El Defensor del Pueblo Jorge Santistevan de Noriega anunció ayer a El Comercio que el jefe de la ONPE José Portillo Campbell le ha ofrecido investigar "hasta las últimas consecuencias" una grave denuncia según la cual el movimiento oficialista Perú 2000 habría falsificado alrededor de un millón de firmas para inscribirse como partido político ante el JNE. La falsificación se habría llevado a cabo diariamente, por unas cuatrocientas personas trabajando en tres turnos durante el mes de noviembre, en un edificio de Bellavista.

Disponían de copias de actas de votación de las elecciones municipales de 1998, de las cuales copiaban los nombres, libretas electorales y firmas. Testigos han implicado al regidor oficialista Luis Navarrete y a personal de seguridad de la notaría del congresista Medelius. Santistevan presentó ayer a la ONPE detalles de testimonios recibidos a partir de una denuncia de Transparencia, apoyada por el Centro Carter y el Instituto Nacional Demócrata, y de materiales proporcionados por El Comercio.  

Luego de recibir cartas de Transparencia y el Centro Carter, la Defensoría del Pueblo obtuvo comprometedores testimonios grabados y datos sobre una masiva falsificación de firmas para inscribir el movimiento oficialista Perú 2000, el grupo político que presentó más de dos millones de firmas ante el JNE.

El principal testimonio que recogió la defensoría es el de una persona que habría sido testigo en esa labor, la misma que aseguró que la falsificación de firmas se realizó en dos momentos y en dos lugares diferentes el año pasado.

Según testigos, la primera etapa se desarrolló en agosto, en la vivienda de Luis Navarrete Santillán, regidor oficialista de la Municipalidad de Lima, ubicada en residencial La Unión, manzana E, lote 15, San Martín de Porres. Aquí el trabajo duró poco tiempo -apenas tres semanas- y en él participaron unas 15 personas que eran supervisadas por Consuelo Santillán, la madre del regidor.

En otros lugares, de acuerdo a la fuentes, se desarrollaban similares trabajos. La segunda fase, siempre según la versión, se organizó en un edificio ubicado en la calle Ricardo Palma 371, en Bellavista, a unos 200 metros de la notaría Medelius, de propiedad del congresista oficialista Óscar Medelius Rodríguez. Fue aquí donde se desarrolló la mayor parte de la labor, que duró cerca de un mes y en la que participaron unas 450 personas. Según el testigo, la supervisión y la seguridad del trabajo en el edificio de Bellavista estaban a cargo de tres hombres a quienes se identificó por sus apelativos y aseguró que trabajaban en la notaría Medelius. Estas personas eran conocidas como "Jaque", "Lobo" y "Chino". De acuerdo al testimonio, todos los que se encargaron de falsificar las firmas fueron convocados el primer día en la esquina de la mencionada notaría, en donde fueron recibidos por estas tres personas. Ellos mismos los llevaron hasta el edificio de Bellavista, en donde el testigo asegura que se realizó el fraude.

Una investigación de este Diario ha comprobado que, en efecto, "Jaque", "Chino" y "Lobo" laboran en esa notaría. Uno de ellos, el conocido como "Jaque", fue identificado por El Comercio como Ramón Jaime Vicente Pérez, quien se desempeña como jefe de seguridad de la notaría del congresista. Ramón Jaime Vicente y el conocido como "Chino" fueron también fotografiados en la notaría del congresista. Según la declaración, el predio donde se realizó la operación contaba con dos cámaras de video que vigilaban el ingreso, la permanencia y la salida de los falsificadores, quienes ocupaban el tercero, cuarto y quinto pisos.

Otro de los personajes que habría convocado a gente de su entorno para falsificar firmas es Migdóneo Bellota Viera, actual regidor de la Municipalidad de Los Olivos, en la que preside la comisión de transportes.

Bellota Viera, sullanense de 48 años, ha sido subsecretario de la organización nacional del Partido Aprista.

El testigo relató que se les entregaba copias de planillones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de las elecciones municipales de 1998, en las que figuraban los nombres y apellidos, números de libretas electorales, firmas y huellas digitales de los votantes en esos comicios. Según su declaración, su trabajo consistía en copiar los datos de esas personas en la lista de adherentes de la agrupación Perú 2000 y luego falsificar sus firmas. La labor se llevaba a cabo en 15 mesas repartidas en tres pisos del edificio de cinco pisos. En cada una de ellas se colocaban diez personas a quienes se les entregaba unos cincuenta lapiceros de diferentes colores y marcas, algodón, alcohol y un tampón.

