El juez Garzón reclama
información al ministro de Exteriores sobre documentos que éste
entregara al gobierno de Chile y denuncia que una solución pactada
de arbitraje afectaría al principio de independencia judicial. Matutes
negocia en secreto con su homólogo chileno en una operación
que se ha denominado un ”chanchullo político”.Expresión de
ella es el recurso presentado por el fiscal Pedro Rubira, solicitando la
libertad de Pinochet. Hecho que ha provocado airadas protestas de partidos
políticos y organizaciones
judiciales
El magistrado de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón, encargado de la instrucción del
caso Pinochet, remitió un oficio al ministro de Asuntos Exteriores,
Abel Matutes, para que éste aclare si el Gobierno de Chile ha solicitado
un "arbitraje amistoso" para solucionar extrajudicialmente el "caso Pinochet"
y si España ha adoptado ya alguna medida en este sentido.Hace tal
petición dada "la trascendencia de la información que
se comunica y que de ser cierta podría interferir la esfera exclusiva
y excluyente de la jurisdicción penal" y "afectar al principio de
independencia judicial", y amenazó con remitir el asunto al Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) como le autoriza la ley.
También envió
un segundo escrito a Matutes para preguntarle si es cierto,como publicó
el diario chileno ”El Mercurio”, que el Gobierno español accedió
a transmitir, a través del Ministerio de Justicia, toda la información
disponible que había solicitado el Gobierno de Chile sobre las actuaciones
del ministerio fiscal. Matutes dijo al diario derechista:"mi Gobierno (...)
accedió a transmitir oficialmente, a través del ministerio
de Justicia, toda la información disponible que había solicitado
Chile sobre las actuaciones del ministerio fiscal". Los hechos son concretos.
La entrega de los informes jurídicos ha respondido a la línea
de negociación con Chile adoptada por el Gobierno de Aznar de "escuchar
y aceptar opciones" del Ejecutivo chileno para solucionar el conflicto.
Por lo cual, Garzón pide que, "de ser cierto el contenido del artículo",
y dado que se hizo "oficialmente" a través del Ministerio de Justicia
"y que este juzgado no ha sido requerido para suministrarla por ninguna
de las partes", el
ministro indique "si la
información remitida incluye actuaciones producidas en el seno del
proceso y, por ende, protegidas por lo dispuesto en el artículo
302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para quien no son parte en el
mismo". Es decir, el escrito del juez está enjuiciando a Matutes
por
una contravención
del secreto sumarial, que en su caso podría constituir un delito
de revelación de secretos. Cual vulgar soplón revela secretos
del sumario para defender a un criminal confeso.
La petición de Garzón
se produjo el mismo día en el que el Ministerio británico
del Interior confirmó que si el Gobierno español decidiera
levantar la petición de extradición de Pinochet, el ex dictador
quedaría libre y podría regresar a Chile. El ex-dictador
será "puesto en libertad si España renuncia a su demanda",
dijo el Ministerio británico del Interior. "Estamos actuando únicamente
en base a la demanda española. Todas las demás demandas de
extradición, procedentes de Francia, Suiza y Bélgica han
sido descartadas en beneficio de la demanda española". Pero no se
descarta. que
uno de estos países
vuelva a plantear su demanda si Madrid renuncia a la suya. Esto podría
obligar al Gobierno de Blair a volver a arrestar al ex-dictador. Además
podría ser juzgado en Londres, dado que la Fiscalía Pública
británica ha anunciado una demanda en tal sentido si prosperan las
falaces maniobras del ”chanchullo político” de dejarle en libertad.
OCULTAN CONVERSACIONES
SECRETAS
Diversas reacciones se produjeron
tras conocerse que los voceros de los ejecutivos chileno y español
se reunieron en secreto en las últimas semanas para discutir la
posibilidad de crear un tribunal internacional de arbitraje que estudie
el caso. El canciller chileno, Gabriel Valdés (PS), ha solicitado
a Matutes se levante la petición de extradición en caso de
que Pinochet afrontase un posible arbitraje internacional. Los antecedentes
del ”chanchullo” comienzan a ser de conocimiento público. El rotativo
inglés ”The Guardian”
sostiene que las reuniones secretas entre los ministros de Exteriores reflejan
el nerviosismo del gobierno de José María Aznar, que no quiere
que en España se celebre un embarazoso ”juicio espectáculo”
que podría dañar las perspectivas comerciales con Chile.
