ESCALAFÓN ACADÉMICO Y SUELDOS UNIVERSITARIOS:
UNA REVISIÓN HISTÓRICA NECESARIA
Max Contasti
Para significar una tragedia colectiva sin responsabilidades definidas, cita García Bacca una expresión popular castellana: "entre todos la mataron, ella misma se murió". La Educación Superior comenzó a deteriorarse con el inicio mismo de la democracia, acentuándose el fenómeno en la medida en la cual va reptando el clientelismo partidista y se favorece intencionadamente, un tipo de masificación que no fue capaz de establecer mecanismos académicos para posibilitar un control de calidad. Desde 1960, tanto el Poder Ejecutivo como grupos internos y las propias Autoridades Universitarias, teleonómicamente han venido instilando sus gotas tóxicas y venenosas para que finalmente hoy, en 1998, tengamos instituciones, donde no sólo se ha deteriorado la calidad de la enseñanza impartida, sino que en algunos Sectores/Facultades, principalmente ligados a las áreas de Educación, Derecho, Administración y Ciencias Sociales, más que deterioro, se presentan desviaciones y hasta perversiones. A lo largo de estos últimos treinta años, en ese deterioro, la responsabilidad histórica del Ejecutivo Nacional y de las propias instituciones —gremios y autoridades—, debe ser asignada y distribuida a lo largo de todo el recorrido temporal, y no sólo concentrada en el momento actual, con un proceso que ha sido satanizado en los últimos dos años.
A partir de 1982 se inician los procesos de protesta, huelga y negociación en relación con la interpretación de las normas de homologación, por ello de manera teleonómica, al no existir criterios bien establecidos, sino la presión e improvisación de la influencia y el poder, de alguna manera se van desvirtuando los parámetros vigentes, sesgándose en beneficio de los grupos que coyunturalmente, en cada oportunidad y según variados intereses participan en la negociación.
Vamos a exponer algunos casos donde esta situación se ha puesto de manifiesto. Desde 1960, el porcentaje que representaba la prima de la Dedicación Exclusiva en relación con el sueldo de Tiempo Completo era más de un 50% a nivel de Instructor y alrededor de un 25% a nivel de Titular. Esta situación se mantiene hasta 1982 cuando se inicia la homologación; como consecuencia de las negociaciones que cada año se realizan, algo va cambiando y ya para 1992 nos encontramos que la situación se halla absolutamente invertida. La prima a nivel de Instructor ha disminuido relativamente y representa sólo un 25%, en cambio a nivel de Titular se ha incrementado hasta un 45%. Es posible una explicación: la mayoría de los actores en la negociación, poseen escalafón de Asociado o Titular y todos son a Dedicación Exclusiva, por lo que aún, sin actuar conscientemente, se fue cambiando la relación, favoreciéndose los altos escalafones en perjuicio de los escalafones medios e iniciales.
En 1960 el sueldo básico de un Profesor Titular era de US$ 1200 aproximándose a US$ 1500 en 1973. En 1982 este sueldo básico, en la Venezuela Saudita de la época, había alcanzado niveles comparables internacionalmente y llegaba al valor de US$ 3400. A partir de ese momento se inicia un acelerado deterioro salarial, llegando al valor mínimo de US$ 700 en 1988. A partir de 1989 comienza una lenta recuperación, siendo US$ 1000 en 1993 y finalmente se sitúa en US$ 1200 en 1998. Un análisis elemental muestra que el período 1983/1989 fue el más desfavorable y negativo; se contradice la imagen guasona y gurrumina del quinquenio y significa una gran responsabilidad para Autoridades Rectorales y Gremios Profesorales, que no han debido permitir que el sueldo básico fuese inferior a los US$ 1500 de 1973, y menos aún, a los US$ 1200 de 1960. Queda claramente establecido que la responsabilidad histórica de los bajos sueldos universitarios no sólo debe ser distribuida con simetría, sino también ponderada con objetividad.
