DECRETO
4828 DE 2008
(diciembre
24)
por
el cual se expide el régimen de garantías en la Contratación de la
Administración Pública.
El Presidente de
la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y,
en especial, de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política y por el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007,
DECRETA:
CAPITULO
I
Disposiciones
generales
Artículo 1. Campo
de aplicación. Las disposiciones del presente decreto regulan los
mecanismos de cobertura del riesgo en los contratos regidos por la Ley 80 de 1993 y la Ley
1150 de 2007, por medio de los cuales se garantiza el cumplimiento
de las obligaciones surgidas en favor de las entidades públicas con ocasión de
(i) la presentación de los ofrecimientos, y (ii) los contratos y de su
liquidación; (iii) así como los riesgos a los que se encuentran expuestas las
entidades públicas contratantes derivados de la responsabilidad
extracontractual que para ellas pueda surgir por las actuaciones, hechos u
omisiones de sus contratistas y subcontratistas, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, sin
perjuicio de las disposiciones especiales propias de cada uno de los
instrumentos jurídicos aquí previstos.
Las normas
contenidas en el presente capítulo son aplicables a todos los mecanismos de
cobertura del riesgo señalados en el presente decreto.
Parágrafo. El
presente decreto no contiene reglamentación sobre los riesgos a que se refiere
el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.
Artículo 2. Mecanismos
de cobertura del riesgo. Se entiende por mecanismo de cobertura del riesgo
el instrumento otorgado por los oferentes o por el contratista de una entidad
pública contratante, en favor de esta o en favor de terceros, con el objeto de
garantizar, entre otros (i) la seriedad de su ofrecimiento; (ii) el
cumplimiento de las obligaciones que para aquel surjan del contrato y de su
liquidación; (iii) la responsabilidad extracontractual que pueda surgir para la
administración por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o
subcontratistas; y (iv) los demás riesgos a que se encuentre expuesta la administración
según el contrato.
El mecanismo de
cobertura del riesgo es por regla general indivisible, y sólo en los eventos
previstos en el presente decreto, la garantía otorgada podrá ser dividida por
etapas contractuales.
Parágrafo. Cuando
el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de Unión
Temporal, Consorcio o Contrato de Asociación Futura, la garantía deberá ser
otorgada por todos los integrantes del proponente plural.
Artículo 3. Clases
de garantías. En los procesos de contratación los oferentes o contratistas
podrán otorgar, como mecanismos de cobertura del riesgo, cualquiera de las
siguientes garantías:
3.1 Póliza de seguros
3.2 Fiducia
mercantil en garantía
3.3 Garantía
bancaria a primer requerimiento
3.4 Endoso en
garantía de títulos valores
3.5 Depósito de
dinero en garantía.
Lo anterior, sin
perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la administración
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o
subcontratistas sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro.
El monto, vigencia
y amparos o coberturas de las garantías se determinarán teniendo en cuenta el
objeto, la naturaleza y las características de cada contrato, los riesgos que
se deban cubrir y las reglas del presente decreto.
En los procesos de
contratación, las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o
sucursal en Colombia podrán otorgar, como garantías, cartas de crédito stand by
expedidas en el exterior.
Artículo 4. Riesgos
a amparar derivados del incumplimiento de obligaciones. La garantía deberá
amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento o del
incumplimiento del contrato, según sea el caso, y que, de manera enunciativa se
señalan en el presente artículo:
4.1 Riesgos
derivados del incumplimiento del ofrecimiento:
La garantía de
seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del
ofrecimiento, en los siguientes eventos:
4.1.1 La no
suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
4.1.2 La no
ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el
término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue
o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue,
siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres meses.
4.1.3 La falta de
otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las
obligaciones del contrato.
4.1.4 El retiro de
la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las
propuestas.
4.1.5 La falta de
pago de los derechos de publicación en el Diario Unico de Contratación
previstos como requisitos de legalización del contrato.
4.2 Riesgos
derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales:
La garantía de
cumplimiento de las obligaciones cubrirá los perjuicios derivados del
incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista,
así:
4.2.1 Buen manejo
y correcta inversión del anticipo. El amparo de buen manejo y correcta
inversión del anticipo cubre a la entidad estatal contratante, de los
perjuicios sufridos con ocasión de (i) la no inversión; (ii) el uso indebido, y
(iii) la apropiación indebida que el contratista garantizado haga de los
dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la
ejecución del contrato. Cuando se trate de bienes entregados como anticipo,
estos deberán tasarse en dinero en el contrato.
4.2.2 Devolución
del pago anticipado. El amparo de devolución de pago anticipado cubre a la
entidad estatal contratante de los perjuicios sufridos por la no devolución
total o parcial, por parte del contratista, de los dineros que le fueron
entregados a título de pago anticipado, cuando a ello hubiere lugar.
4.2.3 Cumplimiento
de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago
de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato.
El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante
de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las
obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista
garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago
del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado
en el contrato garantizado.
4.2.4 Pago de
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El amparo de pago
de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrirá a la
entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté
obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratación del personal
utilizado para la ejecución del contrato amparado.
4.2.5 Estabilidad
y calidad de la obra. El amparo de estabilidad y calidad de la obra cubrirá a
la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia
de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su causa, sufridos
por la obra entregada, imputables al contratista.
4.2.7 Calidad y
correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. El amparo de
calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados cubrirá
a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista
garantizado, (i) derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los
bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas establecidas en el contrato, o (ii) por el incumplimiento de los
parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o equipo.
4.2.8 Calidad del
servicio. El amparo de calidad del servicio cubre a la entidad estatal
contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surjan
con posterioridad a la terminación del contrato y que se deriven de (i) la
mala calidad o insuficiencia de los productos entregados con ocasión de un
contrato de consultoría, o (ii) de la mala calidad del servicio prestado,
teniendo en cuenta las condiciones pactadas en el contrato.
