La inequidad
presente en Venezuela, con índices de pobreza que
afectan a mas del 70% de la población, es la mayor
amenaza contra la gobernabilidad democrática y si bien
todas las encuestas de opinión reflejan la preferencia
de la mayoría por el régimen de libertades ciudadanas,
un porcentaje cada vez más elevado expresa su
frustración e insatisfacción que se traduce en rechazo
a los partidos políticos, y en general, a las
instituciones públicas. El desprestigio y la escasa
credibilidad que afecta a los partidos sin excepciones y
la imposibilidad de concebir un sistema democrático sin
la existencia de organizaciones político-partidistas,
obliga a una sincera y genuina autocrítica que nos
permita emprender las rectificaciones que derroten esa
inequidad hoy presente en nuestro país. Acción
Democrática, convoca a todos los sectores de la vida
nacional, partidistas y no partidistas, a un gran Acuerdo
que permita construir un nuevo modelo de país. |
Es obligante reconocer que
los ajustes macroeconómicos se plantearon sin diseñar
simultáneamente programas sociales. En el caso
venezolano se pusieron en práctica sin que el Estado
tuviera la capacidad de hacerlos llegar eficientemente a
los sectores realmente necesitados. Se ha determinado que
mientras un 48% de la población pobre no recibe ninguna
asistencia, un 43% se beneficia de hasta cuatro o mas
programas. El gran error ha sido separar lo económico de
lo social y la tendencia actual en todos los organismos
internacionales es hablar de problemas y programas
socioeconómicos. Venezuela es parte de un subcontinente
en el que cada año mueren 600.000 niños por ser pobres.
La mortalidad infantil en Venezuela se ha reducido en los
últimos cincuenta años, pero desde hace una década es
evidente el deterioro físico e intelectual de esos
niños que no murieron en su primer año de vida.
Mientras los de los estratos altos tienen una talla
promedio a los siete años de edad de 1,21 mt., los de
los estratos pobres apenas alcanzan 1,14 mts. Estos
efectos devastadores de la desnutrición no sólo se
reflejan en la talla sino en la capacidad intelectual de
esos niños para aprender, es decir que desde la infancia
están condenados a ser pobres para siempre. Venezuela es
el país de América Latina con menor capacidad para
ejecutar los préstamos de los organismos internacionales
en el área social. Nuestro problema mas que de falta de
recursos es de incapacidad para invertirlos
eficientemente. En 1989 el 85% del gasto social lo
ejecutaba el gobierno central. En la actualidad el 70% lo
sigue administrando el gobierno central, y un 30% ha
pasado a gobernaciones y alcaldías. Se estima que esas
transferencias irán en aumento por lo que la gente va a
reclamar mayor eficiencia en los gobiernos estadales y
locales para distribuir esos recursos. No se puede
ignorar y mucho menos desechar la cooperación de las
Organizaciones No Gubernamentales en el esfuerzo de una
mejor distribución sino, por el contrario, estimularla e
incrementarla. La Organización de Naciones Unidas ha
constatado el fracaso en mas de 180 países, de lo que se
llamó el "efecto derrame" de los programas de
ajuste macroeconómicos. Es decir que el crecimiento
económico derramaría bienestar sobre toda la
población. En esos 180 países el crecimiento económico
no ha logrado mejorar los índices de pobreza. Los
países que han progresado en los últimos 40 años son
los que han invertido en capital humano: salud,
educación, empleo y vivienda y los que han desarrollado
el sector agrícola y la pequeña y mediana industria.
