LAS DIMENSIONES LABORALES DEL LIBRE COMERCIO
Por Martha Ruiz Cornejo
Usted es el lector número
Hablamos de la existencia de una dimensión social en los procesos de integración regional que puede entreverse a partir del estudio de diversos fenómenos, que van desde el número de cruces fronterizos en un período determinado, hasta la formación de foros de discusión sobre asuntos ecológicos, laborales y de derechos humanos. Esto nos desprende de la forma en la que comúnmente es tratado el tema de la regionalización, que se basa únicamente en indicadores de intercambio comercial.
En el ámbito laboral, las estrategias gubernamentales de apertura e integración comercial y el conjunto de los proyectos de corte neoliberal llevan a la “flexibilización” de las relaciones laborales y tienden a debilitar a las instituciones típicas de defensa de los trabajadores, los sindicatos, a través del despido masivo, políticas de austeridad, imposición de topes salariales, reducción del sector público, recorte del gasto social dedicado a educación, salud, pensiones, etcétera. La apertura económica obliga a una incesante búsqueda de productividad y calidad a la par de los niveles internacionales. La competitividad internacional de diversas empresas y ramas industriales se vuelve condición mínima de su superviviencia.
Así, el incremento del carácter internacional de la producción, aunado a la crisis y a la reestructuración industrial son fuente importante de presiones para los trabajadores. En los acuerdos de libre comercio, existen un número considerable de cláusulas que, sin mencionar a los princiaples agentes laborales, los afectan gravemente aunque sea de manera indirecta.
No debemos olvidar que los mercados laborales son en realidad arenas en donde se libran intensas batallas políticas. La desigualdad en las posiciones de los actores que se baten en los mercados laborales fueron el contexto de la negociación y firma del TLCAN y éste refleja la situación imperante. Así, es necesario considerar que los lineamientos neoliberales bajo los cuales se firma el Tratado explican la importancia que tuvieron los grupos y las cúpulas empresariales de los 3 países, que plantearon desde el principio una posición antiestatal y desregulacionista (3). Ello derivó en que el TLCAN sea -al igual que otros procesos de regionalización como la Unión Europea- un proyecto de integración subregional basado en la preeminencia de los intereses privados de las grandes corporaciones trasnacionales sobre los intereses del resto de los actores sociales. El Estado capitalista, conductor y principal actor de los procesos de regionalización, abandona su postura de árbitro para representar y defender en los hechos el interés nacional basado en la reclasificación de jerarquías de los actores sociales. Son siempre el gran capital y las compañías trasnacionales las mayores beneficiarias de cualquier acuerdo que reduzca los aranceles al comercio internacional, elimine subsidios a la producción interna, reduzca la inflación y cercene la participación del Estado en la economía en favor de capital privado (4).
La forma en que fue negociado el TLC, permitiendo gran movilidad y garantías al capital al mismo tiempo que restringiendo o prohibiendo del todo la movilidad de trabajadores entre los tres países introduce el aspecto laboral como un motor importante del acuerdo subregional.
Desde la perspectiva gubernamental, en México se argumentó con gran éxito que el TLCAN constituía un detonador del crecimiento económico que permitiría superar los rezagos sociales existentes, especialmente en materia de salarios y empleo. Este discurso encuentra su sustento teórico en la escuela clásica, para la que el crecimiento de las economías es el punto de partida que llevará a que las condiciones generales de los trabajadores en una economía determinada se vean paulatinamente mejoradas, ello sin vincular explícitamente (en leyes, tratados o instituciones) el crecimiento económico con los estándares laborales (5). Esto coincide con la posición de México de negociar el TLCAN como un instrumento de crecimiento económico que excluye explícitamente las cuestiones laborales, ya que pueden ser usadas para "ocultar prácticas proteccionistas". Esta posición se mantiene constante en la política comercial externa de México; en diversos foros el gobierno mexicano se ha mostrado renuente a aceptar cualquier vínculo entre comercio y estándares laborales. Dentro de la actual estrategia de apertura comercial e incremento de intercambio de bienes y servicios, así como de atracción de capitales, dejar de lado los temas laborales es una precondición para la estrategia de desarrollo (6).
Sin embargo, en un contexto de desvinculación entre salarios y productividad es precisamente la movilidad internacional del capital y la inversión extranjera -para el caso de países que como México no cuentan con suficientes recursos para invertir- los elementos que permiten elevar la competitividad internacional de las economías con base en estrategias de bajos salarios. La represión obrera ha probado ser un importante aliado que permite disolver el vínculo que establece la teoría clásica entre salarios y productividad.
