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Hitos
de la Resistencia contra la Prisión
en
Chile
INTRODUCCION
(1973-1999)
Extraido de Pretextos http://www.nodo50.org/pretextos/
Desde
el primer día de la dictadura militar en Chile - el 11 de septiembre
de 1973 -, miles de chilenos conocieron la prisión política;
los que se entregaron voluntariamente o fueron detenidos en los primeros
meses y ejecutados y desaparecidos, como los que pasaron algunos o largos
años detenidos en virtud de leyes especiales destinadas a penalizar
toda resistencia contra el poder militar y su Estado terrorista.
Los centros
de tortura-cárceles clandestinas como Londres 38, la Venda Sexy,
Villa Grimaldi, etc., las cárceles-campos de concentración
como el Estadio Chile, el Estadio Nacional, la Isla Dawson y, más
tarde, Pisagua, Chacabuco, Cuatro Alamos, Ritoque, Puchuncaví, etc.
y las cárceles comunes de todo el país, fueron lugares en
que la dictadura militar terrorista intentó inútilmente doblegar
la voluntad de resistencia de los que se levantaron, con armas y con ideas,
para combatir por la libertad, la justicia y la democracia.
La prisión
política fue y sigue siendo, hoy en Chile, territorio de resistencia
a la opresión, de rescate de la dignidad y de solidaridad intransables.
La libertad
condicionada de los presos políticos por el gobierno de la Concertación
A partir
de 1990, al producirse el traspaso negociado del gobierno desde manos militares
a civiles y durante los 3 primeros años de la administración
Aylwin, coinciden en la prisión política dos realidades:
la de los presos políticos encarcelados por la dictadura y la de
los nuevos presos que reivindican la legitimidad política de su
lucha.
Por estar
en su programa, el gobierno civil que asume el 11 de marzo de 1990 está
obligado a buscar una solución al problema de la prisión
política. De los 397 presos y presas políticos encarcelados
a esa fecha, un 89 % estaba siendo procesado por la Justicia Militar, principalmente
por delitos tipificados en las siguientes leyes:
-
Ley N° 12.927 sobre Seguridad Interior del Estado;
-
Ley N° 17.798 sobre Control de armas y explosivos, y
-
Ley N° 18.314 sobre conductas terroristas, además de algunas
normas especiales contenidas
en el Código de Justicia Militar.
En este
contexto, el 30 de enero de 1990, medio centenar de presos políticos
se fuga de la Cárcel pública a través de un túnel.
Al recuperar la libertad por sus propios medios, rompen el proceso de recuperación
simbólica de la cárcel política iniciado por la Concertación.
No sólo el gobierno de Aylwin no tuvo la voluntad política
para poner en libertad a todos los presos políticos, sino que el
poder legislativo y el poder judicial entrabaron e impidieron constantemente
asegurar a los presos políticos procesos justos ante un tribunal
independiente y reconocer su derecho a un debido proceso.
El gobierno
de Aylwin negoció entonces con la derecha, especialmente con Renovación
Nacional, una serie de reformas constitucionales que se concretaron en
la ley Nº 19.055 del 26 de marzo de 1990, más conocida como
"leyes Cumplido", que permitían conceder la libertad provisional
a los procesados por Ley Antiterrorista, otorgar indultos generales y amnistía.
Estas modificaciones permitieron que en el curso de 1990 fueran cerrados
los procesos y otorgada la libertad por indulto presidencial a 47 presos
políticos, 13 de los cuales se encontraban en libertad provisional.
Sin embargo, el gobierno, presionado por la derecha, no pudo extender el
beneficio a la totalidad de los presos, lo que motivó diversas movilizaciones
y huelgas de hambre:
-
entre el 14 de marzo y el 9 de abril de 1990, 138 presos políticos
de todo el país realizaron un ayuno prolongado, rechazando de la
distinción oficial que se hizo entre presos "de conciencia" y presos
"por hechos de violencia".
