asé 10 años fuera de
Chile durante la dictadura. Decidí volver en
1986 por afecto y amor a este país.
El juicio
por el asesinato de mi padre estaba sobreseído
desde 1979 con la categoría de homicidio por
terceros no habidos. En 1990 presenté el caso
ante la Comisión Nacional de la Verdad y la
Reconciliación. Empezó una nueva vida. No
conocía las leyes, ni el mundo de la judicatura.
Elegí a un buen abogado, Alfonso Insunza, la
mejor decisión de mi vida. Sólo existía por y
para el juicio.
Me aparté de la cotidianidad de
una joven. Era como si viviera en el lado oscuro.
No es fácil encontrar trabajo cuando estás
catalogada como persona conflictiva. Pasé tres
años con custodia permanente por amenazas de
muerte. Me seguían por la calle. Un día me
atacaron.
Este permanente estado de alerta
modificó mi vida y la de mis tres hijos. He
peleado contra las instituciones armadas y contra
el Estado que me debía haber amparado.
Algunos
diputados se han portado bien. Pero el
conglomerado de fuerzas que forman el actual
Gobierno ha entorpecido las labores de
investigación. Han intentado sacar del camino
las piedras que molestaban en esta transición
pactada con los responsables de crímenes
horribles.
La postura del Gobierno chileno es
hacerle la cama al Ejército con: ‘No se
preocupen, nosotros vamos a protegerlos’. El
Gobierno utiliza el temor y da una importancia a
Pinochet que hoy no tiene. Las condiciones
actuales no son aptas para que haya un nuevo
golpe de Estado. Las investigaciones judiciales
realizadas en España van a provocar serios
conflictos al Gobierno actual. En algún momento
habrá una petición formal para que declaren los
responsables de los crímenes.
Los integrantes de
la Segunda Sala del Tribunal Supremo chileno
aplicaron la ley de amnistía y sobreseyeron el
caso de mi padre. La Comisión de Derechos
Humanos de la OEA ha aceptado a trámite una
demanda contra el Estado chileno por no dictar
justicia. En Chile somos respetados como familia
porque hemos sido honestos”.