4.2.9 Los demás
incumplimientos de obligaciones que la entidad contratante considere deben ser
amparados.
Parágrafo. En
virtud de lo señalado por el artículo 44 de la ley 610 de 2000, la garantía de
cumplimiento cubrirá los perjuicios causados a la entidad estatal como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable
a los particulares, derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre
y cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato amparado por la garantía.
Artículo 5. Cubrimiento
de otros riesgos. En adición a las coberturas de los eventos mencionados en
el artículo anterior, la entidad pública deberá exigir en los contratos de obra
y en aquellos en que por su objeto o naturaleza lo considere necesario, el
otorgamiento de pólizas de seguros que la protejan de las eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que
pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista.
Cuando en algunos
de los contratos de que trata el parágrafo anterior la entidad contratante
autorice previamente la subcontratación, se exigirá al contratista que en la
póliza de responsabilidad extracontractual se cubran igualmente los perjuicios
derivados de los daños que sus subcontratistas puedan causar a terceros con
ocasión de la ejecución de los contratos, o en su defecto, que acredite que el
subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual
propio para el mismo objeto.
Lo anterior sin
perjuicio de que la entidad contratante deba evaluar los demás riesgos a que
puede estar expuesta, en cuyo caso exigirá al contratista las demás garantías
que la mantengan indemne frente a esos eventuales daños.
Artículo 6. Cláusula
de indemnidad. En todos los contratos deberán las entidades incluir una
cláusula de indemnidad conforme a la cual, será obligación del contratista
mantenerlas indemnes de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga
como causa las actuaciones del contratista.
Artículo 7. Suficiencia de la garantía. Para
evaluar la suficiencia de la garantía se aplicarán las siguientes reglas:
7.1 Seriedad del
Ofrecimiento. El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento
(10%) del monto de las propuestas o del presupuesto oficial estimado, según se
establezca en los pliegos de condiciones, y su vigencia se extenderá desde el
momento de la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que
ampara los riesgos propios de la etapa contractual.
En el caso de
licitaciones para la concesión de espacios de televisión, el monto mínimo de la
garantía ascenderá al uno punto cinco por ciento (1.5%) del valor total
estimado del espacio licitado.
Cuando el presupuesto
oficial estimado se encuentre entre uno (1.000.000 smlmv) y cinco millones de
salarios mínimos legales mensuales vigentes (5.000.000. smlmv, exclusive, el
valor garantizado respecto de la seriedad del ofrecimiento podrá ser
determinado por la entidad contratante en el pliego de condiciones, en un
porcentaje que no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del presupuesto
oficial estimado.
Cuando el presupuesto
oficial estimado se encuentre entre cinco (5.000.000 smlmv) y diez millones de
salarios mínimos legales mensuales vigentes (10.000.000 smlmv), inclusive, el
valor garantizado respecto de la seriedad del ofrecimiento podrá ser
determinado por la entidad contratante en el pliego de condiciones, en un
porcentaje que no podrá ser inferior al dos punto cinco por ciento (2.5%) del
presupuesto oficial estimado.
Cuando el presupuesto
exceda de diez millones de salarios mínimos legales mensuales vigentes
(10.000.000 smlmv), el valor garantizado respecto de la seriedad del
ofrecimiento podrá ser determinado por la entidad contratante en el pliego de
condiciones, en un porcentaje que no podrá ser inferior al dos por ciento
(2.0%) del presupuesto oficial estimado.
La suficiencia de esta
garantía será verificada por la entidad contratante al momento de la evaluación
de las propuestas.
La no presentación de la
garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de rechazo
de esta última.
7.2 Buen manejo y
correcta inversión del anticipo. El valor de esta garantía deberá ser
equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a
título de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecución del contrato y,
su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.
7.3 Pago anticipado. El
valor de esta garantía deberá ser equivalente al ciento por ciento (100%) del
monto que el contratista reciba a título de pago anticipado, en dinero o en
especie, y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.
7.4 Cumplimiento. El
valor de esta garantía será como mínimo equivalente al monto de la cláusula
penal pecuniaria, y en todo caso, no podrá ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato. El contratista deberá otorgarla con una
vigencia igual al plazo del contrato garantizado más el plazo contractual previsto
para la liquidación de aquel. En caso de no haberse convenido por las partes
término para la liquidación del contrato, la garantía deberá mantenerse vigente
por el término legal previsto para ese efecto.
7.5 Pago de salarios,
prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El valor de esta
garantía no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor total del
contrato y deberá extenderse por el plazo del contrato y tres años más.
7.6 Estabilidad y
calidad de la obra. El valor de esta garantía se determinará en cada caso
de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas
en cada contrato. La vigencia no será inferior a cinco (5) años, salvo que la
entidad contratante justifique técnicamente la necesidad de una vigencia
inferior.
7.7 Calidad y correcto
funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. El valor de estas
garantías se determinará en cada caso de acuerdo con el objeto, el valor, la
naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato.
Su vigencia deberá
establecerse con sujeción a los términos del contrato, y deberá cubrir por lo
menos el lapso en que de acuerdo con la legislación civil o comercial, el
contratista debe responder por la garantía mínima presunta y por vicios
ocultos.
7.8 Calidad del
servicio. El valor y la vigencia de estas garantías se determinarán en cada
caso de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones
contenidas en cada contrato.
7.9 Responsabilidad
extracontractual. El valor asegurado en las pólizas que amparan la
responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la
administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas o subcontratistas, no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%)
del valor del contrato, y en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos
mensuales legales vigentes (200 smlmv) al momento de la expedición de la
póliza. La vigencia de está garantía se otorgará por todo el período de
ejecución del contrato.