-
entre el 29 de mayo y el 22 de junio de 1991, los presos políticos
realizaron una huelga de hambre exigiendo libertad e inserción plenas
en la sociedad.
-
el 2 de octubre de 1991 hubo incidentes y un motín en la ex Cárcel
Pública y la Penitenciaría como consecuencia de un allanamiento
en busca de túneles, y
-
el 30 de septiembre del mismo año, 6 presos políticos iniciaron
una huelga de hambre de carácter indefinido, que se prolongó
por 45 días.
En gran
medida como producto de estas movilizaciones y de la campaña de
denuncias y marchas realizadas por familiares y amigos, en 1991 recuperaron
su libertad 160 presos políticos, tras la aprobación de las
"leyes Cumplido"; en 1992, 133 recuperaron su libertad, y 13 en 1993. El
año 1994 se inició con 14 presos políticos, los que
abandonaron finalmente la Cárcel de Santo Domingo en el marco de
la conmutación de su condena por penas de extrañamiento o
exilio forzoso: en marzo parten a Bélgica los militantes del FPMR
acusados de la tentativa de "tiranicidio" y en mayo del mismo año,
2 militantes del Mapu Lautaro viajan a Noruega, país que les concede
una residencia humanitaria. Reacio a enfrentar un destino incierto en la
Penitenciaría, Rodrigo Morales, militante del FPMR, se fugó
e ingresó a la clandestinidad días antes de la partida al
exilio de sus compañeros y 1 militante del MPMR del "caso Carrizal"
fue trasladado al anexo cárcel de Capuchinos y posteriormente puesto
en libertad. En total, 25 presos políticos vieron conmutada la pena
de prisión por la de "extrañamiento" o exilio forzado, que
oscilan entre 5 y 40 años.
No obstante
aún hoy continúan estando pendientes numerosos casos judiciales
de perseguidos políticos, los que enfrentan las siguientes situaciones:
-
procesos sin sentencia de término para presos políticos que
se encuentran en libertad provisional;
-
indultos
en trámite en favor de presos políticos condenados cuando
se encontraban en libertad provisional y que deberían cumplir con
sus condenas o vivir en la clandestinidad;
-
exilio forzado para cientos de compatriotas que no pueden retornar al país
por tener órdenes de detención emanadas principalmente de
la justicia militar por supuestos delitos cometidos bajo la dictadura;
-
dificultades de sobrevivencia para muchos ex presos políticos que
esperan que sean eliminados sus antecedentes penales y recuperar sus derechos
civiles y políticos.
Como vemos,
la prisión política para los presos de la dictadura subsiste
aún en cierto modo y sigue siendo un problema pendiente de derechos
humanos, en la medida en que no se buscó una solución global,
que contemplara al menos:
1.
Una política de reinserción de los ex-presos políticos,
puesto que quienes fueron condenados bajo la dictadura militar aún
están fichados como delincuentes, con todos los problemas que ello
implica para encontrar un trabajo.
2.
Una política de reparación moral, que reconozca la legitimidad
de su lucha contra un poder ilegítimo, las torturas a que fueron
sometidos y los prolongados períodos de encarcelamiento.
El gobierno
tiene la obligación y la posibilidad de exigir que sean juzgados
y castigados los responsables de torturas y de poner término a estas
prácticas ilegales de la policía. Lo que no se ha hecho,
como lo demuestran las frecuentes denuncias que dan cuenta de la continuidad
de estas prácticas.
En definitiva,
el gobierno sólo procedió a "vaciar" las cárceles
de presos políticos, pero sin considerar una política global
de reinserción y reparación moral ni resolver la situación
de quienes están prófugos u obligados a vivir en la clandestinidad
por tener procesos y órdenes de detención pendientes. En
definitiva, el gobierno de la Concertación no asumió exactamente
lo que significa hacer justicia, tal como había prometido en su
Programa de gobierno.