Si bien la legislación laboral mexicana es “una de las más avanzadas y completas del mundo”, su aplicación (enforcement) es en el mejor de los casos laxa y dista generalmente de su espíritu inicial. Por el contrario, su aplicación se traduce en violaciones serias y repetidas de los derechos del trabajador. Así, la intocable ligereza en las legislaciones laboral y ecológica fue una de las cartas fuertes del gobierno mexicano en su búsqueda desesperada de asegurar capital foráneo para “financiar el desarrollo” y el creciente déficit en la cuenta corriente. Si bien en principio las organizaciones sindicales en México estuvieron en contra de la apertura económica, al ver que no tuvieron opción, comenzaron a llevar sus demandas más allá de las fronteras nacionales, buscando intercambio de información, plataformas comunes, foros de expresión externos y la elaboración conjunta de demandas con los sindicatos de EUA y Canadá.
El verdadero problema que plantea la integración regional, bilateral o multilateral no está en si los estándares laborales son altos o bajos. Reside más bien en el hecho de que no son siquiera semejantes. Dentro de la misma lógica, por ejemplo, las empresas alemanas comienzan a producir en mercados externos y buscan abaratar sus costos de producción con mano de obra más flexible. En otras palabras esta es una tendencia “natural” del capital que se observa en América del Norte, en Europa y en Asia. El problema reside en la inexistencia de mecanismos que frenen la caída de las condiciones de trabajo ante la alta movilidad internacional del capital. Este fenómeno se da tanto en países industrializados (porque es de ahí de donde sale el capital, presionando a la baja las condiciones laborales), como en países en vías de desarrollo, en donde la falta de democracia política y sindical aunado al autoritarismo y la represión -además de los factores económicos estructurales- mantienen y presionan a la baja las condiciones de vida de los trabajadores.
Así, el subordinar la existencia del llamado “vínculo entre el comercio y el trabajo” (trade-labor link) a cuestiones puramente numéricas o arancelarias del libre comercio, como lo hace actualmente la Organización Mundial del Comercio, no hace sino restringir otra vía de acceso al desarrollo económico global. La acción de organizaciones internacionales gubernamentales (como la OIT) y no gubernamentales, aunada a la de los gobiernos que integran o proyectan integrarse a bloques económicos regionales será decisiva para alcanzar la “globalización” de los estándares laborales mínimos. Existen avances sustanciales en lo que respecta a los contactos entre grupos sindicales al interior de cada bloque regional, en los casos de países de América del Norte, del Mercosur y de Europa. Los contactos entre sindicatos y confederaciones o centrales sindicales se han multiplicado a la par de la proliferación de los proyectos formales de regionalización. El objetivo de estos contactos es lograr plataformas conjuntas de defensa de los intereses de los trabajadores en el contexto de la integración económica. Si bien los resultados han sido limitados, todavía es temprano para juzgar la “nueva” actividad sindical trasnacional, que en muchos casos se vislumbra como algo que se fortalecera en el mediano y largo plazos.
(2) Ian Robinson "¿Cómo afectará el Tratado de Libre Comercio a los trabajadores de América del Norte?” en Arteaga y Bensusán, Relaciones Industriales e Integración Regional en América del Norte. Ed. FLACSO, México, 1996, p. 159.
(3) Ma Tere Gutierrez Haces, p. 76 "Sindicatos y trabajadores frente a los proyectos de Libre Comercio e integración regional" en Graciela Bensusán (coord.), Las relaciones laborales y el TLCAN. Ed UAM-A/FLACSO. México, 1992.
(4) Raymond Vernon “El rol de las trasnacionales en una zona de libre comercio en el Hemisferio Occidental” Documento de Trabajo sobre el Comercio en el Hemisferio Occidental. No. 7. BID-CEPAL, septiembre de 1992. 54 p.
(5) Véase Gary S. Fields “Labos Standards, economic develpment and international Trade” en Labor Standards and Development in the global ecomomy, U.S. Department of Labor, Washington, 1990, pp. 19-33.
(6) . En su visita de fines de noviembre de 1996 a Asia, el presidente Ernesto Zedillo se opuso enérgicamnente a unir la cuestión laboral con la agenda comercial. Como explicó en una junta posterior el Secretario de Comercio Herminio Blanco, "México no comparte esa posición y así lo ha hecho saber, debido a que los derechos laborales pueden convertirse, como ha ocurrido con el medio ambiente, en pretextos para justificar prácticas proteccionistas". Este tipo de declaraciones no dejan lugar a dudas en lo que respecta a la posición del gobierno mexicano. La Jornada "México no incluirá el tema laboral en la agenda comercial", 8-nov-1996, p. 45.