CRONOLOGÍA DEL EPR
Y DE LOS GRUPOS SURGIDOS
A PARTIR DE SUS ESCISIONES
(2004-2006)
David Pavón Cuéllar, 2006
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13
de febrero. En
Miahuatlán (Oaxaca), Ulises Ruiz Ortiz, subdelegado de gobierno en la Sierra
Sur y ex integrante del EPR, es ejecutado con armas de alto poder por dos
sujetos desconocidos.
16
de febrero. La Secrretaría de la Defensa Nacional reconoce
la muerte de cinco militares entre 1996 de 1997, durante enfrentamientos con el
EPR.
12
de marzo. Tras acusar a la “clase
política” por “estar desestabilizando al país y orillando a nuestro pueblo a
tomar decisiones firmes para dejar de ser rehenes de mafiosos y vende patrias”,
el EPR alude a los “hechos de corrupción en dirigentes y militantes del PRD y
sobre todo de los que se decían de izquierda, esa parte de la ‘izquierda’ que
nos satanizó, que se burló y que en sus enjuagues dentro del movimiento legal
impulsó su carrera política con todos los vicios de corrupción que ya tenían
desde antes”.
23
de mayo. Varias bombas estallan en las instalaciones
bancarias de Jiutepec (Morelos).
26
de mayo. El EPR describe la tercera cumbre entre América
Latina y la Unión Europea, que tiene lugar en Guadalajara, como “un tianguis en
donde las mercancías son los recursos naturales de las naciones
latinoamericanas, y los patrones, los gobiernos europeos”.
16
de junio. En torno
a las explosiones de Jiutepec (23 de mayo), José Luis Santiago Vasconcelos,
titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), revela que
las investigaciones apuntan como responsables a integrantes del EPR y de las
FARP.
20
de julio. Centenaares de indígenas llegan a la ciudad de
Oaxaca, después de una caminata de diez días desde la región Loxicha, para
demandar la amnistía y la liberación de los presos acusados de pertenecer al
EPR.
21
de Agosto. Mediantte un comunicado, el EPR pide que sean
castigados los implicados en la guerra sucia de los años setenta, entre ellos
ex presidente Luis Echeverría Álvarez.
30
de agosto. En un ccomunicado, el EPR critica la
“mediocridad”, la “verborrea”, la “demagogia” y las “falacias esquizofrénicas”
de Vicente Fox.
23 de noviembre.
Unos 300 pobladores de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac (Distrito Federal),
golpean y queman vivos a dos agentes de la Unidad de Terrorismo de la Policía
Federal Preventiva. Acusados de querer “robarse a los niños” a los que toman
fotografías, los agentes explicaron que realizaban investigaciones de
“narcomenudeo”.
25 de noviembre.
Fuentes de la Policía Federal Preventiva revelan que los agentes ultimados en
San Juan Ixtayopan (23 de noviembre) no realizaban investigaciones de
“narcomenudeo”, sino que se hallaban “en búsqueda de datos sobre organizaciones
subversivas”.
30 de noviembre.
El diputado federal Gilberto Ensástiga, integrante de la Comisión del Distrito
Federal, considera que se debe investigar la relación del EPR con en el
linchamiento de San Juan Ixtayopan (23 de noviembre).
2 de diciembre.
Una fuente con acceso privilegiado a información de la Policía Federal
Preventiva confirma que los agentes linchados en San Juan Ixtayopan (23 de
noviembre) investigaban a la Comandancia General de EPR, cuyo máximo dirigente,
Francisco Cerezo Quiroz, viviría en una casa adyacente al lugar de los hechos.
9 de diciembre.
En El Insurgente, el EPR toma posición en torno al linchamiento de San Juan
Ixtayopan (23 de noviembre): “Hechos como el de Tláhuac seguirán sucediendo,
porque constituyen en esencia una respuesta a las más flagrantes violaciones de
los derechos constitucionales por parte del gobierno federal, cuando los
‘protectores de la ley’ son los que se encargan de violarla y acabar con la
tranquilidad de un pueblo… El crimen ha sido cometido por las autoridades y el
gobierno foxista, que nada ha hecho para acabar con la ignorancia, la miseria,
la injusticia, el abandono, el autoritarismo y el desempleo”.
16 de diciembre.
Francisco Labastida Ochoa dice que desde 1998, cuando ocupaba el cargo de
secretario de Gobernación, disponía de informes sobre la presencia de “grupos
subversivos” en el Distrito Federal, especialmente en Tláhuac.
22 de diciembre.
Según datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado
de México, el EPR tendría presencia en al menos 46 colonias de 11 municipios
mexiquenses.
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13 de enero. La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO) abre formalmente una línea de investigación para esclarecer
la participación de “algún grupo armado” en el caso Tláhuac (23 de noviembre de
2004).