Los
nuevos presos políticos encarcelados
con posterioridad
a 1990
Si bien
las "leyes Cumplido" permitieron la excarcelación de los presos
políticos de la dictadura, la negociación con la derecha
implicó que a partir del 11 de marzo de 1990, fecha en que formalmente
se inicia la "transición a la democracia", se cerró la posibilidad
de indultar a los presos encarcelados por motivaciones políticas
con posterioridad a esa fecha.
De este
modo, la prisión política se perpetuaba en nuestro país
adoptando características mucho más sofisticadas e inhumanas.
¿Quiénes
son estos nuevos presos y presas políticos cuyo carácter
de tales niega el gobierno, que prefiere tildarlos de "delincuentes terroristas
o subversivos"?
Son jóvenes
militantes o simpatizantes - en 1993, el promedio de edad era de 27 años
-, de organizaciones y fragmentos de org&aaacute;nicas del movimiento popular
chileno: el FPMR y rodriguistas aislados, el MPMR, el complejo MAPU Lautaro
(FRPL y MJL) y el MIR (EGP). En su mayoría, nacidos en los primeros
años de la dictadura militar, provenientes de sectores populares
(más de la mitad son trabajadores manuales y los demás estudiantes
y profesionales) y en cuya historia familiar se conjuga la pobreza con
la violencia política de la dictadura. Su aprendizaje político
lo hicieron principalmente en las grandes protestas antidictatoriales de
mediados de los 80.
¿De qué
se les acusa?
Los nuevos
presos políticos fueron detenidos en el marco de enfrentamientos,
en sus domicilios o en la calle como resultado de labores de inteligencia
con la participación de delatores infiltrados, acusados de pertenecer
a organizaciones llamadas "subversivas" o "ilegales" y de haber incurrido
en diversos delitos contra la propiedad y personas. En este último
caso, por supuestos atentados en contra de miembros de organismos represivos,
ajusticiamiento de torturadores y/o de ideólogos de la dictadura
militar.
Desde
el punto de vista procesal, sus procesos se ventilan simultáneamente
en tribunales civiles y militares, en aplicación del artículo
8° de la ley de Control de Armas (tenencia ilegal de armas y explosivos),
de la Ley 18.314 de conductas terroristas (Asociación ilícita
terrorista) y de la Ley de seguridad interior del Estado (creación
de grupos armados de combate). Es decir, se les procesa en virtud de las
mismas leyes que la dictadura utilizó para encarcelar y procesar
a los ex-presos políticos. Se viola el principio del non bis ibidem
cuando se les procesa por un mismo hecho en la justicia ordinaria y en
la Justicia Militar que sigue operando en Chile para juzgar a civiles,
y las penas son acumulativas, por lo que en algunos casos se producen aberraciones
tales como dobles cadenas perpetuas.
Encarcelados
durante largos años en prisión preventiva, sus familias no
tienen medios económicos para costear una defensa y las instituciones
de Derechos Humanos tradicionales no les entregan defensa jurídica
sobre la base de criterios políticos cuestionables. En consecuencia,
la gran mayoría está en una total indefensión jurídica
y expuestos a ser condenados por tribunales militares parciales a penas
desproporcionadas, incluida la pena de muerte.
Todos
fueron torturados en cuarteles policiales al momento de ser detenidos e
incomunicados por períodos prolongados, están sometidos a
un régimen carcelario especial que contempla la segregación
externa e interna con prohibición de relacionarse entre distintos
módulos y de recibir visitas de amigos y se les niegan derechos
carcelarios a que puede acceder todo detenido.
A todos
se les ofreció acogerse a la Ley Nº 19.172 de arrepentimiento
eficaz o delación compensada que permite rebaja de penas y libertad
a cambio de delatar a sus compañeros y organizaciones. Esta ley
éticamente reprobable fue aprobada a fines de 1992. Todos se negaron
a aceptar la oferta.
¿Cuáles
son los hitos de la prolongada lucha por la libertad de los nuevos presos
políticos, sus familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos?