En el evento en que se deban
amparar otros riesgos, la suficiencia de la garantía deberá fijarse por la
entidad contratante, teniendo en cuenta el objeto del contrato y la naturaleza
de tales riesgos.
Artículo 8. Excepciones
al otorgamiento del mecanismo de cobertura del riesgo. Las garantías no
serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos,
en los de seguro, y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento
(10%) de la menor cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual corresponderá
a la entidad contratante determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la
naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago.
La entidad estatal podrá
abstenerse de exigir garantía de seriedad de la oferta para participar en
procesos cuyo objeto sea la enajenación de bienes, en procesos de subasta
inversa para la adquisición de los bienes y servicios de características
técnicas uniformes y de común utilización, así como en los concursos de mérito
en los que se exige la presentación de una propuesta técnica simplificada.
Artículo 9. Excepciones
al principio de indivisibilidad de la garantía. En los contratos de obra,
operación, concesión y en general en todos aquellos en los cuales el
cumplimiento del objeto contractual se desarrolle por etapas subsiguientes y
diferenciadas o cuya ejecución en el tiempo requiere de su división en etapas,
la entidad podrá dividir la garantía, siempre y cuando el plazo del contrato
sea o exceda de cinco (5) años. En este caso, el contratista otorgará garantías
individuales por cada una de las etapas a ejecutar.
La garantía así
constituida deberá tener por lo menos la misma vigencia del plazo establecido
en el contrato para la ejecución de la etapa correspondiente. En el evento en
que el plazo de ejecución se extienda deberá prorrogarse la garantía por el
mismo término.
Los riesgos cubiertos
serán los correspondientes al incumplimiento de las obligaciones que nacen y
que son exigibles en cada una de las etapas del contrato, incluso si su cumplimiento
se extiende a la etapa subsiguiente, de tal manera que será suficiente la
garantía que cubra las obligaciones de la etapa respectiva.
Los valores garantizados
se calcularán con base en el costo estimado de las obligaciones a ejecutar en
la etapa respectiva.
El valor base de los
amparos durante la etapa de operación y mantenimiento, será el valor anual
estimado de las prestaciones del contratista durante dicha etapa. Estos amparos
podrán otorgarse por períodos sucesivos de uno (1) a cinco (5) años, con la
obligación de obtener la correspondiente prórroga o una nueva garantía, con
anticipación al vencimiento del plazo de la misma.
Antes del vencimiento de
cada una de las etapas contractuales, el contratista está obligado a prorrogar
la garantía de cumplimiento o a obtener una nueva garantía que ampare el
cumplimiento de sus obligaciones para la etapa subsiguiente. En todo caso, será
obligación del contratista mantener vigente durante la ejecución y liquidación
del contrato, la garantía que ampare el cumplimiento. En el evento en que el
garante de una de las etapas decida no continuar garantizando la etapa
siguiente, deberá informarlo por escrito a la entidad contratante con seis
meses de anticipación a la fecha de vencimiento de la garantía correspondiente.
En caso contrario, el garante quedará, obligado a garantizar la siguiente
etapa.
En caso de que el
contratista incumpla la obligación de prorrogar u obtener la garantía para
cualquiera de las etapas del contrato, la entidad deberá prever en el mismo, el
mecanismo que proceda para restablecer la garantía, sin que se afecte la
garantía expedida para la etapa, en lo que tiene que ver con dicha obligación.
Parágrafo. Cuando se
trate de contratos cuyo objeto corresponda a bienes y servicios para la defensa
y seguridad nacional y la contratación reservada del sector defensa y el DAS a
que se refieren los artículos 53 y 79 del Decreto 2474 de 2008,
el presente artículo se podrá aplicar en forma excepcional cuando el contrato
tenga una duración mínima de tres (3) años. En estos casos, las entidades
podrán, previa justificación debidamente motivada por parte del representante
legal, establecer en los pliegos de condiciones del respectivo proceso de
selección, las reglas aplicables para ajustar, disminuir o aumentar
correlativamente, los valores garantizados respecto de los amparos de que
tratan los numerales 7.4, 7.7, 7.8 y 7.9 del artículo 7°, en la medida que se
vayan ejecutando las obligaciones respectivas a cargo del contratista. No
obstante no ser correlativo el amparo descrito en el numeral 7.2 del artículo
7°, este podrá seguir las reglas de amortización. Los ajustes a los valores
garantizados no alterarán la vigencia mínima de los amparos establecida en el
presente artículo.
Artículo 10. Combinación
de garantías. Para los efectos del artículo anterior, los contratistas
podrán combinar cualquiera de las modalidades de garantías admisibles contempladas
en el artículo 3° de este decreto.
Artículo 11. Aprobación
de la garantía de cumplimiento. Antes del inicio de la ejecución del
contrato, la entidad contratante aprobará la garantía, siempre y cuando reúna
las condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare
los riesgos establecidos para cada caso.
Artículo 12. Restablecimiento
o ampliación de la garantía. El oferente o contratista deberá restablecer
el valor de la garantía cuando este se haya visto reducido por razón de las
reclamaciones efectuadas por la entidad contratante.
De igual manera, en
cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se
prorrogue su término, el contratista deberá ampliar el valor de la garantía
otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.
Artículo 13. Incumplimiento
de las obligaciones del contratista relativas a mantener la suficiencia de la
garantía. Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento
del contratista de la obligación de obtener la ampliación de la garantía o de
la obligación de obtener su renovación o de la obligación de restablecer su
valor o de aquella de otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de
las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación
del contrato, la entidad contratante podrá declarar la caducidad del mismo.