Por
lo cual, la respuesta del
Ejecutivo no ha tardado en llegar. El ministro de Asuntos Exteriores, Abel
Matutes, ha asegurado que la actuación del Gobierno ha sido siempre
"de fiel respeto a la legalidad". Y, en referencia a un arbitraje, ha afirmado.que
si "si surge por lo tanto alguna duda razonable, alguna posible interpretación
discrepante frente a la que le ha sido dada al Gobierno español
hasta ahora, no tenga usted la menor duda de que recurriremos al Consejo
de Estado". Además, ha reconocido que este problema le preocupa
"enormemente" porque "es evidente que está afectando a nuestra relación"
con este país, que han sido "altamente valoradas" por los sucesivos
gobiernos españoles, "y por éste en particular".
Los gobierno de Chile y España
ocultan que existan negociaciones secretas. El Ministerio de Asuntos Exteriores
español ha negado este tipo de tratativas, en relación con
los escritos enviados por el juez Baltasar Garzón: "los únicos
documentos remitidos a las autoridades chilenas, atendiendo a la petición
formal de dichas autoridades, son aquellos que a juicio de los asesores
jurídicos del Estado podían ser entregados". Por su parte,
el canciller chileno, Gabriel Valdés, ha negado conversaciones
secretas para evitar que
el ex dictador encare un juicio para su extradición a España..En
falaz afirmación sostiene que las conversaciones que ha celebrado
con Abel Matutes son para "explicar la posición chilena….No son
negociaciones secretas en absoluto; no puedo imaginar una conversación
menos secreta que las que hemos celebrado con el ministro Matutes". Lo
que se intenta negar se inició a partir de que el gobierno de la
Concertación resolvió contestar con una nota diplomática
la carta que el canciller español, Abel Matutes, envió a
la opinión pública chilena por medio del diario ”El Mercurio”,
porque "no es correcto responder a los planteamientos sólo a través
de la prensa". En todo caso, la nota diplomática, en cuya elaboración
se ha contado con la participación del jurista Santiago Benadava,
representante de la cúpula miltar y verdadero interventor en la
cancillería, insiste en buscar un acuerdo político para acudir
al arbitraje, apelando al artículo 30 de la Convención contra
la
Tortura.
No ha habido respuesta aún
a tal propuesta, ya que el gobierno de José María Aznar intenta,
sin éxito hasta el momento, que PSOE se sume al compromiso. Además,
en el polémico asunto de una posible resolución espúrea
, el gobierno del PP tiene en contra no sólo a la oposición
sino también a
sus socios parlamentarios.
Convergència i Unió, la coalición liderada por Jordi
Pujol, no apoyaría ese acuerdo. "Estamos absolutamente en contra
de un arbitraje entre España y Chile que sustituya la tarea de la
Justicia por el chanchullo político. Es algo abiertamente contrario
a nuestra concepción
de la democracia y nos repugna
profundamente", declaró su portavoz Josep López de Lerma.
Además, con duras expresiones, rechazó la posibilidad de
un arbitraje: "Nosotros no nos arrodillaremos ante intereses políticos
mezquinos, sino que defendemos el valor mundial de los derechos humanos
y
condenamos cualquier injerencia
política en el ámbito de la Justicia” Son expresiones
que debieran hacer meditar a las cúpulas políticas de la
Concertación y a su abanderado Ricardo Lagos.
”Gobierno español
no puede interferir el proceso judicial”, dijo Joan Garcés, abogado
de diversos familiares de asesinados y desparecidos, al programa Today
de la BBC Radio. ”Es un caso criminal que se está procesando en
los juzgados españoles y británicos”, concluyó. Por
su parte, Amnistía
Internacional, insistió
en que no confía en que Pinochet sea juzgado si regresa a Chile,
donde tiene causas abiertas, o si se cede el caso a un tribunal internacional.
”España no puede abdicar su responsabilidad en este asunto”, afirmó
un portavoz de la organización defensora de los DD.HH. ”No
debería hacer juegos
políticos con la Justicia. Tenemos que clarificar en los juzgados
qué pasó exactamente y establecer quién fue el responsable.