2 de febrero.
En el Cerro de las Cruces, frente a la población de Tlapa (Guerrero),
desconocidos remueven las piedras pintadas con el nombre de Héctor Astudillo
Flores, candidato del PRI, para formar con ellas las siglas del ERPI.
3 de febrero.
En Morelia, cerca de 200 comuneros de Uruapilla (Michoacán) exigen la libertad
de los presuntos eperristas Héctor y Antonio Cerezo Contreras.
1 de marzo. Alejandro, uno de los hermanos Cerezo Contreras, es
liberado y abandona el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el
que se encontraba recluido desde agosto del 2001.
13 de abril. Para protestar contra el desafuero del gobernador perredista del
Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, el EPR emite un comunicado en el
que afirma: “En estos momentos cruciales en la historia de
nuestro país, cuando los poderes facciosos han decidido descalificar, acusar,
condenar e intentar quitar los derechos políticos que el pueblo ha otorgado a
quien presenta un proyecto de nación diferente a la ultraderecha, por la vía de
los hechos se cancela la lucha electoral en México”.
4 de mayo.
Un cargamento de fusiles AK-47, provenientes de Venezuela, es confiscado en el
puerto de Veracruz.
9 de mayo.
Según el periodista Raymundo Riva Palacio, de El Universal, se habría detectado recientemente una transferencia
de fondos del Gobierno perredista del Distrito Federal a La Habana, desde donde
se habría triangulado una nueva operación financiera con Caracas, donde ese
dinero habría sido tomado por el gobierno de Hugo Chávez para comprar fusiles
AK-47 destinados al EPR. Después de haber entrado al país a través de la
frontera con Guatemala, estas armas habrían sido recibidas por los eperristas,
cuya comandancia general se encontraría en la zona conocida como Reserva Tepeyac,
al norte del Distrito Federal.
18 de mayo. A Pablo Salazar Mendiguchía, gobernador de Chiapas por el PRD y por el
PAN, el EPR lo acusa de “represión” y de “demagogia”,
calificándolo además de “sordo, irresponsable
y antipopular”.
27 de junio. Acerca de Zeferino Torreblanca, gobernador de Guerrero por
el PRD, el EPR opina que “es el mismo empresario que tiene la visión de
proteger a su clase y tiene como fin: golpear a los jodidos”.
5 de julio.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pide a la Procuraduría General
de la República (PGR) y a la Secretaría de Gobernación (SG) que “confirmen el
supuesto ingreso al país de armas destinadas al autodenominado Ejército Popular
Revolucionario” (4 y 9 de mayo).
6 de julio. En
Acapulco, en el hotel El Mirador,
tres desconocidos ejecutan al ex-secretario general de Gobierno, el priísta
José Rubén Robles Catalán, señalado como uno de los principales responsables de
la masacre de Aguas Blancas (28 de junio de 1995).
9 de julio.
Por medio de un “comunicado guerrillero”, el desconocido Comando Popular Revolucionario “La Patria es Primero” (CPR-LPEP) se
atribuye la ejecución de José Rubén Robles Catalán (6 de julio), el cual,
habiendo sido juzgado “con base en un código penal revolucionario y desde la
clandestinidad”, habría sido condenado a la pena máxima, como uno de los
responsables intelectuales de la matanza de Aguas Blancas.
26 de julio.
Una fuente de la Secretaría de la Defensa Nacional reconoce la existencia, “en
diversos puntos del país”, de “ocho grupos armados subversivos”. Estos grupos
son el EZLN, el EPR y seis “ramificaciones del EPR”: el Ejército Revolucionario
del Pueblo Insurgente (ERPI), la Tendencia Democrática Revolucionaria del EPR
(TDR-EPR), el Comando Justiciero 28 de Junio (CJ-28 de junio), el Ejército
Villista Revolucionario del Pueblo (EVRP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias
del Pueblo (FARP) y el Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo (CJM-23 de
mayo).
28 de julio.
Mediante un comunicado, el EPR considera que el presidente mexicano Vicente Fox
y el gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz sólo “tratan de granjearse la aprobación
de sus amos, los oligarcas y dueños del país”.
4 de agosto.
Fuentes militares informan que se han introducido al país lanzagranadas y
lanzacohetes rusos y chinos tipos RPG-2, RPG-7 y RPG-18, capaces de destruir
vehículos blindados ligeros y pesados. Estas piezas de artillería habrían sido
vendidas al EZLN y al EPR mediante una intrincada triangulación con las
guerrillas de Guatemala y El Salvador.
27 de agosto.
El EPR exhorta a los campesinos de Cacahuatepec a defender sus tierras, las
cuales, según el actual proyecto para la construcción de la planta
hidroeléctrica La Parota, deberán ser expropiadas por la Comisión Federal de
Electricidad.