Artículo 14. Efectividad
de las garantías. Cuando se presente alguno de los eventos de
incumplimiento cubiertos por las garantías previstas en este decreto, la
entidad contratante procederá a hacerlas efectivas de la siguiente forma:
14.1 En caso de
caducidad, una vez agotado el debido proceso y garantizados los derechos de
defensa y contradicción del contratista y de su garante, proferirá el acto administrativo
correspondiente en el cual, además de la declaratoria de caducidad, procederá a
hacer efectiva la cláusula penal o a cuantificar el monto del perjuicio y a
ordenar su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto
administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante
póliza de seguro.
14.2 En caso de
aplicación de multas, una vez agotado el debido proceso y garantizados los
derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante, proferirá
el acto administrativo correspondiente en el cual impondrá la multa y ordenará
su pago tanto al contratista como al garante. Para este evento el acto
administrativo constituye el siniestro en las garantías otorgadas mediante
póliza de seguro.
14.3 En los demás casos
de incumplimiento, una vez agotado el debido proceso y garantizados los
derechos de defensa y contradicción del contratista y de su garante proferirá
el acto administrativo correspondiente en el cual declarará el incumplimiento,
procederá a cuantificar el monto de la pérdida o a hacer efectiva la cláusula
penal, si ella está pactada y a ordenar su pago tanto al contratista como al
garante. Para este evento el acto administrativo constituye la reclamación en
las garantías otorgadas mediante póliza de seguro.
CAPITULO
II
Póliza
de Seguro
Artículo 15. Condiciones
generales de las pólizas que garantizan el cumplimiento de obligaciones. De
conformidad con lo previsto en el inciso 2° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007, la
póliza única de cumplimiento tendrá como mínimo las siguientes condiciones
generales, aplicables según el objeto del contrato amparado y el riesgo
cubierto:
15.1 Amparos
El objeto de cada uno de
los amparos deberá corresponder a aquel definido en el artículo 4° del presente
decreto.
Los amparos de la póliza
serán independientes unos de otros respecto de sus riesgos y de sus valores
asegurados. La entidad estatal contratante asegurada no podrá reclamar o tomar
el valor de un amparo para cubrir o indemnizar el valor de otros. Estos no son
acumulables y son excluyentes entre sí.
15.2 Exclusiones
En la póliza única de
cumplimiento expedida en favor de entidades públicas solamente se admitirán las
siguientes exclusiones:
15.2.1 Causa extraña,
esto es la fuerza mayor o caso fortuito, el hecho de un tercero o la culpa
exclusiva de la víctima.
15.2.2 Daños causados por
el contratista a los bienes de la entidad no destinados al contrato, durante la
ejecución de este.
15.2.3 El uso indebido o
inadecuado o la falta de mantenimiento preventivo a que esté obligada la
entidad contratante.
15.2.4 El demérito o
deterioro normal que sufran los bienes entregados con ocasión del contrato
garantizado, como consecuencia del mero transcurso del tiempo.
Cualquier otra
estipulación contractual que introduzca expresa o tácitamente exclusiones
distintas a las anteriores no producirá efecto alguno.
15.3 Inaplicabilidad de
la cláusula de proporcionalidad
En la garantía única de
cumplimiento no podrá incluirse la “Cláusula de Proporcionalidad” u otra
similar, conforme a la cual el valor asegurado ampara los perjuicios derivados
del incumplimiento total del contrato garantizado y de presentarse
incumplimiento parcial del mismo, la indemnización de perjuicios a cargo del
asegurador no excederá de la proporción del valor asegurado equivalente al
porcentaje incumplido de la obligación garantizada.
La inclusión de una
cláusula de ese tenor no producirá efecto alguno.
15.4 Cesión del contrato
Las condiciones generales
de la garantía única de cumplimiento deberán señalar que en el evento en que
por incumplimiento del contratista garantizado el asegurador resolviera
continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal
contratante estuviese de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará
desde el momento de la contratación de la póliza la cesión del contrato a favor
del asegurador.
En este caso, el
asegurador cesionario deberá constituir una nueva garantía para amparar el
cumplimiento de las obligaciones que ha asumido por virtud de la cesión.
15.5 Improcedencia de
terminación automática del seguro de cumplimiento expedido a favor de una
entidad estatal por falta de pago de la prima e improcedencia de la facultad de
revocación de ese seguro.
La garantía única de
cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no expirará por falta de
pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente.
15.6 Inoponibilidad de
excepciones a la entidad asegurada
A la entidad estatal no
le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones o defensas
provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas
de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de
la contratación del seguro ni en general, cualesquiera otras excepciones que
posea el asegurador en contra del contratista.
Artículo 16. Requisitos
que deben cumplir las pólizas que garantizan la responsabilidad
extracontractual.
16.1 Modalidad e intervinientes
En las pólizas de
responsabilidad extracontractual que se contraten con fundamento en este
decreto, la delimitación temporal de la cobertura deberá hacerse bajo la
modalidad de ocurrencia, sin que resulte admisible establecer, para que haya
cobertura, plazos dentro de los cuales deba presentarse la reclamación del
damnificado al asegurado inferiores a los términos de prescripción previstos
en la ley para la acción de responsabilidad correspondiente. En ellas tendrán
la calidad de asegurados la entidad contratante y el contratista, limitado ello
únicamente a los daños producidos por el contratista con ocasión de la
ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad
contratante como los terceros que puedan resultar afectados por la
responsabilidad extracontractual del contratista o sus subcontratistas.
16.2 Amparos
La póliza de
responsabilidad extracontractual deberá contener, como mínimo, en adición a la
cobertura básica de predios, labores y operaciones, los siguientes amparos:
16.2.1 Cobertura expresa
de los perjuicios que cause el asegurado tanto en la modalidad de daño
emergente, como en la modalidad de lucro cesante.
