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La Paz, 9 jul (EFE).- El nuevo Código Penal boliviano reformará radicalmente el procedimiento jurídico nacional al introducir el jurado popular, reconocer las leyes indígenas y limitar la duración de los enjuiciamientos a un período máximo de tres años. Esta reforma pretende
poner fin a la crisis del sistema judicial boliviano y crear un proceso
ágil y transparente que permita devolver al ciudadano la credibilidad
en la justicia, según reconoció el
La nueva ley, que recibió en marzo la aprobación del Congreso, iniciará la próxima semana un período preliminar de aplicación y difusión, pero no entrará completamente en vigor hasta el 31 de mayo del 2001. El texto reconoce por primera vez a las comunidades indígenas su derecho consuetudinario y establece la celebración de juicios acordes con la realidad cultural de estas poblaciones. La legislación indígena, aplicada fundamentalmente por algunas comunidades aymaras y quechuas de Bolivia, tendrá las limitaciones constitucionales, por lo que se excluirán la pena de muerte o las torturas, como el llamado cepo, un artefacto de madera con el que se inmoviliza de pies y manos al reo. La justicia
boliviana introducirá además la figura del "juez ciudadano",
que podrá ser cualquier persona mayor de 25 años inscrita
en el censo, con la única exclusión de militares, policías
y
El Gobierno boliviano reconoce que el anterior código tenía un carácter autoritario, dejaba indefenso al imputado y consentía retrasos de casi una década en la resolución de los juicios. A partir de la entrada en vigor del nuevo código, los procedimientos que no concluyan con una sentencia en el plazo de tres años serán resueltos y la acción penal se considerara extinguida. El Gobierno boliviano confía en que la medida descongestionará los juzgados, que además se verán obligados a resolver antes del 2004 todas las causas pendientes hasta la fecha de entrada en vigor del nuevo código. La justicia boliviana delimitará también las funciones del juez instructor, cuya imparcialidad se pone en duda por sus competencias tanto en la investigación como en la acusación. Con la nueva ley, el juez asumirá el papel de garante del proceso de investigación y el fiscal se encargará de la acusación. El nuevo
sistema judicial requerirá cuantiosas inversiones en formación,
infraestructuras y tecnología, para lo que contará con la
aportación de distintos organismos, entre ellos la Agencia Española
de Cooperación Internacional, según el Ministerio de Justicia.
EFE pvo jla/vv
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