El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, encargado de la instrucción del caso Pinochet, remitió un oficio al ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, para que éste aclare si el Gobierno de Chile ha solicitado un "arbitraje amistoso" para solucionar extrajudicialmente el "caso Pinochet" y si España ha adoptado ya alguna medida en este sentido.Hace tal petición dada  "la trascendencia de la información que se comunica y que de ser cierta podría interferir la esfera exclusiva y excluyente de la jurisdicción penal" y "afectar al principio de independencia judicial", y amenazó con remitir el asunto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como le autoriza la ley.

También envió un segundo escrito a Matutes para preguntarle si es cierto,como publicó el diario chileno ”El Mercurio”, que el Gobierno español accedió a transmitir, a través del Ministerio de Justicia, toda la información disponible que había solicitado el Gobierno de Chile sobre las actuaciones del ministerio fiscal. Matutes dijo al diario derechista:"mi Gobierno (...) accedió a transmitir oficialmente, a través del ministerio de Justicia, toda la información disponible que había solicitado Chile sobre las actuaciones del ministerio fiscal". Los hechos son concretos. La entrega de los informes jurídicos ha respondido a la línea de negociación con Chile adoptada por el Gobierno de Aznar de "escuchar y aceptar opciones" del Ejecutivo chileno para solucionar el conflicto. Por lo cual, Garzón pide que, "de ser cierto el contenido del artículo", y dado que se hizo "oficialmente" a través del Ministerio de Justicia "y que este juzgado no ha sido requerido para suministrarla por ninguna de las partes", el
ministro indique "si la información remitida incluye actuaciones producidas en el seno del proceso y, por ende, protegidas por lo dispuesto en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para quien no son parte en el mismo". Es decir, el escrito del juez está enjuiciando a Matutes por
una contravención del secreto sumarial, que en su caso podría constituir un delito de revelación de secretos. Cual vulgar soplón revela secretos del sumario para defender a un criminal confeso.
La petición de Garzón se produjo el mismo día en el que el Ministerio británico del Interior confirmó que si el Gobierno español decidiera levantar la petición de extradición de Pinochet, el ex dictador quedaría libre y podría regresar a Chile. El ex-dictador será "puesto en libertad si España renuncia a su demanda", dijo el Ministerio británico del Interior. "Estamos actuando únicamente en base a la demanda española. Todas las demás demandas de extradición, procedentes de Francia, Suiza y Bélgica han sido descartadas en beneficio de la demanda española". Pero no se descarta. que
uno de estos países vuelva a plantear su demanda si Madrid renuncia a la suya. Esto podría obligar al Gobierno de Blair a volver a arrestar al ex-dictador. Además podría ser juzgado en Londres, dado que la Fiscalía Pública británica ha anunciado una demanda en tal sentido si prosperan las falaces maniobras del ”chanchullo político” de dejarle en libertad.

OCULTAN CONVERSACIONES SECRETAS

Diversas reacciones se produjeron tras conocerse que los voceros de los ejecutivos chileno y español se reunieron en secreto en las últimas semanas para discutir la posibilidad de crear un tribunal internacional de arbitraje que estudie el caso. El canciller chileno, Gabriel Valdés (PS), ha solicitado a Matutes se levante la petición de extradición en caso de que Pinochet afrontase un posible arbitraje internacional. Los antecedentes del ”chanchullo” comienzan a ser de conocimiento público. El rotativo
inglés ”The Guardian” sostiene que las reuniones secretas entre los ministros de Exteriores reflejan el nerviosismo del gobierno de José María Aznar, que no quiere que en España se celebre un embarazoso ”juicio espectáculo” que podría dañar las perspectivas comerciales con Chile. Por
lo cual, la respuesta del Ejecutivo no ha tardado en llegar. El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, ha asegurado que la actuación del Gobierno ha sido siempre "de fiel respeto a la legalidad". Y, en referencia a un arbitraje, ha afirmado.que si "si surge por lo tanto alguna duda razonable, alguna posible interpretación discrepante frente a la que le ha sido dada al Gobierno español hasta ahora, no tenga usted la menor duda de que recurriremos al Consejo de Estado". Además, ha reconocido que este problema le preocupa "enormemente" porque "es evidente que está afectando a nuestra relación" con este país, que han sido "altamente valoradas" por los sucesivos gobiernos españoles, "y por éste en particular". 

Los gobierno de Chile y España ocultan que existan negociaciones secretas. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha negado este tipo de tratativas, en relación con los escritos enviados por el juez Baltasar Garzón: "los únicos documentos remitidos a las autoridades chilenas, atendiendo a la petición formal de dichas autoridades, son aquellos que a juicio de los asesores jurídicos del Estado podían ser entregados". Por su parte, el canciller chileno, Gabriel Valdés, ha negado conversaciones
secretas para evitar que el ex dictador encare un juicio para su extradición a España..En falaz afirmación sostiene que las conversaciones que ha celebrado con Abel Matutes son para "explicar la posición chilena….No son negociaciones secretas en absoluto; no puedo imaginar una conversación menos secreta que las que hemos celebrado con el ministro Matutes". Lo que se intenta negar se inició a partir de que el gobierno de la Concertación resolvió contestar con una nota diplomática la carta que el canciller español, Abel Matutes, envió a la opinión pública chilena por medio del diario ”El Mercurio”, porque "no es correcto responder a los planteamientos sólo a través de la prensa". En todo caso, la nota diplomática, en cuya elaboración se ha contado con la participación del jurista Santiago Benadava, representante de la cúpula miltar y verdadero interventor en la cancillería, insiste en buscar un acuerdo político para acudir al arbitraje, apelando al artículo 30 de la Convención contra la
Tortura.