Estamos a las puertas del siglo XXI, la producción va a
estar basada en educación y conocimientos, los países
que tengan habitantes mas preparados serán los únicos
capaces de competir. Los otros se harán inhabitables por
efecto de la marginalidad, la turbulencia social y el
crimen. Solo los países que invierten en educación han
logrado disminuir las tasas de criminalidad, porque la
educación posibilita el acceso a mejores empleos y
contribuye a consolidar la institución familiar. Es en
la pobreza y en la disolución familiar en donde se
nutren la criminalidad. Y la pobreza no es solo hambre,
imposibilidad de acceder a la educación y al empleo,
enfermedad e insalubridad sino también alcoholismo,
drogadicción, prostitución y crimen, degradación
social. Hoy existe el reconocimiento universal a que si
bien el Estado paternalista no funcionó, la supresión
del papel de Estado en diferentes áreas de la economía
y de la sociedad, tampoco ha funcionado. Es
imprescindible que el Estado se fortalezca para asumir el
papel de promotor de la igualdad de oportunidades, de la
equidad. Según cifras del Fondo Monetario Internacional
el gasto social venezolano en 1995 recibió los
siguientes porcentajes del Producto Nacional Bruto:
Educación 3.67%, Salud 0.99%, Vivienda y Desarrollo
Habitacional 0.77%, Programas Sociales 1.45%, Seguridad
Social 1.01%, para un total de 7.89 % mientras los
auxilios financieros aportados por el Estado en 1994
alcanzaron un 13% del P.N.B. Hoy estamos invirtiendo en
educación apenas el 43% de lo que invertíamos hace 20
años y esto tiene un alto costo no solo económico sino
social y político. Todos los programas de gobierno de
estos últimos cuarenta años han señalado que la
educación es su prioridad pero no se han determinado las
metas concretas: aumentar el calendario escolar a no
menos de 200 días, eliminar el medio turno que causa
estupor en especialistas extranjeros que nos visitan,
incrementar el gasto en la educación pre-escolar y
básica, acercar el sector universitario a los sectores
productivos, lograr que las universidades públicas y las
privadas se complementen, que las universidades pasen de
pasivas a activas y de receptoras a promotoras, que se
haga énfasis en el aprendizaje y no en la enseñanza.
Debemos reconocer que nuestra educación se ha hecho
regresiva porque los pocos que entran aprenden menos y
que el analfabetismo es nuevamente un grave problema
nacional. Capacitar a los jóvenes para el trabajo es una
necesidad impostergable que obliga a revisar y reformular
las políticas del Estado en esta área y a incentivar
formas distintas de educación ocupacional como
transformar las empresas públicas y privadas en centros
de aprendizaje. A los índices y consecuencias patéticas
de la desinversión en educación, se suma la que
observamos en el área de la salud. La atención de este
derecho humano fundamental, garantizado por la
Constitución de la República, obtiene apenas el 1.1%
del producto interno bruto y solo el 5% del presupuesto
nacional de los dos últimos años. El 80% de ese
presupuesto se va en gastos de personal, 12% en insumos,
1% en equipos, 1% en inversión, 4% en transferencia y 2%
en emergencias. El gasto en salud, ya de por sí exiguo y
mal distribuido, se destina en su mayor parte a lo
curativo asistencial, se desestima la prevención, y no
se contemplan enfermedades de alto costo como las
renales, cardiovasculares, el SIDA, la diabetes, ni las
terapias intensivas. Esta medicina de alto costo requiere
de fondos especiales. El colapso de nuestro sistema de
salud obliga a repensar este servicio que es de los
primeros deberes constitucionales del Estado, para
dirigir el énfasis hacia la prevención y la medicina
ambulatoria y reformar la actual estructura hospitalaria
ofreciéndole autonomía funcional y administrativa. Debe
incluirse como materia importante del Acuerdo Nacional
garantizar un sistema de seguridad social que sea
universal, solidario, integral, eficiente y
autofinanciado. Redimensionar el Estado, fortalecerlo,
revaluarlo significa enfrentar sin prejuicios ni dogmas
el tema de las privatizaciones, partiendo de la
convicción de que la mas básica de todas las empresas
tiene que ser la gente, las personas, la sociedad.
Estamos obligados a construir un servicio civil
eficiente, mejor preparado pero también mejor
remunerado, y a que la reforma judicial pase de palabras
a hechos. Hacer que un Estado sea gobernable nos obliga a
reconocer que mientras más bajo es el nivel de bienestar
más bajo es también el nivel de adhesión a la
democracia, a los partidos y en general a todas las
instituciones públicas. No se puede pensar en un estado
gobernable si este es, un estado dual, dos países en
uno: uno moderno, próspero, petrolero, con acceso a
todos los bienes de uso y de consumo, con acceso a todas
las tecnologías y otro atrasado, pobre, y enfermo. Somos
y seremos por mucho tiempo, un país petrolero pero el
petróleo no puede por si solo garantizar el desarrollo y
fijar todas nuestras expectativas en el petróleo ha sido
un factor de distorsión económica, social y cultural.
Estamos obligados a redefinir el papel que debe tener el
ingreso petrolero en nuestro desarrollo económico y
reconocer la necesidad de abrir nuevas perspectivas como
la industria del gas natural y la petroquímica.