16.2.2 Cobertura expresa
de perjuicios extrapatrimoniales
16.2.3 Cobertura expresa
de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas,
salvo en el evento en que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad
extracontractual, con los mismos amparos aquí requeridos.
16.2.4 Cobertura expresa
de amparo patronal.
16.2.5 Cobertura expresa
de vehículos propios y no propios.
16.3 Mecanismos de
participación en la pérdida, por parte de la entidad asegurada.
En la póliza de
responsabilidad extracontractual solamente se podrán pactar deducibles con un
tope máximo del 10% del valor de la cobertura que en ningún caso podrá ser superior
a 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (2.000 smlmv). Las
franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que
conlleven asunción de parte de la pérdida por la entidad asegurada se tendrán
por no escritas.
16.4 Protección de los
bienes
De conformidad con lo
previsto en el numeral 6 del artículo 4° de la Ley 80 de 1993, la
entidad contratante deberá evaluar si con ocasión de la ejecución del contrato
existe riesgo de daño para sus bienes. En ese evento deberá exigir a su
contratista, en la póliza de responsabilidad extracontractual, la contratación
de un anexo de responsabilidad contractual que cubra los daños a esos bienes
que se puedan generar con ocasión del contrato. El valor asegurado se
establecerá a criterio de la entidad.
Si para efectos del
contrato a ejecutar no se requiere póliza de responsabilidad extracontractual,
deberá solicitarse la póliza específica que ampare ese riesgo.
CAPITULO
III
Fiducia
Mercantil en Garantía
Artículo 17. Fiducia
Mercantil en Garantía. De conformidad con lo establecido en el artículo 3°
de este decreto, se puede utilizar la fiducia mercantil con finalidad de servir
de garantía como mecanismo de cobertura aceptable por la entidad contratante
para cubrir los riesgos derivados de la seriedad del ofrecimiento o del
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato o de su liquidación.
Los bienes o derechos que
sean entregados en fiducia mercantil en garantía deberán ofrecer a la entidad
contratante un respaldo idóneo y suficiente para el pago de las obligaciones
garantizadas.
La sociedad fiduciaria,
en desarrollo del contrato de fiducia en garantía, deberá expedir el respectivo
certificado de garantía o el documento que haga sus veces, en el que conste:
1. El nombre de la
entidad pública beneficiaria de la garantía.
2. La duración del
contrato de fiducia.
3. El valor de la
garantía.
4. La vigencia de la
garantía la cual deberá adecuarse a lo previsto en el artículo 7° de la norma
del presente decreto, para cada una de las coberturas.
5. El valor de los bienes
y derechos fideicomitidos que conste en el último de los estados financieros
actualizados del fideicomiso y una descripción detallada de los mismos.
6. El procedimiento a
surtirse en caso de hacerse exigible la garantía, el cual no podrá imponer a
la entidad contratante condiciones más gravosas a las contenidas en este
decreto.
7. Los riesgos
garantizados.
8. La prelación que tiene
la entidad contratante para el pago.
9. Los mecanismos por los
cuales la fiduciaria contará con los recursos para hacer efectiva la garantía,
los cuales no podrán afectar la suficiencia de esta.
Parágrafo. La fiduciaria
no podrá proponer la excepción de contrato no cumplido frente a la entidad
contratante.
Artículo 18. Bienes
admisibles como objeto de la fiducia mercantil en garantía. Sólo podrá
aceptarse como garantía la fiducia mercantil que tenga como activos que
conforman el patrimonio autónomo los siguientes bienes y derechos:
18.1 Valores de aquellos
que las normas del sector financiero autorizan para conformar carteras
colectivas del mercado financiero, o la participación individual del
contratista en estas mismas carteras.
18.2 Inmuebles sobre los
cuales no pese gravamen alguno y que tengan un valor comercial determinado
bajo el criterio de avalúo para realización o venta, que no tengan un valor
inferior a dos mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (2.000 smlmv) al
momento de constituir la garantía, que generen rentas predeterminadas con pagos
en periodos no superiores a un (1) año, equivalentes mensualmente a por lo
menos el cero punto setenta y cinco por ciento (0,75%) del valor establecido en
dicho avalúo. Estas rentas no podrán estar a cargo del contratista garantizado
y harán parte del patrimonio autónomo correspondiente.
El avalúo del bien
inmueble deberá actualizarse mínimo una vez cada año calendario. En caso de que
ese avalúo sea inferior al último en más del diez por ciento (10%) o que el
bien pierda más del treinta por ciento (30%) de su valor en el término de doce
(12) meses, el contratista garantizado deberá aportar nuevos bienes hasta
cubrir el valor de la garantía exigida, en un término no inferior a treinta
(30) días calendario contados desde la fecha del requerimiento escrito de la
fiduciaria. El incumplimiento de la obligación de aportar nuevos bienes
generará para el contratista las consecuencias previstas en el artículo 13 de
este decreto.
Parágrafo 1. Para todos
los efectos de los bienes y derechos que pueden entregarse al patrimonio
autónomo, los bienes inmuebles no podrán ser reconocidos como activo de
garantía sino por el setenta por ciento (70%) del valor que arroje el avalúo y
los valores hasta por el noventa por ciento (90%) de su valor efectivo anual,
mes vencido.
Parágrafo 2. De las
rentas periódicas que produzcan los bienes o derechos que conforman el
patrimonio autónomo la fiduciaria retendrá el uno por ciento (1%) mensual hasta
completar el valor equivalente al tres por ciento (3%) del avalúo del bien o
valor, sumas que invertirá en una cartera colectiva del mercado financiero y
que destinará para el ejercicio de conservación, defensa y recuperación de los
bienes fideicomitidos y los gastos necesarios para hacer efectiva la garantía.