No ha habido respuesta aún a tal propuesta, ya que el gobierno de José María Aznar intenta, sin éxito hasta el momento, que PSOE se sume al compromiso. Además, en el polémico asunto de una posible resolución espúrea , el gobierno del PP tiene en contra no sólo a la oposición sino también a
sus socios parlamentarios. Convergència i Unió, la coalición liderada por Jordi Pujol, no apoyaría ese acuerdo. "Estamos absolutamente en contra de un arbitraje entre España y Chile que sustituya la tarea de la Justicia por el chanchullo político. Es algo abiertamente contrario a nuestra concepción
de la democracia y nos repugna profundamente", declaró su portavoz Josep López de Lerma. Además, con duras expresiones, rechazó la posibilidad de un arbitraje: "Nosotros no nos arrodillaremos ante intereses políticos mezquinos, sino que defendemos el valor mundial de los derechos humanos y
condenamos cualquier injerencia política en el ámbito de la Justicia”  Son expresiones que debieran hacer meditar a las cúpulas políticas de la Concertación y a su abanderado Ricardo Lagos.

”Gobierno español no puede interferir el proceso judicial”, dijo Joan Garcés, abogado de diversos familiares de asesinados y desparecidos, al programa Today de la BBC Radio. ”Es un caso criminal que se está procesando en los juzgados españoles y británicos”, concluyó. Por su parte, Amnistía
Internacional, insistió en que no confía en que Pinochet sea juzgado si regresa a Chile, donde tiene causas abiertas, o si se cede el caso a un tribunal internacional. ”España no puede abdicar su responsabilidad en este asunto”, afirmó un portavoz de la organización defensora de los DD.HH. ”No
debería hacer juegos políticos con la Justicia. Tenemos que clarificar en los juzgados qué pasó exactamente y establecer quién fue el responsable. Es así de sencillo. Cualquier otra posibilidad no es la solución y acabaría con la esperanza surgida en este caso”.

LA DEFENSA DE MENTALIDADES FASCISTOIDES

La presión política del gobierno de Aznar para imponer un arbitraje se han traducido en el recurso presentado por el fiscal de la Audiencia Nacional, Pedro Rubira, donde pide la liberación de Augusto Pinochet y le compara a efectos de inmunidad penal con el Rey Juan Carlos. Hecho que ha provocado
airadas reacciones y fuertes calificativos (”indecencia política», ”burla”, etc.). En efecto, en el documento, el fiscal Rubira argumenta que Pinochet -jefe de Estado de Chile entre 1973 y 1990 y, en la actualidad, senador vitalicio- es persona aforada en España como el Rey, es decir, no está
sujeto a responsabilidad penal y, por consiguiente. no puede ser perseguido por los delitos de torturas que le imputa el magistrado Baltasar Garzón.

Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular, discrepó de las valoraciones y comparaciones ”desafortunadas” realizadas por la Fiscalía y calificó de ”despropósito” que se equipare al ex dictador chileno con el jefe del Estado español. Y acusó al PSOE de ”irresponsable” por promover una ”falsa
polémica”, al relacionar al Gobierno ”con apaños secretos” y ver ”la mano” de Aznar en la actuación de los fiscales. En cambio, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores prefirieron no hacer comentarios al respecto, aunque reconocieron que la polémica ”no les es ajena como Gobierno”.

El PSOE, por intermedio de su portavoz parlamentario de Exteriores, Rafael Estrella, pidió al Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, que destituya a Rubira y que si éste no lo hace, el Gobierno debería exigirselo a Cardenal y, que la comparación que se hace en este escrito es «absolutamente inaceptable». A su vez, Alfredo Pérez Rubalcaba, acusó al Gobierno de ”autoritario” y calificó de ”delirante” el recurso firmado por Rubira, en especial, la reflexión que hace el fiscal sobre la tortura. Para Rubira, las torturas cometidas en Chile no son punibles en España porque no tenían por objetivo ”investigar hechos, sino originar terror en la ciudadanía” e indicó que la actuación tanto de Cardenal como del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ”es autoritaria” y que el Ejecutivo -que fue quien los designó- tiene lo que quiere, porque ”un Gobierno autoritario siempre gusta de nombrar fiscales autoritarios”.

Por su parte, el grupo parlamentario de CiU pidió la comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior del fiscal Cardenal  y, su vocero, Josep  López de Lerma, junto con afirmar que ”es una vergüenza para España que en la Audiencia Nacional existan fiscales con mentalidad fascistoide que
mantengan la tesis de que es legítima la tortura para originar terror y que comparen al dictador Augusto Pinochet con el Rey Juan Carlos”, indicó que la actuación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional está ”ensombreciendo el talante democrático del Gobierno de José María Aznar, por lo que algo debería hacer éste para desmarcarse totalmente de credos y contenidos totalmente alejados de la doctrina de la ONU en materia de derechos humanos”. Pero, esta no la única reacción de los partidos catalanes. Esquerra Republicana tachó de ”rancio, conservador y pasado de moda” el
comportamiento de la Fiscalía. A su vez,Izquierda Unida (IU) también reclamó la urgente comparecencia del fiscal general del Estado en el Parlamento y el diputado de IU, José Luis Centella, expresó la ”indignación de los demócratas” frente a estos sucesos, ”porque ya hay un grado de
complicidad con el dictador Pinochet que no puede ser tolerado”. Lo mismo expresa el pueblo chileno al gobierno de Frei y a los partidos oficialistas que han anunciado, por intermedio del canciller socialista, que solicitarán el apoyo de EE.UU. para lograr la libertad del Chacal del Mapocho.