Un recluso muerto y 47
heridos en violentos enfrentamientos
Con helicópteros
y tropas de elite sofocaron motin en Lurigancho
Contingentes policiales y
militares, con apoyo de siete helicópteros artillados, retomaron
violentamente ayer el penal de Lurigancho, donde unos 1,500 reclusos se
mantenían en rebeldía desde la noche del lunes demandando
mejoras carcelarias.
Grupos de élite incursionaron
por diversos flancos arremetiendo contra la población penal que
se mantenía en los techos de los pabellones. La intervención
fue ejecutada en horas de la mañana por más de 500 efectivos
fuertemente pertrechados,
quienes ingresaron al reclusorio luego de que las patrullas aéreas
sometieran a los reclusos a un incesante ataque con bombas lacrimógenas.
Voceros del Inpe informaron
después que un interno murió y otros 47 sufrieron heridas
graves. Sin embargo algunos presos que establecieron contacto directo con
la prensa, a través de teléfonos celulares, dijeron que al
menos 2 compañeros
suyos perdieron la vida.
Todo el perímetro
del centro penitenciario fue cercado por agentes de la Dirección
de Operaciones Especiales (Dinoes-PNP), quienes trataron vanamente de impedir
a reporteros nacionales y extranjeros seguir las
secuencias de la incursión.
La misma fue puesta en práctica
a las 10.30 de la mañana, siete horas después de que un grueso
contingente policial con personal del INPE, ingresara por la fuerza a la
cárcel de mujeres de Chorrillos para doblegar a las
internas acusadas por delitos
comunes que, desde el jueves pasado, también se mantenían
en rebeldía.
Precisamente ellas fueron
quienes iniciaron las protestas exigiendo la promulgación de una
ley de despenalización para ancianos, celeridad en sus procesos
judiciales y el estricto cumplimiento de los Derechos Humanos, entre otros
pedidos.
Los reclamos de las reclusas
encontraron eco en otras cárceles de Lima y el interior del país,
cuya población hizo suyas las demandas. En vez de propiciar el diálogo
para encontrar una salida razonable al problema, el gobierno restó
importancia a las protestas. La tarde del lunes el jefe de Estado, Alberto
Fujimori, dijo que las reclusas de Chorrillos "no tenían motivos
para rebelarse". Horas después estalló la revuelta en Lurigancho
donde -a diferencia de lo que acontecía en otras cárceles-
los internos tomaron los techos de los edificios
interiores y quemaron colchones
con el fin de hacer sentir la medida de fuerza adoptada.
Desde las 9.30 de la noche
del lunes, blandiendo cartelones y vociferando sus reclamos, los presos
se mantuvieron posados en la parte alta de los pabellones 5, 7, 9 y11 "A",
así como en el 11 "B". Hasta en 4 ocasiones la policía intentó
retomar el control en el local, efectuando incesantes disparos con fusilería
y utilizando proyectiles lacrimógenos, pero sólo consiguió
alterar más aún los ánimos. Al promediar las 2.00
de la madrugada la refriega en el penal cesó, manteniéndose
desde entonces una tensa calma hasta las 10.30 de la mañana de ayer
en que tropas policiales y militares arremetieron con todo.
Bombardeo aéreo
La utilización de
helicópteros en la retoma del penal hizo recordar un operativo igual
de violento desarrollado hace unas semanas en Villa El Salvador, para desalojar
a cientos de familias que habían invadido terrenos
privados. Las naves -tres
de la PNP, tres del Ejército y una de la FAP- aparecieron sorpresivamente
y sobrevolaron en circulo la cárcel, levantando una densa polvadera.
A partir de ese instante
se tuvo la certeza de que un posible diálogo con los presos había
sido desechado por las autoridades. Horas antes se habían registrado
algunos hechos que ya hacían presumir ello. Por ejemplo, decenas
de francotiradores habían tomado posición en las faldas y
cimas de los cerros que bordean el penal. También patrullas militares
se encontraban desde las 6.50 de la mañana listas para entrar en
acción.