El saldo mensual de dichas rentas periódicas será entregado a quien indique el
fideicomitente.
Este procedimiento se
mantendrá hasta el momento en que deba hacerse efectiva la garantía, evento
este en el cual todas las rentas se mantendrán en el fideicomiso para destinarlas
al objeto principal del contrato.
Artículo 19. Avalúo de
los bienes entregados al patrimonio autónomo. El avalúo que fija el valor de
los activos inmuebles que conforman el fideicomiso, deberá ser emitido bajo el
criterio de valor de realización a corto plazo por una entidad colegiada
autorizada para realizar avalúos en el país, escogida de manera exclusiva por
la fiduciaria. En todo caso los avaluadores deberán ser independientes y
deberán estar registrados en el registro nacional de avaluadores. La totalidad
de la remuneración de los avaluadores y de los costos del avalúo será
exclusivamente pagados por la fiduciaria con cargo a los recursos del
fideicomiso, por lo que esta deberá tomar las medidas que aseguren la
existencia de dichos recursos líquidos.
Artículo 20. Constitución
y aprobación de la Fiducia Mercantil. Para la aprobación de la garantía por
parte de la respectiva entidad, los oferentes o contratistas deberán acreditar
la constitución de la garantía a través de la copia del respectivo contrato y
entregar el certificado de garantía expedido por la sociedad fiduciaria.
El contrato de fiducia
mercantil debe contener al menos los siguientes requisitos sin los cuales no
podrá ser aceptado como garantía por parte de la entidad contratante:
20.1 Las partes del
contrato fiduciario
En el contrato de fiducia
se debe estipular que actúan como partes (i) el constituyente –que puede ser el
oferente o contratista o una persona jurídica autorizada por sus estatutos para
garantizar obligaciones de terceros– y (ii) la fiduciaria.
20.2 Beneficiario
En el contrato de fiducia
se debe estipular que el beneficiario es la entidad pública ante la cual el
constituyente vaya a presentar una oferta o tenga celebrado un contrato. Cuando
la fiducia esté constituida exclusivamente por valores de que trata el artículo
18.1 precedente, esta podrá otorgarse a favor de varias entidades públicas
para garantizar obligaciones derivadas de otras propuestas o contratos.
20.3 Conservación de los
bienes
En el contrato de fiducia
se debe estipular que es obligación del fiduciario realizar todos los actos
necesarios para la conservación de los bienes fideicomitidos o adoptar las
medidas necesarias para que quien los tenga garantice dicha conservación.
20.4 Idoneidad de la
garantía
El contrato deberá
contener la obligación del fiduciario de efectuar periódicamente valoraciones y
avalúos sobre los bienes que constituyen el patrimonio autónomo a precios de
mercado o técnica y suficientemente atendiendo el valor de realización de los
mismos, con el objeto de velar por la idoneidad de la garantía. Adicionalmente,
deberá incluirse la obligación para el fiduciario de avisar a la entidad
contratante, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que conoció
que los bienes no resultan suficientes para el pago de las obligaciones
garantizadas por disminución de su precio en términos de valor de mercado, con
el fin de que se proceda a su reposición o ampliación, según el caso.
20.5 Reposición y
ampliación de la garantía
En el contrato de fiducia
debe quedar pactada la obligación a cargo del oferente o contratista de
reemplazar o aumentar dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al
requerimiento del fiduciario los bienes cuyo valor se disminuya por aplicación
de las normas de valoración a precios de mercado, o de entregar otros
adicionales de las especies y características indicadas.
20.6 Procedimiento en
caso de incumplimiento
Sin perjuicio de lo
previsto en el artículo 14 de este decreto, y sin que pueda hacerse más gravosa
la actuación de la entidad contratante, en el contrato de fiducia se debe
señalar con claridad el procedimiento a surtirse en caso de incumplimiento de
las obligaciones del oferente o contratista.
En todo caso, cuando
exista incumplimiento se pondrá en conocimiento de la sociedad fiduciaria el
acto administrativo en firme y esta adelantará los trámites del caso para hacer
efectiva la garantía. A la fiduciaria no le será admisible discutir la
responsabilidad del contratista.
20.7 Obligaciones del
fiduciario
En el contrato de fiducia
se deben estipular claramente las obligaciones del fiduciario, que incluyan el
procedimiento para la realización de los bienes transferidos en garantía, el
aviso para su renovación o reemplazo por pérdida o deterioro de su valor de
mercado cuando sea del caso, así como, la rendición de cuentas e informes
periódicos sobre su gestión.
20.8 Rendición de cuentas
En el contrato de fiducia
se debe estipular la rendición de cuentas a cargo del fiduciario de acuerdo con
las reglas legales y reglamentarias relacionadas con la obligación de rendición
de cuentas radicada en cabeza del fiduciario a favor no sólo del fideicomitente
sino de la entidad beneficiaria.
20.9 Liquidación del
negocio fiduciario
En el contrato fiduciario
en garantía se debe estipular que en la fecha de liquidación del contrato que
se garantiza mediante la fiducia, también se podrá solicitar la liquidación del
contrato de fiducia mercantil.
20.10 Admisibilidad de la
dación en pago
En el contrato de fiducia
en garantía se pactará que la dación en pago de los bienes fideicomitidos sólo
procede cuando la entidad estatal así lo autorice, siempre y cuando hubiese
trascurrido más de un (1) año sin que se pueda realizar el bien. En ese evento
se entenderá que la entidad lo recibe por el valor del cincuenta por ciento
(50%) del avalúo actualizado efectuado para ese fin, siempre y cuando ese monto
cubra –como mínimo– el valor del perjuicio reclamado.