El testigo explicó que para registrar a un iletrado, las personas convocadas colocaban sus propias huellas digitales, pero moviendo el dedo con el propósito de dispersar la tinta del tampón e impedir la identificación de la huella. En algunos casos los falsificadores varones utilizaban el dedo meñique para simular el registro de una huella de mujer.

Cada supervisor entregaba a los responsables de mesa un lote de planillones de la ONPE y otro lote de la lista de adherentes de Perú 2000. Según el testigo, diariamente cada empleado falsificaba entre 100 y 150 firmas en las listas de adherentes de la alianza oficialista. Dijo que él llegaba a falsear unas 300 firmas al día. Había tres turnos diarios de ocho horas cada uno, durante los que laboraban alrededor de 150 personas.

El primer turno empezaba a las 7 a.m. y concluía a las 3 p.m.; el segundo era de 3 p.m. a 11 p.m.; y el tercero, desde las 11 p.m. hasta las 7 a.m. del día siguiente. Las ventanas del edificio fueron forradas con papel de embalaje para evitar que en la madrugada las luces molestaran a los vecinos del lugar.

El 18 de febrero pasado Transparencia le pidió al defensor del pueblo, mediante una carta, que solicitara los disquet y planillones de inscripción de las diferentes agrupaciones con la finalidad de revisar y verificar la autenticidad de las firmas presentadas. Las dudas de Transparencia, según su secretario técnico, Rudecindo Vega, partieron de un testimonio recibido el mismo día.

Transparencia entregó al defensor, Jorge Santistevan de Noriega, la transcripción del testimonio así como fotografías y cintas grabadas, además de una gran cantidad de detalles que sustentan la versión del fraude. En su carta, Vega dijo estar seguro de contar con la intervención de la Defensoría del Pueblo, considerando que una acusación como ésta pone en tela de juicio la limpieza del próximo proceso electoral.

Ello, justificó, plantea la necesidad de que los planillones con los que se inscribieron todas las fuerzas políticas para estas elecciones sean revisados. Asimismo, ofreció su colaboración para la verificación, en base a estándares internacionalmente aceptados, de la autenticidad de las firmas presentadas.

El testigo comentó que en forma planificada los tres turnos también inventaban nombres, apellidos, libretas electorales y firmas de personas inexistentes, que los supervisores denominaban "basurín". Este lote era hecho adrede para que fuera depurado por la ONPE y así no levantar sospechas respecto de las otras firmas falsificadas, pero pertenecientes a personas que sí existían.

Según la declaración, había especial cuidado con los desechos que se acumulaba durante el día. Ésta era colocada en bolsas que luego eran recogidas en la mañana por la persona conocida como el "Chino", de quien el testigo dijo que trabajaba en la notaría Medelius.

El testigo recordó que desde el primer día en que llegaron a trabajar, "Jaque", "Lobo" y el "Chino", los supervisores del local les advirtieron que no debían contar nada a nadie. "Todo debía mantenerse en reserva, por su propia seguridad", dijo.

Señaló que salían a almorzar en grupos a partir del mediodía a un restaurante y a una casa familiar ubicados a pocos metros de la notaría Medelius, donde normalmente acuden a almorzar sus empleados.

Relató que el trabajo terminó sin aviso alguno. Un día encontraron el local cerrado. Se reunieron en la esquina de la notaría y esperaron a "Jaque". Cuando éste salió les dijo que regresaran al siguiente día, pero que lo esperaran en el edificio donde habían trabajado.

Cuando regresaron encontraron que las oficinas de trabajo habían sido desmanteladas. Ya no estaban las mesas ni había rastros de la falsificación. El propio "Jaque" les pagó su sueldo semanal. Cinco días después (el 9 de diciembre) Perú 2000 se inscribió en el Jurado Nacional de Elecciones y quedó expedito para participar en los comicios del próximo 9 de abril.

El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales y el Centro Carter mostraron su preocupación ante el Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, por la integridad física del declarante "a partir del momento en que estos hechos sean dados a conocer oficialmente". En una carta dirigida el 18 de febrero pasado a Santistevan, Luis Fernando Nunes y Barry Levitt, director del proyecto y director de análisis político, afirmaron haber recibido el testimonio de un ciudadano peruano (a pedido personal de éste) que expuso "una serie de hechos y situaciones que, de ser ciertos, comprometerían altamente el proceso electoral".