La movilización del
personal de tropa evidenciaba ya lo que ocurriría luego.
No obstante los internos
persistieron con sus demandas. ¡Lima y Callao, el miedo se acabó!,
fue una de las frases que con más insistencia repitieron los reclusos
cuando empezaron a sobrevolar las naves.
Fueron los agentes que estaban
dispersos en los cerros quienes iniciaron el ataque, apuntando con sus
lanzabombas hacía los techos de los pabellones. A las 10.50 a.m.
se escuchó una fuerte explosión dentro del penal y paralelamente
los tripulantes de los helicópteros se sumaron a la acción,
arrojando numerosos petardos lacrimógenos y bombas de humo contra
los sublevados.
Estos resistieron hasta
las 11.20 de la mañana la arremetida. A esa hora, sofocados por
los gases, decidieron descender de los techos unos 70 internos, quienes
fueron neutralizados en el acto por brigadas especiales que
ya habían ingresado
al local. Quince minutos después hizo lo propio un grupo mayor.
Los primeros fueron
obligados a permanecer bocabajo
en el patio principal y los otros en el pasadizo que intercomunica todos
los pabellones signados con números impares.
Al mediodía los policías
y soldados recién pudieron tener acceso a los techos y procedieron
a bajar a algunos reclusos que permanecieron en esos lugares hasta el final.
No a Defensoría
del Pueblo
Cuando la situación
ya estaba bajo control, arribaron al presidio los representantes de la
Defensoría del Pueblo, José Avila Herrera y Julio Magán,
con el fin de indagar sobre el estado de los presos. A ninguno de ellos
se les permitió el ingreso. La policía les informó
que "por ordenes superiores" estaban impedidos de entrar.
"En inconcebible todo ésto,
en ninguna parte del mundo se le niega ejercer su función a los
representantes de la Defensoría del Pueblo. Por más que sean
reos con la libertad privada, se trata de personas que gozan de derechos
que deben ser respetados...", dijo mortificado el doctor Avila Herrera.
En horas de la tarde el Inpe
informó, mediante un comunicado oficial, que como consecuencia de
la revuelta en Lurigancho, había fallecido el recluso Juan Willian
Jaén Jiménez, quien fue evacuado al hospital Hipólito
Unanue.
Al mismo nosocomio -señaló-
fueron llevados heridos los internos Antonio Alfredo Tarazona Padilla y
Herlin Villegas Domínguez. No dió cuenta sobre el ingreso
a ese centro asistencial del preso Angel Rodríguez Reyes, quien
sufrió lesiones contusas al caer por un tragaluz desde el techo
de uno de los pabellones.
Los voceros del Inpe precisaron
que otros 44 internos también resultaron heridos y reciben atención
en el policlínico del mismo penal.
Familiares de reclusos
dicen que hay una serie de irregularidades
"El penal es una bomba
de tiempo"
El penal es una bomba de
tiempo donde aún viven hacinados 6,800 internos. La corrupción
se sucede a diario, algunas fugas no se denuncian porque se carece de un
registro exacto y no existe ningún respeto por la persona humana,
revelaron los familiares de los presos.
Muchos de nuestros esposos,
hijos o hermanos no denuncian estas irregularidades por temor a ser agredidos,
sin embargo, ahora se han visto precisados a reclamar en forma pacífica
para que haya mayor eficiencia y
celeridad en la administración
de justicia, indicaron. "Las cárceles se construyen para readaptar
a los presos no para hacinar a los procesados debido a la excesiva demora
en el juzgamiento por parte del Poder Judicial", expresó Florinda
Valencia Ramos.
El estado de tensión,
sin embargo, creció en el lugar donde se encontraban los familiares
de los internos, cuando desde los helicópteros de la PNP, del Ejército
y la FAP, empezaron a lanzar los gases irritantes para obligar a los reclusos
a deponer sus medidas de fuerza.