CAPITULO
IV
Garantías
bancarias a primer requerimiento
Artículo 21. Garantía
bancaria a primer requerimiento. De conformidad con lo establecido en el
artículo 3° de este decreto, las garantías bancarias a primer requerimiento
pueden ser utilizadas como mecanismo de cobertura aceptable por la entidad
contratante para cubrir los riesgos derivados de la seriedad del ofrecimiento o
del cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato y de su liquidación.
A través de una garantía
bancaria, una institución financiera nacional o extranjera, asume el
compromiso firme, irrevocable, autónomo, independiente e incondicional de pagar
directamente a la entidad contratante, a primer requerimiento, hasta el monto
garantizado, una suma de dinero equivalente al valor del perjuicio sufrido por
esa entidad como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas
por el proponente o contratista, ante la presentación del acto administrativo
en firme que así lo declara.
Artículo 22. Condiciones
para el otorgamiento de las garantías bancarias a primer requerimiento. Las
entidades públicas podrán aceptar el otorgamiento de garantías bancarias a
primer requerimiento para garantizar la seriedad de los ofrecimientos y las
obligaciones derivadas del contrato y de su liquidación, siempre y cuando
reúnan las siguientes condiciones:
22.1 La garantía deberá
constar en documento privado en el cual el establecimiento de crédito asuma en
forma expresa, autónoma e irrevocable en favor de la entidad pública
contratante el compromiso de honrar las obligaciones a cargo del solicitante,
en caso de incumplimiento por parte de este.
22.2 La garantía deberá
ser efectiva a primer requerimiento cuando el acto administrativo en firme que
declara el incumplimiento de las obligaciones contractuales o cualquiera de los
eventos constitutivos de incumplimiento de la seriedad de los ofrecimientos
hechos, se ponga en conocimiento del establecimiento de crédito.
El contratista u oferente
deberá acreditar la constitución de la garantía, mediante la entrega del
documento contentivo de la misma, suscrito por el representante legal del
establecimiento de crédito o por su apoderado y en ella deberá constar: (i) el
nombre de la entidad pública beneficiaria de la garantía; (ii) los riesgos
garantizados; (iii) la forma de hacer exigible la garantía, en la cual no se
podrá imponer a la entidad contratante condiciones más gravosas a las
contenidas en este decreto; (iv) el valor de la garantía y, (v) la vigencia de
la garantía la cual deberá adecuarse a lo previsto en el artículo 7° de este
decreto, para cada una de las coberturas.
Artículo 23. Clases de
garantías bancarias a primer requerimiento. Serán admisibles, las
siguientes garantías bancarias a primer requerimiento:
23.1 El contrato de
garantía bancaria
A través del contrato de
garantía bancaria una entidad bancaria emisora, obrando por cuenta y por orden
del proponente o contratista, se obliga irrevocablemente con la entidad
estatal, en calidad de beneficiaria, a pagarle hasta el monto garantizado, los
perjuicios directos derivados del incumplimiento de las obligaciones que con
ocasión de la propuesta, del contrato o de su liquidación surjan para el
proponente o el contratista.
El pago lo efectuará la
entidad emisora dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a aquel en que
le sea entregado el acto administrativo debidamente ejecutoriado, en el que
conste el incumplimiento del proponente o contratista y se disponga el cobro de
la garantía.
En los contratos de
garantía bancaria que se celebren para garantizar las obligaciones derivadas de
la seriedad de los ofrecimientos hechos por los proponentes, así como de las
surgidas de contratos estatales, las entidades públicas beneficiarias deberán exigir
que se incluya una estipulación según la cual, el pago se hará a primera
demanda o a primer requerimiento.
El contratista u oferente
deberá acreditar el otorgamiento de la garantía, mediante la entrega del
documento original contentivo del contrato, suscrito por el representante legal
del establecimiento bancario o por su apoderado y en ella deberá constar el
nombre de la entidad pública contratante como beneficiaria y la forma de
hacerla exigible.
23.2 La carta de
crédito stand by
A través de la carta de
crédito stand by la entidad emisora, obrando por solicitud y de conformidad con
las instrucciones del proponente o contratista, se obliga a garantizar irrevocablemente
el pago en dinero de las obligaciones que con ocasión de la propuesta o del
contrato surjan para el proponente o el contratista. Ese pago lo efectuará el
banco emisor contra la entrega de la carta de crédito, acompañada del acto
administrativo debidamente ejecutoriado, en el que conste el incumplimiento del
proponente o contratista.
En las cartas de crédito
stand by que se expidan para garantizar las obligaciones derivadas de la
seriedad de los ofrecimientos hechos por los proponentes, así como de las
surgidas de contratos estatales, las entidades públicas beneficiarias deberán
exigir que se incluya una estipulación según la cual, sin perjuicio de las
disposiciones previstas en el Código de Comercio para el crédito documentario,
y en el presente decreto, las condiciones generales de contratación de esta
clase de garantías serán las establecidas en las Reglas y Usos Uniformes
Relativos a los Créditos Documentarios de la Cámara de Comercio Internacional.
El contratista u oferente deberá acreditar el
otorgamiento de la carta de crédito stand by, mediante la entrega del documento
original contentivo de la misma, suscrito por el representante legal de la
entidad emisora o por su apoderado y en ella deberá constar el nombre de la
entidad pública contratante como beneficiaria de la carta de crédito stand by,
los requisitos mínimos de suficiencia exigidos en este decreto y la forma de
hacerla exigible.