29
de agosto. El Centrro de Inteligencia y Seguridad Nacional
(Cisen) revela que hay en México “cinco grupos armados que pueden afectar la
paz social y la seguridad nacional”. Estos grupos, entre los que no aparece el
EZLN, son el EPR y sus escisiones.
30 de agosto. Mediante un comunicado, el EPR hace un llamado “a nuestro pueblo, a
las organizaciones políticas y sociales de izquierda y progresistas a la
unidad, a organizarse y a desenmascarar” al presidente Vicente Fox, al que
describe como “el que sin ser rey, actúa como tal”.
5 de septiembre.
El titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, informa que la Procuraduría
General de la República (PGR) está investigando el ingreso al país de armas
procedentes de Venezuela y destinadas al EPR. Mientras la parlamentaria panista
Patricia Garduño demanda un contacto “del más alto nivel” entre los gobiernos
mexicano y venezolano, el embajador de Venezuela en México, Vladimir Villegas,
denuncia una “campaña mediática” en su contra y advierte que su gobierno no
tiene “ninguna explicación” que darle a la PGR. Por su parte, Amalia Belisario,
directora de proyectos sociales de Primero
Justicia, segundo partido de oposición en Venezuela, dice que las
autoridades mexicanas deben “abrir los ojos y poner toda la atención necesaria”
para investigar el tráfico de armas para el EPR que viene desde Venezuela, y
concluye: “cuando el río suena, es que piedras lleva”.
6 de septiembre.
El titular de la Unidad Especializada en Investigación contra Terrorismo y
Acopio de Armas (UEITA), Jorge Serrano, reconoce que no se han encontrado
pruebas que involucren al EPR en la ejecución de los agentes en San Juan
Ixtayopan (23 de noviembre de 2004).
8 de septiembre.
En relación al tráfico de armas procedentes de Venezuela y destinadas al EPR (5
de septiembre), el diputado federal Rodrigo Iván Cortés se refiere a “la
presunta participación de funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, con
dinero del erario del Distrito Federal y a través de agentes cubanos en
México”.
7
de octubre. Facundoo Rosas Rosas, director general de
Análisis Táctico de la Agencia Federal de Investigación (AFI), informa que se
han registrado en México, desde 2001, siete secuestros perpetrados por “grupos
subversivos” para financiar sus operaciones. Con estos secuestros, los grupos
habrían obtenido más de un millón de dólares.
18
de noviembre. Se regiistran explosiones en dos bancos de
Atizapán y Tlalnepantla (Estado de México).
21
de noviembre. Alfonsoo Navarrete Prida, procurador de
Justicia del Estado de México, responsabiliza públicamente al EPR de las
explosiones en Atizapán y en Tlalnepantla (18 de noviembre). Describiendo estas
explosiones como “un acto meramente publicitario”, se las atribuye a personas
originarias de Guerrero, pertenecientes al EPR y vinculadas con el secuestro de
un empresario, Fernando Castro, ocurrido hace un año. Según el funcionario,
estas personas, que habrían empleado membretes como “México Unido contra la
Pobreza” y “México Bárbaro”, serían las mismas que “se llaman PROCUP, o EPR, o
de distintas formas que no han logrado evolucionar a la par de la sociedad”.
29
de diciembre. En un coomunicado dirigido al EZLN, el EPR
anuncia que se declarará en alerta entre el 2 y el 8 de enero de 2006, esto es,
durante la semana en que “La otra campaña”, encabezada por el subcomandante
Marcos, habrá de recorrer el estado de Chiapas. Asegurando que “estarán
vigilantes” para que los zapatistas “se sientan seguros”, los eperristas
responsabilizan al gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía de cualquier
“hostigamiento y provocación” que pueda suceder.
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9 de Enero.
La célula poblana del EPR emite un comunicado en el que toma posición ante
diversos acontecimientos de actualidad. Ante la reacción del gobierno mexicano
tras el asesinato de Guillermo Martínez Rodríguez por un agente de la Patrulla
Fronteriza de Estados Unidos, el EPR estima que se “procedió, como en otras
ocasiones”, de una “manera servil” y en subordinación “a los intereses
gringos”. Ante las recientes represalias en contra de la periodista y escritora
Lydia Cacho, autora de un libro en el que se recopilan datos que fueron tomados
en cuenta para condenar al violador y pederasta Kamel Nacif, el EPR acusa al
gobernador Mario Marín Torres, amigo del condenado, de violar el artículo
séptimo constitucional, relativo al respeto a la libertad de expresión. Ante la
detención del defensor de los derechos humanos y laborales Martín Barrios, el
EPR la interpreta como una prueba de “la capacidad para reprimir del actual
gobierno”, el cual, para “defender los intereses de algunos burgueses”, estaría
“violando las garantías individuales”.