Decenas de madres de familia,
esposas, hermanas e hijas de los presos trataron entonces de romper el
cerco policial pero fueron contenidas con violencia por unos 120 efectivos
de la Divoes. Estas se vieron obligadas a replegarse hacia uno de los cerros
tras haber sido atacadas también com bombas lacrimógenas.
Hay que romper las barreras
burocráticas, pues muchas autoridades ignoran los principios básicos
de la sociedad carcelaria, manifestaron indignadas algunas jóvenes
que corrían desesperadas de un lugar a otros, implorando el cese
de los disparos.
Los pobladores de las zonas
2 de Setiembre, Huanta y San Gabriel, también
fueron afectados por los
gases irritantes.
La versión del
INPE:
Comunicado oficial Nº 03-2000/INPE
1.- A horas 21.15 del
28 de feb. 2000, internos comunes del Centro Penitenciario San Pedro
(Lurigancho) iniciaron actos de violencia e indisciplina; como consecuencia
de una reyerta entre ellos. Falleció a horas
00.30 en el hospital
Hipólito Unanue el recluso Juan William Jaén Jiménez
por herida punzo-cortante, resultando contusos Antonio Alfredo Tarazona
padilla y Herlín Villegas Domínguez, quien fue dado de alta.
2.- Frente a esta situación,
a horas 10.30 de la fecha, Personal Policial, empleando únicamente
agentes lacrimógenos, ejecutó un operativo que logró
restablecer el orden. Al termino de la intervención, 44 internos
fueron atendidos en el policlínico del citado penal por presentar
contusiones y otros con heridas punzo-cortantes, ocasionadas por
otros internos que trataron de impedir que éstos acataran
las disposiciones de las autoridades.
3.-Actos de esta naturaleza,
que son inaceptables por lesionar el principio de autoridad y la
seguridad interna del país, serán controlados con prudencia,
pero con firmeza, con pleno respeto de los derechos Humanos y
la participación
del Ministerio Público.
Lima, 29 de febrero
de 2000.
Miercoles01 febrero
Trasladan a Huacho a 70
reclusas, entre ellas a delegadas
De madrugada retoman
control del penal de mujeres de Chorrillos
Violentamente fueron reprimidas
ayer al amanecer las internas del penal de mujeres de Chorrillos por efectivos
policiales y agentes del Inpe, para acallar las protestas que iniciaron
el pasado jueves debido a las difíciles condiciones carcelarias
y judiciales que padecen.
El operativo conjunto se
inició a las 3.00 a.m.. Las reclusas declaradas en rebeldía
fueron tomadas por sorpresa, siendo desalojadas del patio principal y llevadas
a viva fuerza a sus respectivos pabellones.
La medida fue ejecutada
por personal femenino de la PNP y el Inpe. Varias de las presas se encontraban
en ese instante pernoctando con sus hijos, quienes también resultaron
afectados por los gases lacrimógenos empleados.
Vecinos de la avenida Huaylas
-arteria donde se encuentra el reclusorio- aseguraron haber escuchado disparos
en ráfaga ejecutados al aire, durante la intervención.
Familiares de las internas
aseguraron haberse comunicado con algunas de ellas a través de teléfonos
celulares, habiendo sido alertados sobre la existencia de varios heridos.
Dijeron, por ejemplo, que entre las supuestas lesionadas figura una ciudadana
holandesa llamada Cristina, quien purga condena por tráfico de drogas.
Aseguraron, de otro lado,
que 70 de sus compañeras fueron trasladadas al penal de Huacho,
entre ellas las delegadas Diana Flores, María Luisa Paredes, Susana
Moltto, Rosario Oliveros, Isabel Zuñiga, Fabiola Paredes y Ana Kleker.
El Inpe guardó reserva
sobre los incidentes registrados en dicho penal. No confirmó ni
desmintió los denunciados traslados.