En la misiva, ambos observadores internacionales refieren que, debido a que su status no está claramente definido en las leyes peruanas, ponen los documentos y declaraciones del testigo en poder del defensor del pueblo para que sea un ciudadano con todos sus derechos y deberes o un observador nacional el que tome las medidas pertinentes del caso.

"Creemos que la misma (se refiere al testimonio) debe ser investigada hasta las últimas consecuencias y con las responsabilidades a que hubiera lugar", afirman, tras agregar que están a disposición de los organismos competentes para certificar las declaraciones.

Un hecho que pareciera atacar la hipótesis de que centenares de miles firmas de respaldo a Perú 2000 fueron falsificadas es que el actual mandatario no necesitaba buscar más adhesiones para volver a postular a la presidencia.

En efecto, tanto Cambio 90 como Nueva Mayoría y Vamos Vecino, tres de las cuatro agrupaciones que integran la Alianza Perú 2000 que lo postula, tienen su inscripción hábil ante el Jurado Nacional de Elecciones. Estas tres organizaciones hubieran podido inscribir una alianza que postulara a Fujimori y llamarla Perú 2000 sin necesidad de inscribir un cuarto movimiento ante el JNE que llevara esa denominación.

Así las cosas, ¿por qué darse el trabajo de falsificar millares de firmas para inscribir a un cuarto socio innecesario? ¿Por qué reunir a más de cuatrocientas personas para imitar las firmas, corriendo el riesgo de que alguien tuviera el valor suficiente para contarlo?

La explicación es que tradicionalmente el oficialismo enfrentó sus compromisos electorales con una nueva organización.

Luego del primigenio Cambio 90, creó en 1993 Nueva Mayoría, en 1995 la alianza Cambio 90-Nueva Mayoría y, finalmente, para las elecciones municipales de 1998, Vamos Vecino. Y no lo hizo por capricho. Así se sacudía de compromisos políticos anteriores, promovía a nuevas figuras, desarmaba núcleos de poder dentro de los grupos antiguos y, en fin, dejaba el terreno limpio para continuar el más tradicional verticalismo.

Ahora Perú 2000 no tiene nada que pedirle al resto de los grupos que forman la alianza que apoya a Fujimori, y Absalón Vásquez emerge como nuevo jefe sin estar en desventaja frente a otros líderes del fujimorismo.

Para darse este lujo es que se habría falsificado más de un millón de firmas, presentándolas ante el JNE a la increíble velocidad de 45 mil por día.

¿Por qué tantas? De acuerdo a nuestras fuentes, porque había fallado el inicial proceso de falsificación de firmas. Se había hecho muy pocas, y mal. Ante la necesidad de reponerlas, se fundó una fábrica.

Todo lo cual, de ser plenamente comprobado (cabe la posibilidad de que no todas las firmas falsificadas hayan sido presentadas), no sólo demostraría la imperfección de los mecanismos de control electoral, sino también que un sector del Gobierno tiene confianza ciega en su impunidad.

El Comercio consiguió el testimonio grabado de un alto funcionario del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien pidió que su nombre no fuera hecho público. Él declaró que, si bien no recordaba las cifras exactas, calculaba que "en los meses previos a que el Movimiento Nacional Independiente Perú 2000 consiguiera su inscripción, entregaron entre dos millones y dos millones y medio de firmas".

Ello coincide con los datos contenidos en un cuadro consolidado preparado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al que El Comercio tuvo acceso (ver recuadro de la página a1), en el que se detalla la fecha y el número de firmas entregadas.

La verificación de la autenticidad de los planillones significó un recargo de trabajo para los trabajadores del JNE, informó también esta fuente.

Señaló además que, de los últimos movimientos que solicitaron ser inscritos por el JNE, Perú 2000 fue el único que alcanzó las firmas necesarias para participar en la contienda electoral.

El proceso de inscripción del Frente Nacional Independiente Perú 2000 empezó recién el 26 de agosto de 1999, unos cien días antes de la fecha límite, cuando el secretario general de dicha agrupación, José Daniel Chuan Cabrera, y la personera legal, Carmen Cira Montero Valdiviezo, hicieron la solicitud ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Para ello entregaron 60.344 planillones y 86 disquetes (43 originales y 43 copias) que contenían 601.485 firmas de adherentes, como manifiesta la resolución 1403-99 del JNE. De este primer lote de firmas la ONPE sólo declaró válidas 94.847. El 7 de octubre esta organización llevó un nuevo lote de 319.009 firmas más.