Desde 1991, con la proposición de diferentes Sistemas de Heterologación: PPI, CONABA, PEI, CONADES, Bonos de Productividad y otros, podemos afirmar razonablemente, que en referencia a sueldos universitarios, los dos últimos gobiernos han tratado de mejorar lo que fue el nefasto septenio 1983/1989. Complementariamente, en materia de eficiencia y simetría interna de estos sueldos universitarios, debe ser mencionado lo que es ya bien conocido; por una parte, que se ha generado históricamente una inversa relación de eficiencia institucional, de dos Empleados por cada Profesor y por otra, que actualmente, mediante cláusulas especiales de incrementos de sueldos, Directores Administrativos han alcanzado sueldos globales, que en algunos casos llegan casi a duplicar el sueldo de un Rector o de un Profesor Titular.
Recientemente hemos leído la información presentada por la Asociación Venezolana de Rectores y ex Rectores Universitarios (AVERU), en relación con una prestigiosa universidad privada, la Universidad Católica Andrés Bello, donde los sueldos de sus profesores duplican a los de las universidades públicas —excepto la Universidad Simón Bolívar que mediante la contrapartida de exigir una rigurosa excelencia académica, ha podido ajustar los sueldos de sus profesores a un nivel similar—. Como complemento de esa información, y para poder hacer un uso objetivo y pertinente de la misma, AVERU debería también dar a conocer la distribución de la población académica clasificada por escalafón para ambos tipos de instituciones. En la UCAB existe una real y verdadera pirámide académica, es decir, pocos profesores (10%) en los niveles altos del escalafón —Asociado y Titular— y una mayor proporción (90%) en los otros niveles, incluido Instructores. Por lo contrario, encontramos que en las universidades públicas, en el conjunto de Profesores Ordinarios que constituyen el Escalafón Académico, incluidos los Instructores por Concurso, no existen pirámides académicas, sólo mesetas profesorales. Véase este indicador/proporción en cifras de 1992 (OPSU): UCV (19%), ULA (35%), LUZ (59%), UC (42%), UDO (42%), UCLA (30%), USB (64%), UNESR (9%), UNET (18%), UNELLEZ (10%), UNEFM (17%), UNERG (13%), UNA (9%), UNERMB (40%), UNEG (11%), UPEL (55%), UNEXPO (44%). La explicación de estos valores para los altos niveles del escalafón, y sus consecuencias, vienen de interpretaciones acomodaticias e interesadas de la Ley de Universidades.
La Ley de Universidades establece que para alcanzar la categoría de Asociado es necesario poseer el título de Doctor de una Universidad de reconocido prestigio, y para ascender a la máxima categoría de Profesor Titular se debe presentar un Trabajo de Ascenso de tal calidad, que garantice la madurez intelectual y científica del Profesor. En 1967 se estableció como una excepción reglamentaria condicionada —transitoria y provisional— que para la elección de Decanos, en aquellas Facultades donde no existiesen estudios de Doctorado, se exigiría el máximo título académico otorgado. Rápidamente esta excepcionalidad se extendió y generalizó sin ningún tipo de condición justificativa, primero para las Autoridades Rectorales y posteriormente para los Profesores Asociados, agravándose con un llamado ascenso administrativo para cualquier categoría y que en algunos casos podía lograrse aún sin presentarse el Trabajo de Ascenso. De esta manera imperceptible, por una parte se desvirtúa en su esencia y propósito la jerarquía académica que constituye la garantía de la calidad del conocimiento impartido, y por la otra, también importante, dada la existencia de grandes volúmenes de profesores en los altos niveles del escalafón, para lograr incrementos salariales, se haría necesario disponer de sumas presupuestarias cada vez más abultadas. Adicionalmente, para el Ejecutivo esta situación facilitaba escoger Autoridades Rectorales de mayor conveniencia política que de excelencia académica.