La lucha
de los nuevos presos políticos es prácticamente desconocida
por gran parte de la sociedad chilena, debido a una verdadera conspiración
del silencio de parte del gobierno, de instituciones como la iglesia y
de la falta de apoyo de organizaciones de derechos humanos.
A continuación,
haremos una síntesis de los momentos más importantes de la
larga lucha de los presos por reivindicar la legitimidad política
de sus acciones, por denunciar la conspiración del silencio que
rodea la prisión política, por exigir el respeto a su dignidad
de revolucionarios y por su derecho a la libertad.
Organización
para la lucha.
A fines
de 1990 nace la Organización de presos políticos (OPP) que
se coordina con los presos políticos del período anterior
a junio de 1991. En mayo de 1992, se crea la Coordinadora de Combatientes
Encarcelados del Mapu Lautaro, que en los primeros años constituye
el grupo mayoritario de los nuevos presos políticos. Ambas organizaciones
actúan conjuntamente.
Contragolpe represivo
del gobierno.
En noviembre
de 1991, el gobierno aprueba la construcción de la Cárcel
de Alta Seguridad, asignando para ello un presupuesto especial de tres
mil millones de pesos y pidiendo asesoría a especialistas de la
policía española y del servicio secreto italiano. Al mismo
tiempo, crea al interior de Gendarmería el GEAM (Grupo Especial
Antimotines), destinado a reprimir toda protesta de los presos políticos.
La Primera resistencia.
Para exigir
derechos carcelarios se realizan las primeras tomas de gimnasio con visita
en junio y julio de 1992 y marzo de 1993. El 23 de julio de 1992, 5 presos
políticos son trasladados a la cárcel de San Miguel, en el
marco de una política de castigo por aislamiento. El conjunto de
los presos políticos opone una resistencia activa a este traslado.
La primera fuga
del FPMR
y la masacre de
gendarmería.
El 10 de
octubre de 1992 se realiza la primera tentativa de fuga de militantes del
FPMR. Tres presos políticos logran huir, pero caen bajo las balas
de gendarmería que los rematas alevosamente, José Miguel
Martínez Alvarado, Mauricio Gómez Lira y Pedro Ortíz
Montenegro. Patricio Ortíz Montenegro y Pablo Muñoz Hofmann
son recapturados.
Nace la
Organización de Defensa Popular (ODEP), que reconoce la calidad
de presos políticos a todos los militantes encarcelados con posterioridad
al 11 de marzo de 1990 e inicia una activa campaña de información,
denuncia y movilización por su libertad.
La CNI y la prisión
política.
En 1993
se constituye el Departamento de Seguridad de Gendarmería, con personal
que participó en la disuelta CNI; entre ellos, Edmundo Letelier,
Guillermo Lepín y Orlando Epullanca. Edmundo Letelier, el actual
encargado de Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad forma parte
de la Dirección de Seguridad Pública que reemplazó
a la Consejo Coordinador de Seguridad Pública e informaciones (La
"Oficina"), creada ésta en 1991. Cabe destacar que estos organismos
de seguridad se les asignó un presupuesto especial para jefes y
directores de área pero también para la contratación
de "informantes" cuya tarea principal era infiltrar las organizaciones
políticas de izquierda. Según una circular interna del ministerio
del Interior, la labor de estos organismos debía orientarse a desarticular
y aniquilar al FPMR, el Mapu Lautaro y el MIR. Todo esto en plena "transición
a la democracia".
Fase de la desobediencia
activa.
Entre abril
y junio de 1993 los presos políticos inician una campaña
de resistencia en que se niegan a ser trasladados a declarar a los tribunales
de justicia, siendo castigados con la privación de visitas.
Traslado a la Cárcel
de Alta Seguridad (CAS).
Durante
los primeros años, los nuevos presos políticos fueron recluidos
en la ex-Penitenciaría, hoy Centro de Detención Preventiva
(CDP), situado en Santiago Sur; luego fueron trasladados a la Cárcel
de San Miguel y, en 1994, a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).