Aquí sólo se halló 37.803 válidas. En suma, del primer millón de firmas sólo resultaron hábiles 132.650. Esto habría obligado a tomar medidas drásticas.

Entre el 4 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado, periodo en el que se habría realizado la falsificación de firmas, la agrupación oficialista presentó 1"263.148 rúbricas más. Tendría que haber recolectado 50.000 firmas diarias para alcanzar esa cifra en un mes.

Según el documento de la ONPE, en un lapso de 27 días la agrupación hizo 15 entregas de unas 84 mil firmas cada una (en promedio).

Gracias a este ritmo de entrega consiguieron su registro provisional ante el Jurado Nacional de Elecciones el 9 de diciembre, en un tiempo récord y cuando las personas que no habían dado su rúbrica a alguna lista escaseaban.

En la resolución número 1961-99-JNE, que concede esta inscripción, se dice que "la cantidad de adhesiones válidas alcanzadas es de 503.870", superando así las 496.847 que exige la ley.

El 15 diciembre por resolución N 1987-99-JNE obtiene la inscripción definitiva.

Ambos testimonios -el del funcionario del JNE y el documento de la ONPE- corroboran, de esta manera, la versión vertida por uno de los testigos.

El congresista oficialista Óscar Medelius y los regidores Luis Navarrete Santillán y Migdóneo Bellota se negaron a brindar su versión respecto de su presunta vinculación con la falsificación de firmas de Perú 2000, cuando fueron requeridos por El Comercio.

En horas de la mañana, Medelius se comprometió a conceder una entrevista, pero no llamó para confirmar la hora y el lugar, pese a los insistentes requerimientos telefónicos de este Diario.

Por su parte, Navarrete y Bellota mostraron habilidades cinematográficas para evitar ser entrevistados. Cuando un periodista de El Comercio llegó hasta su casa, un familiar de Navarrete dijo que éste no se encontraba, pero minutos después el regidor fue sorprendido cuando salía por la parte posterior de su domicilio. El reportero llamó al teléfono celular de Navarrete, quien al contestar la llamada lo citó en la Municipalidad de Lima, donde le dijo que lo atendería.

El periodista esperó varias horas hasta que la secretaria de Navarrete le dijo que el regidor no lo podría atender en ese momento, pero que lo llamaría en horas de la tarde, lo que nunca ocurrió, pese a las insistentes llamadas a su despacho.

Bellota Viera, quien ha sido mencionado por el testigo como otro de los captadores de falsificadores de firmas, llegó muy tranquilo a las 10:30 a.m. a la Municipalidad de Los Olivos, donde es regidor. En la puerta fue abordado por dos miembros de seguridad y el director de Rentas, de apellido Jáuregui, quienes lo pusieron al tanto de la presencia de los periodistas. Bellota dio órdenes para que impidieran que los periodistas se le acercaran y se dirigió a la sala de regidores. Cinco minutos después salió corriendo, se metió a la oficina de Administración y se escapó por la parte posterior del local municipal. El periodista de El Comercio dejó a la secretaria de Bellota los números telefónicos del Diario, pero Bellota nunca llamó.

No es la primera vez que personal vinculado con la notaría del congresista Óscar Medelius Rodríguez se ve involucrado en extraños hechos relacionados con el proceso electoral del 9 de abril.

En julio de 1998, cuando la ONPE se encontraba en la plena verificación de las firmas que había presentado el Foro Democrático para que la ley de la reelección del presidente fuera sometida a referéndum, un ciudadano llamado Daniel Alcázar Gómez presentó una impugnación contra ese proceso.

La solicitud fue elevada por la ONPE al Jurado Nacional de Elecciones que semanas después declaró infundado ese pedido. El escándalo estalló cuando un reportaje de la televisora ATV descubrió que el desconocido Daniel Alcázar Gómez trabajaba en la notaría del congresista Medelius. Alcázar fue filmado y entrevistado en esa notaría por el periodista, quien previamente había pedido a una de las secretarias que lo comunicara con Alcázar. Puesto al descubierto, éste se negó a hablar y huyó.