Es así de sencillo. Cualquier otra posibilidad no es la solución
y acabaría con la esperanza surgida en este caso”.
LA DEFENSA DE MENTALIDADES
FASCISTOIDES
La presión política
del gobierno de Aznar para imponer un arbitraje se han traducido en el
recurso presentado por el fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira,
donde pide la liberación de Augusto Pinochet y le compara a efectos
de inmunidad penal con el Rey Juan Carlos. Hecho que ha provocado
airadas reacciones y fuertes
calificativos (”indecencia política», ”burla”, etc.). En efecto,
en el documento, el fiscal Rubira argumenta que Pinochet -jefe de Estado
de Chile entre 1973 y 1990 y, en la actualidad, senador vitalicio- es persona
aforada en España como el Rey, es decir, no está
sujeto a responsabilidad
penal y, por consiguiente. no puede ser perseguido por los delitos de torturas
que le imputa el magistrado Baltasar Garzón.
Rafael Hernando, portavoz
del Partido Popular, discrepó de las valoraciones y comparaciones
”desafortunadas” realizadas por la Fiscalía y calificó de
”despropósito” que se equipare al ex dictador chileno con el jefe
del Estado español. Y acusó al PSOE de ”irresponsable” por
promover una ”falsa
polémica”, al relacionar
al Gobierno ”con apaños secretos” y ver ”la mano” de Aznar en la
actuación de los fiscales. En cambio, fuentes del Ministerio de
Asuntos Exteriores prefirieron no hacer comentarios al respecto, aunque
reconocieron que la polémica ”no les es ajena como Gobierno”.
El PSOE, por intermedio de
su portavoz parlamentario de Exteriores, Rafael Estrella, pidió
al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, que destituya a Rubira
y que si éste no lo hace, el Gobierno debería exigirselo
a Cardenal y, que la comparación que se hace en este escrito es
«absolutamente inaceptable». A su vez, Alfredo Pérez
Rubalcaba, acusó al Gobierno de ”autoritario” y calificó
de ”delirante” el recurso firmado por Rubira, en especial, la reflexión
que hace el fiscal sobre la tortura. Para Rubira, las torturas cometidas
en Chile no son punibles en España porque no tenían por objetivo
”investigar hechos, sino originar terror en la ciudadanía” e indicó
que la actuación tanto de Cardenal como del fiscal jefe de la Audiencia
Nacional, Eduardo Fungairiño, ”es autoritaria” y que el Ejecutivo
-que fue quien los designó- tiene lo que quiere, porque ”un Gobierno
autoritario siempre gusta de nombrar fiscales autoritarios”.
Por su parte, el grupo parlamentario
de CiU pidió la comparecencia ante la Comisión de Justicia
e Interior del fiscal Cardenal y, su vocero, Josep López
de Lerma, junto con afirmar que ”es una vergüenza para España
que en la Audiencia Nacional existan fiscales con mentalidad fascistoide
que
mantengan la tesis de que
es legítima la tortura para originar terror y que comparen al dictador
Augusto Pinochet con el Rey Juan Carlos”, indicó que la actuación
de la Fiscalía de la Audiencia Nacional está ”ensombreciendo
el talante democrático del Gobierno de José María
Aznar, por lo que algo debería hacer éste para desmarcarse
totalmente de credos y contenidos totalmente alejados de la doctrina de
la ONU en materia de derechos humanos”. Pero, esta no la única reacción
de los partidos catalanes. Esquerra Republicana tachó de ”rancio,
conservador y pasado de moda” el
comportamiento de la Fiscalía.
A su vez,Izquierda Unida (IU) también reclamó la urgente
comparecencia del fiscal general del Estado en el Parlamento y el diputado
de IU, José Luis Centella, expresó la ”indignación
de los demócratas” frente a estos sucesos, ”porque ya hay un grado
de
complicidad con el dictador
Pinochet que no puede ser tolerado”. Lo mismo expresa el pueblo chileno
al gobierno de Frei y a los partidos oficialistas que han anunciado, por
intermedio del canciller socialista, que solicitarán el apoyo de
EE.UU. para lograr la libertad del Chacal del Mapocho.
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