El 20
de febrero de 1994 Gendarmería traslada a la CAS 45 a presos políticos,
en medio de un violento operativo denominado "Operación Canario"
en que hubo heridos a bala y contusos graves. Los presos políticos
organizan de inmediato una mesa política que elabora una Plataforma
de lucha cuyos puntos principales son: rechazo al locutorio, derecho a
visita familiar, conyugal y de amigos en forma directa, rechazo del régimen
interno que impone la segregación entre los Presos Políticos
y recuperación de los derechos conquistados en los penales de origen,
como el derecho al trabajo, al estudio, al deporte, etc.
La huelga de hambre
como principal arma de lucha.
El 26 de
febrero se inicia la PRIMERA HUELGA DE HAMBRE DE LA CAS, que se extenderá
por 46 días. A ella se suman las presas y presos políticos
de San Miguel y de la Penitenciaría. Mientras tanto, os familiares
y organizaciones de Derechos Humanos se movilizan para denunciar la situación
de la CAS a nivel nacional e internacional. A mediados de año se
abren negociaciones entre el gobierno, representado por Gendarmería,
con delegados de los presos políticos y de organizaciones de familiares
y de derechos humanos (Madres Guacolda, Agrupación de Familiares
de Presos políticos y ODEP). Se obtiene la visita familiar y la
de los niños sin locutorio y dos visitas conyugales al mes. La visita
de amigos se mantiene en locutorio, pero hasta hoy jamás ha sido
aceptada. El 10 de julio se realiza la primera visita dominical de niños.
A comienzos
de agosto se definen nuevas acciones para exigir visitas conyugales interpenales
y el derecho al estudio, trabajo y deportes. Los Presos se niegan a prestar
declaración ante los tribunales de justicia y las Fiscalías
militares. Gendarmería responde aplicando castigos individuales
de suspensión de visitas por 1 mes, de modo que a desde mediados
de agosto y todo septiembre la mayoría de los Presos políticos
no recibe sin visitas, tanto en la CAS como en San Miguel y la Penitenciaría.
No obstante, las visitas dominicales de los niños se mantuvieron.
Segundo traslado
a la CAS.
El 22 de
octubre de 1994 se realiza el segundo traslado de presos políticos
a la CAS y a partir de ese día se suspenden las visitas de manera
indefinida. En diciembre y enero la CAS es copada por el GEAM, que procede
a realizar un operativo de redistribución y allanamiento caracterizado
por una gran violencia. Los Presos políticos descubren, desmantelan
y denuncian a la prensa la existencia de micrófonos en diversas
dependencias del penal y presentan una querella criminal ante la justicia.
El 27 de marzo los Presos Políticos del Mapu Lautaro inician una
Huelga de Hambre indefinida en la CAS que, a partir del 3 de abril, asume
las características de una Huelga seca y masiva, sumándose
todos los Presos Políticos de la CAS y las presas políticas.
Los familiares realizan un ayuno en la Comisión Chilena de Derechos
Humanos. La Huelga de Hambre concluye el 7 de abril con un principio de
acuerdo que contempla dos visitas conyugales interpenales.
Desde
el punto de vista de infraestructura, la situación carcelaria reviste
hoy características más sofisticadas que en el pasado, violando
la integridad física y psíquica de los detenidos, a través
de la política de segregación interna y externa, de la vigilancia
permanente a través de cámaras, del clima de violencia y
hostigamiento latente que se expresa en allanamientos y golpizas frecuentes,
de los obstáculos a entregar asistencia médica y dental y
a proseguir o iniciar estudios, etc.
Las presas políticas
son trasladadas a la Sección Especial de Alta Seguridad (SEAS)
El 29 de
marzo de 1997 las Presas Políticas son trasladadas desde la Cárcel
de San Miguel a una Sección de Alta Seguridad (SEAS) construida
al interior del Centro de Orientación Femenina (COF).
El vuelo de justicia.
El 30 de
diciembre de 1996, el FPMR sorprende al gobierno y a Gendarmería,
al rescatar a 4 de sus militantes utilizando un helicóptero. La
inmensa mayoría del país solidariza con esta acción.