Proponemos además, intensificar la industrialización de
los hidrocarburos que hasta ahora se ha desarrollado en
forma insuficiente. Proponemos vincular al sector
petrolero con la sociedad lo que significa que el ingreso
petrolero debe tener como objetivo prioritario el
desarrollo social y económico. Combatir la inflación es
una forma de combatir la pobreza y ello nos obliga a
reducir el endeudamiento externo e interno, ya que
tenemos presupuestos confiscados. Reducir las altas tasas
impositivas pero también las exoneraciones y exenciones
discrecionales que afectan el ingreso fiscal. No
postergar las reformas por la ilusión recurrente del
repunte del ingreso petrolero y pensar seriamente en
crear el Fondo de Estabilización Macroeconómica con los
excedentes del ingreso petrolero estimado y reforzar el
Fondo de Rescate de la Deuda. Generar riqueza significa
además, desarrollar el nivel primario de la Economía
por intermedio del sector agrícola y de la Pequeña y
Mediana Empresa en cuyo incentivo deben tener papel
determinante las gobernaciones de Estado y las
Alcaldías. Un Estado democrático gobernable se logra
también si el liderazgo político comprende el desafío
de las nuevas tecnologías de las comunicaciones.
Comunicar, saber qué comunicar y cómo hacerlo no es
cuestión de propaganda sino que debe ser una estrategia
de cualquier proyecto de programa de gobierno. Un Estado
moderno y los partidos modernos están obligados a trazar
estrategias frente a la globalización del mensaje.
Entender que la escuela sin computadoras forma a personas
para el siglo pasado y no para el venidero y que
gobernantes de cualquier nivel sin acceso ni comprensión
de las nuevas tecnologías, también pertenecen al
pasado. Debemos estar preparados para las grandes
ventajas que podemos obtener de la revolución
tecnológica y mediática y también para enfrentar los
graves peligros que ella encierra si se la usa como
instrumento de colonización intelectual, de destrucción
de valores o perversión. La crisis de la gobernabilidad
democrática no solo deriva de las inequidades presentes
en nuestra sociedad, sino de la pérdida de confianza de
los ciudadanos en las instituciones públicas por su
dispersión, ineficiencia y por la escasa transparencia
en sus actuaciones. Es inaplazable la reorganización del
Estado y reinventar el gobierno. Pasar de un Estado
paternalista, hipertrofiado y disperso a un Estado
regulador, orientador y promotor del desarrollo social y
económico. Es imprescindible racionalizar el tamaño del
Estado pero fortalecerlo en su nueva dimensión con
instituciones eficientes y confiables. Profundizar la
descentralización para que llegue realmente al nivel
municipal y planificar con claros criterios
descentralizadores la construcción de obras públicas y
la prestación de servicios básicos cuya operación se
organice mediante sistemas de concesión y cogestión.
Recuperar la gobernabilidad democrática nos obliga a
garantizar el Estado de Derecho que ofrezca a los
ciudadanos equidad en el acceso a la justicia y a la
sociedad en general, una administración de justicia
autónoma, imparcial y honesta. Proponemos como bases del
Acuerdo las siguientes: La Reorganización del Estado en
búsqueda de la eficiencia y transparencia de la gestión
administrativa. Profundizar la descentralización hasta
el nivel municipal. Combatir la inequidad, cuyo aspecto
más dramático es la pobreza y garantizar la igualdad de
oportunidades, mediante la Inversión en Capital Humano:
Educación, Salud, Empleo, Vivienda, Salubridad, Cultura
y Recreación. Desarrollar el aparato productivo del
país en forma integral, con énfasis en el nivel
primario de la economía: sector agrícola, pequeña y
mediana industria, microempresas. Derrotar la inflación.
Hacer de la investigación científica y tecnológica una
política de Estado al reconocer su cualidad estratégica
para el desarrollo social y económico. Promover la
Seguridad Ambiental mediante la restauración de los
ecosistemas degradados de las Cuencas Hidrográficas.
Destinar recursos financieros, científicos y técnicos a
la armonización entre el desarrollo económico y la
preservación ecológica. Garantizar la Seguridad
Jurídica y la Seguridad Personal como elementos
indispensables del Estado de derecho y de una democracia
integral. Promover la participación Social y Comunitaria
en el entendido de que la democracia es un sistema que
garantiza derechos pero exige responsabilidades
individuales y colectivas. Transformar la Política
Exterior del País en instrumento para la realización de
nuestras estrategias y objetivos económicos, sociales y
culturales.