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URGENTE
"Organizaciones Internacionales
Denuncian la Liberación de un Torturador Peruano"
El 9 de marzo, oficiales
de los Estados Unidos detuvieron a Tomás Ricardo Anderson Kohatsu,
un agente de inteligencia militar peruano implicado en casos de violaciones
graves a los derechos humanos. Pruebas contundentes implican a Anderson
en la tortura de Leonor La Rosa Bustamante Andash; ex agente militar –
quien sufre de severas secuelas físicas a causa de la tortura infringida
. Otras víctimas de tortura han prestado testimonio ante la Oficina
de la Defensoría del Pueblo de Perú y ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, implicando a Anderson en hechos de
tortura.
El Departamento de Justicia
de los EEUU estaba dispuesto a procesar a Anderson basado en el "Torture
Victim Protection Act" 18USC Sec 2340" que contempla la extraterritorialidad
para perseguir a individuos implicados en casos de tortura. Una decisión
cuestionable del Departamento de Estado de los Estados Unidos bloqueó
el arresto del señor Anderson argumentando que éste gozaba
de inmunidad porque fue traído por el gobierno de Perú
para participar en una audiencia ante la Comisión Interamericano
de Derechos Humanos de la OEA.
Las organizaciones de derechos
humanos apoyamos la voluntad del Departamento de Justicia para perseguir
este caso. Con ellos se ha enviado una señal contundente a los torturadores
del mundo, y el Perú específicamente, en el sentido de que
los crímenes en contra de la humanidad cruzan fronteras y no deben
de quedarse impunes.
Deploramos asimismo la decisión
del Departamento de Estado de bloquear ésta oportunidad única
de iniciar acción penal en contra del señor Anderson. La
evidencia abrumadora que implica al mismo en actos reiterados de tortura,
claramente constituye prueba suficiente para ejercer acción penal
en su contra y obligaba a los Estados Unidos a actuar conforme al derecho
nacional e internacional. Entendemos la decisión del Departamento
de Estado, como una expoliación injustificada del principio de inmunidad.
Más aún, el derecho internacional prohibe claramente otorgar
inmunidad a cualquier acusado de cometer crímenes contra la humanidad,
incluyendo a jefes de Estado, tal como se
estableció claramente
en el caso de Pinochet.
Manifestamos nuestra decisión
y voluntad de actuar en todos los casos similares que puedan surgir en
el futuro. Los códigos legales deben acompañarse de la voluntad
política de las autoridades de los Estados Unidos para cumplir la
ley.
Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (CEJIL), Coalición por la Justicia Internacional
(Bianca Jagger) ,Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú,
Human Rights Watch (HRW) The Washington Office on Latin American (WOLA)
Lima 10 de marzo de 2000
El 23 de marzo: gran jornada
de lucha
Paros, marchas, mítines
y bloqueos de carreteras. Convocados por la Central General de Trabajadores
del Perú (CGTP) y los frentes regionales, los trabajadores, pobladores
de los asentamiento humanos y organizaciones sociales de todo el país,
le dirán no al fraude electoral este 23 de marzo con de una jornada
cívica de protesta nacional que se iniciará a las cero horas.
Así lo dieron a conocer ayer dirigentes de la CGTP quienes señalaron
que la jornada de protesta incluirá paros gremiales y regionales,
movilizaciones, mítines y bloqueo de carreteras en distintos puntos
del pais. Domingo Cabrera, dirigente nacional de la CGTP, refirió
que éste fue el acuerdo unámine al cual arribaron todas las
bases de la Central Sindical y los frentes regionales reunidos el miércoles
pasado en una asamblea general.