De inmediato los presos políticos emiten un comunicado saludando
la acción del FPMR y Gendarmería responde aislándolos
durante dos meses, al mismo tiempo que traslada a un nuevo contingente
de presos políticos desde diversos penales del país a la
CAS y a la Cárcel El Manzano de Concepción y cierra los patios
con una malla antiaérea.
Nace la Red de
los Presos Políticos.
En octubre
de 1996 se crea la Red de Familiares y Amigos de Presos Políticos,
con la información aportada por la ODEP y la colaboración
de los presos y presas políticas. Desde entonces esta página
se transforma en obligada referencia para todos los grupos de chilenos
y de la solidaridad internacional en el mundo entero. Posteriormente se
crea en Italia la página de presos políticos Arcoiris, en
lengua italiana y la Odep mantiene su propia página con información
general sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Mucha
de la información publicada, es sacada clandestinamente desde las
cárceles y retransmitida a la comunidad internacional.
Una maniobra controvertida
de Gendarmería.
El 18 de
octubre de 1997 Gendarmería traslada a Colina a 16 Presos políticos
de la CAS. Familiares, amigos y organizaciones de derechos humanos se movilizan
de inmediato contra este atropello y comienzan una denuncia en el ámbito
nacional e internacional. Todos los Presos Políticos inician una
Huelga de Hambre. Finalmente, en menos de una semana, los 16 presos son
reintegrados a la CAS.
Irrumpe la solidaridad
de las Madres de Plaza de Mayo.
El 23 de
julio de 1998 a las 15 hrs. se presentan ante la guardia de la CAS la presidenta
y un abogado de la Asociación Argentina Madres de Plaza de Mayo,
acompañados por miembros de la ODEP. Tras una espera que se prolongó
por 3 horas y tras múltiples consultas, Gendarmería autoriza
finalmente el ingreso al penal de Hebe de Bonafini y Sergio Schoklender,
de Madres de Plaza de Mayo, pero la visita debe hacerse a través
del locutorio. La delegación de las Madres exige una visita directa
y se niega a abandonar el penal, dejando claramente establecido que no
abandonarán el recinto aunque deban permanecer toda la noche en
la guardia. Por su parte, los Presos Políticos presionan con la
destrucción de cámaras y paneles de división. En las
puertas de la CAS, se congregó un numeroso grupo de manifestantes
portando un gran lienzo y velas, acompañados de un amplio espectro
de los medios de comunicación. Sólo a las 22 hrs. la delegación
de las Madres logró entrevistarse directamente con 6 delegados de
los Presos Políticos, abandonando el penal cerca de la medianoche,
visiblemente emocionados.
Traslado y torturas
en febrero de 1999.
En febrero
se cumplían 5 años de Cárcel de Alta Seguridad. El
6 de febrero, un operativo de gendarmería en que participan 180
gendarmes traslada a todos los presos políticos al penal de Colina.
Abogados de derechos humanos, la ODEP y familiares presentan querellas
y recursos de protección ante la justicia por torturas y robo de
pertenencias. El CODEPU solicita un Relator de Naciones Unidas contra la
Tortura y Amnistía Internacional lanza una Acción Urgente.
Si bien la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones reconoce la existencia
de "terror institucional" contra los presos políticos, el gobierno
paga 12 millones de pesos al abogado y ex ministro del Interior, Carlos
Figueroa, para que defienda al Director de Gendarmería, Hugo Espinoza.
La Corte Suprema acoge la defensa del Director de Gendarmería y
avala las torturas que considera como "procedimientos normales".
POR LA LIBERTAD
DE LOS PRESOS POLITICOS
Las motivaciones
de la prisión política tanto de la dictadura militar como
de los dos gobiernos civiles concertacionistas son similares: castigar
cuerpos e ideas de manera ejemplarizadora.