300 presos se cosen la
boca y exigen traslado a Tumbes
Huelgas de hambre en
penales de Piura, Sullana y Huánuco
Motines y huelgas de hambre iniciaron ayer los presos de las
cárceles de Piura, Sullana y Huánuco, reclamando la agilización
de sus procesos y que las autoridades cambien las lamentables
condiciones de su encierro.
En el penal de Arequipa,
las internas iniciaron un intento de amotinamiento, en tanto que en Tacna
se denunció que la fiscal amenazó con abrir acción
penal contra las reas que propiciaron la huelga de hambre en el penal de
Pocollay.
A primera hora de ayer internos
del penal "Río Seco", en Piura, tomaron los techos e iniciaron una
huelga de hambre, protagonizando disturbios que obligaron a la movilización
de refuerzos policiales. Se informó que 300 presos procedentes de
Tumbes se cosieron la boca, exigiendo su inmediato traslado a la cárcel
de esa ciudad.
El jefe de la primera región
de la policía, general PNP Alfredo Barrios Esquivel, el titular
de la tercera fiscalía penal, Edward Ríos y el presidente
de la Corte Superior de Piura y Tumbes, Jorge Santa María, llegaron
al penal
para informarse de lo ocurrido.
Efectivos policiales, que
formaron un férreo cordón en las afueras del establecimiento,
dispararon al aire para amedrentar a los internos que quemaron colchones
en los techos del pabellón 3, donde se centralizaron los
desmanes .
El presidente de la Corte
dispuso el traslado de los tumbesinos a la ciudad fronteriza, atendiento
el pedido de los internos que permanecían en la terraza de penal.
En Sullana
En los exteriores de la cárcel
de mujeres de Sullana unas 89 reclusas se declararon en huelga de hambre
y sus protestas arreciaron a las dos de la tarde, cuando quemaron colchones
exigiendo el respeto de sus derechos.
Veinte minutos después
el jefe de la Sub Región de la Policía Nacional, coronel
PNP Fernando Paredes Roncal y el fiscal de turno encargado de las investigaciones,
Samuel Guerrero León, ingresaron a las intalaciones y
conversaron con las delegadas
que les entregaron un memorial. Familiares de las reas denunciaron que
extraños las persuadieron a provocar el motin ofreciéndoles
ayuda judicial y la disminución de sus penas.
En Huánuco
En Huánuco, 1,200
reclusos se amotinaron e iniciaron una huelga de hambre indefinida en el
penal de Potracancha, de esta ciudad, exigiendo la agilización de
sus procesos.
El motín se inició
a las cinco de la madrugada y cuatro horas después, el presidente
de la Corte Superior de Justicia, Dr. Jorge Picón Ventocilla se
apersonó al penal junto al Fiscal Provincial, Rodolfo Vega y el
coronel PNP Novato Soto Barrera.
Tiene prioridad en sus reclamos
la agilización de los procesos y que la sala de sentencias labore
en forma ágil y permanente, la nulidad del denominado "criterio
de conciencia" y la reposición del 2x1.
En Arequipa
De otro lado, las internas
por delitos comunes del penal de mujeres de Socabaya, protestaron durante
horas e intentaron iniciar una huelga de hambre, pero fueron disuadidas
por las autoridades.
Se dijo que la revuelta fue
provocada por la norteamericana Lori Berenson, pero esta permanece bajo
estrictas medidas de seguridad y no tiene contacto con las presas comunes.
El presidente de la Corte
Superior de Justicia, Dr. Berly Cano Suárez y la fiscal de turno,
dialogaron con las reas que depusieron su medida con la promesa de atender
sus reclamos, principalmente, la agilización de los
procesos.
En Tacna
El presidente de la Asociación
de Derechos Humanos de Tacna, Jesús Agreda denunció que la
fiscal Yolanda Gómez amenazó con abrir proceso penal a una
interna acusada de propiciar la huelga de hambre registrada en el Penal
de Pocollay. Condenó los actos de amenaza que han creado malestar
entre las reas y exigió a las autoridades penitenciarias la solución
de su petitorio, para evitar futuros actos de violencia.
