grado de avance.