También
los mecanismos legales son similares, materializados en un cuerpo legal
destinado a reprimir especialmente la disidencia política. Lo que
decía el CODEPU sobre los presos políticos de la dictadura
puede aplicarse fielmente a los actuales presos políticos: "El derecho
básico a ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, fue
violentado: la mayoría de los detenidos eran (son) procesados por
tribunales militares y especialmente por fiscalías militares ad
hoc, que dictaban (dictan) sentencias desproporcionadas para la magnitud
de los presuntos delitos, incluyendo numerosas penas de muerte (5 peticiones
para militantes del Mapu Lautaro)... No se reconoció (y no se reconoce)
el derecho a la libertad provisional en virtud de la ley Antiterrorista
que negó legalmente ese derecho a los procesados...", etc.
Existe
igualmente una continuidad ideológica de pensamiento de izquierda
en los actuales presos políticos, en tanto todos se reivindican
como parte del movimiento popular, pertenecen a organizaciones que sustentan
ideas antisistémicas y utilizan métodos similares de lucha.
Esta continuidad es aplicable también a los métodos que utilizan
contra ellos las instituciones policiales y las fiscalías militares,
dejando en evidencia que el tema de fondo, vale decir, las contradicciones
sociales y el enfrentamiento de dos proyectos de sociedad, continúa
vigente.
Desde
el punto de vista jurídico, los presos políticos se encuentran
en la más absoluta indefensión, con procesos que se abren
uno tras otro y que no se cierran durante años, enfrentados a una
Justicia Militar omnipotente que los condena a penas desproporcionadas,
sin derecho a un debido proceso, con dobles procesamientos por un mismo
delito, sin derecho a solicitar indulto, etc.
La lucha
por la libertad de los presos políticos es una tarea ineludible
para quienes trabajan en el ámbito de los derechos humanos y para
todas las personas comprometidas con su defensa; también lo es la
exigencia del retorno de quienes tienen procesos pendientes y no pueden
vivir en su patria, como también el derecho a vivir en libertad
para quienes están obligados a hacerlo en la clandestinidad.
La ODEP,
durante sus 7 años de existencia como organismo de derechos humanos,
junto con oponerse a la impunidad, trabaja para ello con organizaciones
políticas y sociales hermanas y no ha vacilado en defender, denunciar
y apoyar permanentemente la causa de los presos políticos de antes
y después de 1990. En materia de defensa, hemos realizado una vasta
labor de información sobre la indefensión jurídica
en que se encuentra la mayoría de los presos políticos, los
dobles procesamientos, la inexistencia de un debido proceso. Hemos denunciado
la Justicia Militar que procesa a civiles, las torturas inflingidas por
el personal de Gendarmería a los presos, la inhumanidad de la Cárcel
de Alta Seguridad, apoyando y solidarizando con las huelgas de hambre,
las fugas y las movilizaciones por la libertad de las presas y presos políticos.
La ODEP
comparte la opinión de Alberto Espinoza - destacado abogado de derechos
humanos- expresada en una carta dirigida al presidente de la Comisión
Chilena de Derechos Humanos, que "el problema de los presos políticos
exige, en primer término, voluntad política del gobierno
para respaldar modificaciones legales y constitucionales que le faciliten
la recuperación de su libertad. En este sentido, la experiencia
de las Leyes Cumplido del primer gobierno de la Concertación que
permitió conmutar las penas de encarcelamiento por extrañamiento,
constituyen un ejemplo que bien podría ser imitado. Lo que no es
obstáculo para que, desde ahora, se implementen medidas de orden
administrativo emanadas de la autoridad ejecutiva como mejor trato carcelario
y el otorgamiento de beneficios carcelarios e indultos."
La libertad
de los presos políticos no podrá ser realidad sin la derogación
de la ley antiterrorista y otros códigos legales especiales, sin
la limitación de las atribuciones de la justicia militar y sin
el cierre definitivo de las Cárceles de Alta Seguridad. Tareas
que sólo puede abordar un gobierno verdaderamente democrático
y no por quienes que han hecho de la prisión política la
otra cara de la impunidad.
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