Precisó que la Jornada
Nacional de Protesta se plantea como una medida de fuerza mucho más
amplia que un paro nacional por cuanto convocará no sólo
a los gremios sindicales sino también a las organizaciones sociales
y políticas quienes participarán de acuerdo a la forma que
determinen. "Se trata de una convocatoria amplia, se iniciará a
las cero horas con bloqueos de carreteras en algunos puntos de la ciudad,
habrá movilizaciones sectoriales y al medio día una concentración
masiva en la Plaza Dos de Mayo para iniciar la movilización central",
refirió. Indicó que hasta la fecha decidieron participar
en la jornada cívica con paralizaciones nacionales contrucción
civil, los maestros del Sutep, los campesinos, los mineros y los frentes
regionales de Trujillo y Arequipa.
"Será una muestra
de rechazo a la pretensión reeleccionista del presidente Alberto
Fujimori, el fraude electoral, la prepotencia que se expresa en los ataques
al Defensor del Pueblo y el modelo económico neoliberal.
Los pueblos del Perú
En la Jornada de protesta
también participarán el Frente Unitario de los Pueblos del
Perú, organización que representa a 2,000 asentamientos humanos
del país que actualmente libran una dura batalla con el Estado para
la cancelación de las deudas contraídas con el Banco de Materiales,
Fonavi y Enace.
Jaime Chihuala, asesor del
FUPP, afirmó que el 23 de marzo por la mañana bloquearán
varios tramos de la Panamericana Norte, efectuarán marchas por sus
distritos y luego se concentrarán en la Plaza Dos de Mayo.
Indicó que los asentamientos
humanos sucriben el caracter preciso de la convocatoria contra la re-reelección
presidencial y el fraude electoral en razón de que consideran ilegal
la tercera postulación del jefe de Estado.
Demandan, además,
la entrega de certificados de cancelación de las deudas con el Banco
de Materiales, la entrega de lotes gratuitos por el Profam antes del 9
de abirl y la devolución de la contribuciones responsables y la
sobrevaloración de las instalaciones domiciliarias de saneamiento
y electrificación. La República 10 de marzo.
Riesgos Sobre la Mesa:
Acerca de cómo podría
efectuarse el fraude el 9 de abril y qué mecanismos hay para evitarlo.
Es difícil hacer
fraude en las grandes ciudades, donde los partidos pueden acreditar personeros
en todas o la mayoría de mesas electorales. Pero no lo es tanto
realizarlo en las zonas rurales, sobre todo las que fueron afectadas por
la violencia política.
Allí, aunque el gobierno
ha prometido levantar el Estado de Emergencia antes del 9 de abril, la
presencia de los militares y los Comités de Autodefensa que ellos
controlan, sigue siendo decisiva, en muchos sentidos. El temor de la gente,
después de varios lustros de feroz violencia política,
con miles de muertos y desaparecidos,
está presente cotidianamente. Las amenazas directas de los militares,
combinadas con promesas de regalos, pueden inducir el voto de muchos campesinos
en zonas apartadas, donde difícilmente los partidos tendrán
personeros. También para las organizaciones que observan las elecciones,
como Transparencia, es complicado llegar a esas zonas con voluntarios.
Sin embargo, van a poner todos sus esfuerzos en ello. Los observadores
internacionales, que en conjunto son unas pocas decenas, no tienen capacidad
de llegar a esas áreas. Porque el problema es que son circunscripciones
apartadas, de trabajoso acceso y con muy pocos electores. Pero que sumadas,
llegan a aproximadamente un 8 ó 9% del electorado nacional. El punto
es que el Ejército sí está allí, en cada centro
de votación y en cada mesa.
Y, tal como se ha denunciado
en los últimos meses, existe la fundada sospecha que la institución
castrense, controlada por los compañeros de promoción del
ex capitán Vladimiro Montesinos, no se mantendrá imparcial
en estos comicios.
EL CASO VINCHOS
En las municipales de octubre
1998, los militares y otros funcionarios estatales intervinieron descaradamente
en las elecciones del distrito de Vinchos, provincia de Huamanga, departamento
de Ayacucho. El fraude fue documentado por la Defensoría del Pueblo
y Transparencia, y el JNE tuvo que
anular las elecciones en
esa localidad.