Coordinadora Nacional
de DDHH pide mejorar deficiencias carcelarias
Hacinamiento y retraso procesal
propiciaron motines en penales
La Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos manifestó que el alto índice de presos
sin condena y el hacinamiento en los penales han propiciciado el amotinamiento
de internos en los diversos penales del país, y
exigió a las autoridades
que tomen las medidas eficaces para mejorar las deficientes condiciones
carcelarias.
Pidió que se le prodigue
al preso un trato digno y acorde a las Reglas Mínimas para el Tratamiento
de Reclusos de Naciones Unidas.
Indicó que persisten
los regímenes penitenciarios especiales, limitándose una
serie de derechos, y las Salas Corporativas de competencia nacional, como
la de tráfico ilícito de drogas, retardan el juzgamiento
de los internos, quienes tienen que esperar como mínimo seis meses
para que el respectivo juzgado o sala arribe a la localidad sede del establecimiento
penitenciario.
A ello se debe agregar, dijo,
el deficiente servicio que se brinda en los servicios médicos, jurídicos
y psicológicos, a cargo de un escaso personal.
Según la CNDH, de
los más de 27 mil internos que conforman la población penal,
aproximadamente 10 mil 119 son hombres y 627 mil mujeres que no realizan
ningún trabajo en el interior de la prisión. Los talleres
de producción que viene implementando el Instituto nacional Penitenciario
(INPE) no son suficientes.
La CNDH dejó establecido
que el trabajo influye positivamente en la rehabilitación y permite
a los presos subvencionar algunas necesidades, aunque sea mínimas,
de sus familias.
Refirió que en los
penales construidos en la última década se ha priorizado
el factor seguridad, dejando de lado la construcción de talleres
y aulas de educación.
En el caso de los internos
por terrorismo, explicó que "si bien las condiciones de reclusión
se han flexibilizado, aún se mantienen en niveles lamentables".
"El bajo presupuesto para la alimentación, el hacinamiento y la
sobrepenalización
hacen que la situación en nuestras cárceles sea lamentable",
sostuvo la CNDH.
En reunión convocada
de emergencia
Comisiones Ejecutivas
se culpan entre sí
Las Comisiones Ejecutivas
del Poder Judicial (CEPJ) y Ministerio Público (CEMP) se reunieron
ayer de urgencia para evaluar la situación en los centros carcelarios
del país y las criticas del presidente del Consejo de Ministros
y titular de Justicia, Alberto Bustamante, por la lentitud en que se desarrollan
los procesos judiciales.
La reunión se desarrolló
en privado en los ambientes de la Corte Suprema en Palacio de Justicia.
Ni antes ni después de la reunión, solicitada por la presidenta
de la CEMP, Blanca Colán Maguiño, se dieron declaraciones
a la prensa sobre los acuerdos tomados. Sólo se dijo que las medidas
serían aplicadas de inmediato.
Participaron por la CEPJ,
su presidente Víctor Castillo Castillo, el secretario ejecutivo,
David Pezúa, y los vocales supremos Jorge Buendía y Luis
Serpa.
Por parte de la CEMP, la
doctora Colán, el secretario ejecutivo Mario Zegarra y los vocales
supremos Pedro Gutiérrez y Angel Fernández.
La reunión se habría
iniciado con bastante tensión, en medio de críticas mutuas
entre los participantes sobre la lentitud de los procesos judiciales. El
Poder Judicial decía que la lentitud era culpa de los fiscales,
y estos refutaban que los plazos y fechas en que se inician los juicios
dependen de los jueces.
Los representantes del Poder
Judicial se habrían defendido señalando que eso se debe a
deficiencias en la legislación penal y la falta de recursos económicos,
que no les permite agilizar aún más los procesos.
Las mayores criticas habrían
estado dirigidas a la labor de las Salas Penales Supremas Provisionales,
especialmente la de tráfico de drogas, que controla desde las sombras
el super asesor presidencial Vladimiro Montesinos.
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