En noviembre de 1999, un jubilado llamado Diego Quijano Casas registró como suyo ante Indecopi el eslogan "Perú, país con futuro", usado profusamente por el Gobierno en todo el país. Cuando el Consejo de Ministros quiso registrar ese lema en Indecopi a su nombre, encontró que Quijano ya se le había adelantado. Lo curioso es que después de esto, Quijano presentó un oficio desistiendo de su pedido, dejando libre el paso a la solicitud presentada por el Gobierno.

Encontrado por la revista "Caretas", Diego Quijano declaró haber sido asesor del congresista Medelius, quien negó toda vinculación con Quijano. "El único asesor que yo tengo soy yo", dijo.

Encontrado por El Comercio, Edgardo Gamarra, propietario del edificio donde se copiaron las firmas de Perú 2000, dijo que alquiló el tercer, cuarto y quinto pisos de su inmueble, pero que desconocía qué era lo que se hacía en esos ambientes. Él y su familia viven en el primer y segundo pisos. El dueño no quiso decir a quién o a quiénes alquiló los tres pisos de su inmueble. Gamarra es propietario de tres firmas, llamadas Gambell Cargo Service, Indesmar y Centromar, dedicadas a brindar servicios de investigación de mercado, asesoría y consultoría a empresas y organismos del sector marítimo, aduanero y de transporte multimodal para operadores de comercio exterior.

Tiene convenios con entidades del Gobierno, como la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), la Corporación Peruana de Aviación Comercial (Córpac) y también con Indecopi. El local de sus empresas está ubicado en la calle Ricardo Palma 127, en nBellavista, a dos cuadras del edificio donde se adulteraron miles de firmas.

El hasta ahora poco conocido Luis Alejandro Navarrete Santillán es uno de los hombres clave en la inscripción del movimiento oficialista Perú 2000 y en el cumplimiento de las directivas del ingeniero Absalón Vásquez, conocido en esa agrupación como "El Jefe".

Navarrete Santillán, natural de Moyobamba, San Martín, ingresó a la esfera gubernamental por su vinculación con el ex ministro de la Presidencia Tomás Gonzales Reátegui, también del departamento de San Martín.

De acuerdo con fuentes consultadas por El Comercio, Luis Navarrete, un técnico de sistemas captado por Absalón, tiene acceso a los bancos de datos de entidades gubernamentales como Cofopri, donde existe información actualizada de unos 800 mil titulares de predios de zonas populares, o a las direcciones de rentas de las municipalidades de Vamos Vecino, donde se puede obtener información de los contribuyentes. Estos datos habrían sido empleados en una primera etapa para llenar listas de adherentes al movimiento Perú 2000 con firmas presuntamente falsificadas.

Asistente de "El Jefe"

En 1997 Navarrete se desempeñaba como asistente del entonces personero nacional de Vamos Vecino, Edgar Añamuro Rodrigo, ahora candidato por Perú 2000 con el número 46. En 1998 asumió el cargo de regidor por Vamos Vecino en la Municipalidad de Lima, donde según los funcionarios ediles consultados "Navarrete pasa desapercibido".

Sólo integra una comisión de regidores en el tema de transporte. Ese aparente perfil bajo de Navarrete le ha permitido hasta ahora cumplir una función estratégica que debía pasar desapercibida: ser el ejecutor de las directivas del número uno de Perú 2000, Absalón Vásquez.

Pintas 2000

La participación de Navarrete como personaje ejecutor de directivas de Absalón también involucraba la coordinación y realización de pintas proselitistas. En una primera etapa, durante la segunda semana de diciembre último, se encargó de las pintas de "Perú, País con Futuro" con el propósito de acaparar las paredes de la ciudad.

Con el nuevo año el trabajo de pintas fue reanudado y los equipos de pintores organizados por el regidor oficialista operaban en distritos como Cercado de Lima, Breña y San Luis, entre otros. La faena consistía en pintar sobre la frase "País con Futuro" el número 2000, de tal manera que el lema final era "Perú 2000". Otras pintas efectuadas en este período eran "Fujimori Presidente" y "Perú 2000, marca así". Según uno de los participantes, Navarrete detuvo este proceso en la segunda semana de febrero, pues "había presiones de la prensa". La nueva convocatoria es para las pintas de algunos congresistas oficialistas.

El material utilizado por los equipos de pintores organizados por Navarrete es guardado en un local alquilado que está a unos 300 metros de la casa del regidor.