A pesar que en 1971 fue derogada la Ley y todos sus Reglamentos, como lo expresó de manera terminante, en 1994, la magistrada de la Corte Primera, Dra. Belén Rodríguez Landaeta, la casi totalidad de las universidades públicas, por una parte no exigieron más el título de Doctor, pero por otra paradójicamente el Ejecutivo Nacional que debía velar por el cumplimiento de la ley, tampoco lo exigió. Nótese que con ello tanto el Ejecutivo Nacional en las Universidades Experimentales, como en las propias Universidades Autónomas, esta condición relaxante permitía una gama amplia de escogencia en la designación de autoridades. Para completar la situación de deterioro de la calidad, equivalentemente he conocido algunos Trabajos de Ascenso aprobados en las áreas de Educación y de Ciencias Sociales, para las categorías de Asociado y Titular, puedo afirmar, que respecto a la Metodología Estadística que utilizan, en la mayoría de los casos presentan fallas y errores verdaderamente elementales que en ningún caso han debido ser aprobados. Con estos argumentos podemos inferir que existirán grupos de Profesores en los escalafones de Asociado y Titular de nuestras universidades públicas, que ni cumplen con el requisito del título de Doctor de una universidad reconocida, ni han presentado Trabajos de Ascenso que aseguren la madurez intelectual y científica propias de estos escalafones. La UCAB, en una posición avanzada de heterologación, diferencia, en cuanto a sueldos, a aquellos profesores que poseen o no el título de Doctor.
Por las diversas razones antes expuestas podemos concluir que, si en las instituciones universitarias no se ha conformado una verdadera jerarquía académica, si la relación de eficiencia Administrativo/Académico está invertida y si los sueldos de los Directores Administrativos son superiores a los Profesores Titulares, creo entonces, al igual que el sacerdote jesuita Luis Ugalde, que en el caso de la Educación Superior, la solución no estará en incrementar global y automáticamente los presupuestos universitarios. Ello debería hacerse sobre la base de la calidad de su personal académico y de un rendimiento graduacional riguroso y una productividad de investigación con calidad y pertinencia; en todos los casos objetivamente comprobable. En este sentido, también debo adelantar, que con una evaluación institucional que se base en encuestas de opinión —mal formuladas y no validadas—, el remedio podría ser peor que la enfermedad. Afortunadamente; existen otros sistemas más científicos y objetivos para medir el rendimiento de las universidades. El PPI, CONABA y CONADES podrían utilizarse como indicadores de buena confiabilidad y sin ningún costo adicional al Estado.
No creo que en estos momentos, con la crisis financiera actual, pueda afrontarse una reforma integral, aún en este aspecto puntual que se refiere a exigir Competencia Académica por una parte y ofrecer Remuneración Equivalente por la otra. Sólo se puede implementar, al igual que lo que representan PPI, CONABA y CONADES, soluciones parciales y complementarias, en este caso concreto con una visión más sustantiva.
Los sueldos deben regresar por lo menos al nivel que tenían en el año de 1973. Como una solución puntual, inmediata y viable a la problemática planteada, debe pensarse en una reestructuración de las dedicaciones: Tres tipos de Dedicación: 40, 15 y 10 horas, estas dos últimas concentradas en la docencia. La dedicación de 40 horas, otorgarla a partir de la categoría de Asistente, para aquellos profesores que hayan obtenido el título de Doctor, y exigirse, además de una carga académica superior a la dedicación de 15 horas, que el profesor demuestre su competencia académica mediante publicaciones y conferencias. El voto profesoral será intraponderado por dedicación. La permanencia en esta dedicación debe ser renovable cada cinco años. Para efectuar la transición debe mantenerse la estructura actual homologada y proponerse la nueva estructura heterologada, permitiéndose que los profesores que así lo deseen y de acuerdo con sus credenciales, vayan cambiándose hacia la nueva estructura, sólo será necesario voluntad política.
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mmp.-
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