CAPITULO
V
Endoso
en garantía de títulos valores
Artículo 24. Endoso
en garantía de títulos valores. Será admisible como garantía de la seriedad
del ofrecimiento, el endoso en garantía por parte del oferente, de uno o varios
de los siguientes títulos valores de contenido crediticio: (i) certificados de
depósito a término emitidos por una entidad financiera sometida a vigilancia y
control de la Superintendencia Financiera; (ii) pagarés emitidos por una
entidad financiera sometida a vigilancia y control de la Superintendencia
Financiera; y (iii) títulos de tesorería - Tes.
En todos los
casos, el oferente deberá ser el endosatario exclusivo del título valor.
Los títulos
valores endosados sólo podrán ser recibidos por el setenta por ciento (70%) de
su valor, porcentaje que deberá cubrir –como mínimo– los montos exigidos por la
entidad contratante para la garantía de seriedad de la oferta.
La fecha de
vencimiento del título valor no podrá ser inferior en ningún caso a los
términos establecidos en el artículo 7° de este decreto ni exceder en más de 6
meses esos términos.
Para aprobar esta
garantía deberá la entidad pública revisar que el título cumpla con los
requisitos de suficiencia generales establecidos en este decreto y con aquellos
establecidos en este artículo.
La entidad
contratante o un depósito de valores autorizado para funcionar en Colombia,
serán los encargados de cumplir la obligación de custodia de los títulos
valores de que trata este capítulo.
Artículo 25. Efectividad
de los títulos valores endosados en garantía. En caso de incumplimiento de
las obligaciones del oferente la entidad estatal expedirá el acto
administrativo de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del presente decreto
y al vencimiento del título lo presentará para el pago a la entidad emisora, la
cual procederá a pagarlo. Si el monto del perjuicio fuere inferior al valor del
título, la entidad procederá a devolver el excedente al oferente o a quien este
determine, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que recibió
el pago.
Cuando la fecha de
vencimiento de los títulos no coincida con la de exigibilidad de las
obligaciones a cargo del oferente, la entidad pública deberá atender las
siguientes reglas:
1. En caso de que
el incumplimiento de las obligaciones del oferente se produzca en forma
anterior al vencimiento del título valor o títulos valores, la entidad pública
deberá esperar hasta la fecha de redención del título o títulos.
2. En caso de que
el vencimiento del título valor o títulos valores se produzca en fecha anterior
a la exigibilidad de la obligación, la entidad pública procederá a redimir el
título y a depositar a su nombre el importe en una entidad financiera vigilada
por la Superintendencia Financiera. Ese depósito se regirá por las normas
establecidas en el artículo 1173 del Código de Comercio para el depósito en
garantía hasta que cesen los riesgos a que se encuentra expuesta la entidad en
relación con el otorgante de la garantía.
3. Si no se
presenta incumplimiento procederá la entidad a devolver al oferente, el título
valor o el dinero, según el caso.
En aplicación de
las disposiciones contenidas en el Código de Comercio para el endoso en
garantía de títulos valores, los títulos entregados en garantía de las
obligaciones contraídas por oferentes y contratistas no podrán ser negociados.
CAPITULO
VI
Depósito
de dinero en garantía
Artículo 26. Depósito
de dinero en garantía. Será admisible como garantía el depósito de dinero
en garantía de conformidad con lo previsto en el artículo 1173 del Código de
Comercio.
Esta garantía será
constituida ante una entidad financiera vigilada por la Superintendencia
Financiera y deberá otorgarse a favor de la entidad contratante, por el monto
exigido por esta última, respetando como mínimo los límites establecidos en
este decreto.
Para hacer
efectiva esta garantía, deberá la entidad proceder conforme a lo previsto en el
artículo 14 de este decreto y sólo podrá acceder a los recursos depositados en garantía,
una vez se encuentre en firme el acto administrativo que ordene su efectividad.
CAPITULO
VII
Disposiciones
Finales
Artículo 27. Sujeción
a normas vigentes. En los aspectos no regulados en el presente decreto se
aplicarán las normas que rigen la materia para cada caso.
Artículo 28. Obligación
de adecuar las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil a las normas
de este decreto. Los representantes legales de las compañías aseguradoras
están en la obligación de adecuar los clausulados de sus pólizas de
cumplimiento y de responsabilidad civil a las disposiciones de este decreto.
Para tal efecto deberán depositar ante la Superintendencia Financiera, dentro
de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de entrada en
vigencia de esta norma, los clausulados correspondientes. No será admisible la
utilización de anexos o cláusulas contractuales que contravengan o que pretendan
dejar sin efecto las disposiciones de este decreto, las cuales de llegar a
emplearse se tendrán por no escritas, sin perjuicio de la responsabilidad que
pueda surgir por ello para los representantes legales de las compañías de
seguros.
Durante el lapso
de sesenta (60) días a que se refiere el inciso anterior, las pólizas de seguro
que se contraten mantendrán los clausulados que hasta la fecha de expedición de
este decreto vienen rigiendo, salvo en lo que se refiere a las exclusiones
previstas en el artículo 15.2 de este decreto, las cuales rigen a partir de la
fecha y serán las únicas admisibles por lo cual deberán incorporarse a las
pólizas por vía de anexo. Vencido ese plazo, no serán admisibles pólizas que no
se adecuen a las disposiciones de este decreto.
Artículo 29. Vigencia
y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación y
deroga los artículos 16, 17, 18 y 19 del decreto 679 de 1994, el decreto 280 de 1994 y el decreto
2790 de 2002, y las demás disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y
cúmplase.
Dado en Bogotá, D.
C., a 24 de diciembre de 2008.
ÁLVARO
URIBE VÉLEZ
El Ministro del
Interior y de Justicia,
Fabio
Valencia Cossio.
El Ministro de
Hacienda y Crédito Público,
Oscar
Iván Zuluaga Escobar.
La Directora del
Departamento Nacional de Planeación,
Carolina
Rentería Rodríguez.