El problema es que esa modalidad
de manipulación electoral fue usada, al parecer, en varios otros
lugares, donde no hubo control ni fiscalización. En el distrito
existen unas 80 comunidades que viven en condiciones de extrema pobreza,
que agrupan a casi 6 mil electores distribuidos en 34 mesas
de sufragio. Varios testigos
oyeron decir a Antonio Lantoy Rojas, alcalde de Vinchos y candidato a la
reelección por Vamos Vecino, que el que no votara por la agrupación
oficialista "podía ser descubierto por la computadora".
También amenazó
que si no lo elegían "no iba a haber el programa del Vaso de Leche".
El día de las elecciones, la población fue convocada a una
reunión de los comités de autodefensa. Los ronderos concurrieron
con sus armas de fuego, cosa que está explícitamente prohibida
por la ley. Según Walter
Alejos, del Movimiento Cívico
Ayacucho, "los convocaron con la finalidad de amedrentar a la población
y así captar el mayor número de votos para la agrupación
oficialista". La votación se efectuó en el Colegio
José de San Martín. Unas diez mesas fueron instaladas en
la cancha de fútbol, al aire
libre, contraviniendo la
ley electoral.
Para llegar al lugar, había
que atravesar el río por un puente, donde se ubicaron carpas con
la inscripción de Vamos Vecino. En esas carpas se repartía
gratuitamente comida, carnés y stickers de esa agrupación.
Al que lo tenía se le ofrecía transporte de regreso a su
comunidad, alimentación y
bebidas alcohólicas.
A algunos se les ofreció pagar diez soles por votar por Vamos Vecino.
Quien ordenó dar inicio al proceso de votación fue un oficial
del Ejército, quien también prohibió el ingreso de
los personeros, una nueva violación de la ley.
En esas condiciones, los
soldados y ronderos veían cómo votaban los electores, lo
que significaba una obvia presión sobre los ciudadanos. Al final,
miembros del Ejército, aprovechando la ignorancia y el miedo de
los miembros de mesa, llenaron las actas. El alcalde Lantoy fue reelegido.
Las elecciones fueron anuladas por el JNE. En 1999 los comicios se repitieron.
Lantoy volvió a ganar, pero por un margen estrechísimo, menos
de 20 votos. Se denunció también la intromisión del
gobierno, pero esta vez el JNE aprobó el proceso.
El asunto es que esa modalidad,
ensayada en Vinchos, podría repetirse impunemente en otros lugares
si no existe control y fiscalización. La misión de observación
de la Federación Internacional de Derechos Humanos viajó
a provincias en febrero y constató los mecanismos que pueden utilizarse
para
presionar a los electores.En
su informe dijeron que "hemos podido observar en algunos lugares de provincias,
específicamente en Ayacucho, que existe entre la población
la sensación que no está garantizado el secreto del voto.El
Instituto de Defensa Legal (IDL) ha corroborado recientemente la
existencia de ese difundido
temor. En su último boletín, del 7 de marzo, dicen que miembros
del IDL que viajan por diferentes zonas rurales del país, se han
encontrado en las últimas semanas "con una constante al tomar contacto
con los campesinos: todos dicen que el voto no va a ser secreto y
que las autoridades, a través
del holograma, sabrán por quién han votado". Por último,
está el artículo 315• de la ley orgánica
de elecciones, que posibilita que existan más votos que votantes
en una mesa de sufragio. Esto parece absurdo, pero es así, gracias
a la ley aprobada por el oficialismo.
Es decir, en el acta de una
mesa puede constar que ha habido, por ejemplo, 100 electores, pero hay
180 votos. ¿Vale la votación? Sí. Es perfectamente
legal. Los 180 votos, emitidos algunos por ciudadanos reales y otros por
fantasmas, cuentan por igual. La única limitación es que
el número de votos no exceda el número de electores hábiles
en la mesa, que por lo general es de 200.
Como las cédulas
de votación se destruyen después de ser contadas, no hay
manera de confrontar nada ni de aclarar el misterio. Caretas 1609 del 9
de marzo. (resumen).
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