12 de enero.
En la autopista México-Veracruz, elementos de la Policía Federal Preventiva
aprehenden, en posesión de propaganda y de armas de fuego, a tres supuestos
eperristas: Gustavo Robles López y los hermanos Gerardo y Jorge Marcial
Tzompantle Tecpile.
15 de enero.
La PGR informa que los eperristas detenidos recientemete (12 de enero) estarían
vinculados con una célula del EPR que opera en la sierra de Zongolica
(Veracruz). Esta célula tendría nexos con otros grupos armados en Guerrero y en
Oaxaca.
8 de febrero.
En Santa María Ixcotel (Oaxaca), el subcomandante Marcos, reunido con 16
indígenas presos por su presunta participación en el EPR, dice que “hay que
ponerle nombre a la injusticia en México” y que “este nombre es el de cada uno
de ellos”. Uno de los presos, Agustín Luna Valencia, le explica al
subcomandante que los presuntos eperristas han sido encarcelados “por ser
pobres entre los más pobres”. Por su parte, otro preso, Abraham Ramírez
Vázquez, asegura que ellos “siempre han estado con los zapatistas, desde que
salieron a la luz pública”. También sostiene que el “único delito” de los
presos ha sido el de “reclamar sus derechos, la autonomía de sus pueblos, la
conservación de su lengua y los recursos naturales”.
21 de marzo.
En la plaza pública de San Pablo Guelatao (Oaxaca), maestros inconformes
intentan interrumpir un acto solemne, realizado con motivo del bicentenario del
natalicio de Benito Juárez, en el que participan el presidente Vicente Fox y el
gobernador Ulises Ruiz. Este pequeño suceso marca el inicio de un grave y largo
conflicto magisterial en el estado de Oaxaca.
29 de marzo.
Gracias al beneficio de preliberación otorgado por la Secretaría de
Gobernación, el presunto eperrista Juan Díaz Gómez, preso en Santa María
Ixcotel, puede salir de la penitenciaría dos meses antes de cumplir su condena.
El excarcelado había sido sentenciado a nueve años y siete meses de prisión por
los delitos de conspiración, terrorismo, sabotaje y portación de armas de fuego
de uso exclusivo del Ejército.
11 de abril.
En el fraccionamiento Hornos Insurgentes de Acapulco (Guerrero), en la casa de
una funcionaria municipal, cuatro personas resultan lesionadas por un atentado
con granada. Tras haberse contemplado la posible responsabilidad del EPR, las
sospechas recaen sobre narcotraficantes.
3 de mayo.
En Texcoco y en San Salvador Atenco (México), unos 500 policías antimotines
golpean brutalmente a floricultores que intentaban vender sus productos en una
zona prohibida para ellos. Los policías agreden además a varios periodistas y
violan a por lo menos siete mujeres. Machete en mano, los campesinos responden
con una lluvia de palos, piedras, bombas caseras y hasta disparos de arma de
fuego. El saldo de los enfrentamientos es un muerto y un número indeterminado
de heridos.
En
la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco (Distrito Federal), el subcomandante
Marcos anuncia que el EZLN se declara en “alerta roja” debido a los
enfrentamientos de Texcoco y San Salvador Atenco.
4 de mayo.
En relación a los enfrentamientos violentos de Texcoco y San Salvador Atenco (3
de mayo), el EPR manifiesta su solidaridad con los campesinos y llama a los
“diferentes sectores a que impulsen y fortalezcan la autodefensa armada”. Exige
también la renuncia del presidente Vicente Fox e interpreta el comportamiento
agresivo de la policía como un intento de ganar votos para Felipe Calderón,
candidato del PAN a la presidencia de la República.
5 de mayo.
En dos comunicados difundidos a través del Centro de Documentación de los
Movimientos Armados (CEDEMA), diversos grupos armados mexicanos, entre ellos el
EPR, el Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo (CJM-23M) y el Comando
Revolucionario del Trabajo México Bárbaro (CRT-MB), exigen la liberación de los
detenidos durante los disturbios de Texcoco y San Salvador Atenco (3 de mayo).
15 de mayo.
En Oaxaca, unos 50 mil trabajadores de la educación se movilizan para que el
gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, atienda su pliego general de demandas.
11 de junio.
Se revelan informaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen) sobre Alejandro Hernández Dolores, originario de la Huasteca, antiguo
soldado del Ejército Mexicano y supuesto fundador del EPR. Buscado sin éxito
durante más de 20 años, este presunto eperrista es considerado como una pieza
clave entre los líderes de las organizaciones que se unieron hace diez años
para formar el PDPR-EPR. En la ficha del Cisen, se menciona su aversión a la
explotación caciquil, su “gusto” por los “problemas agrarios”, su “admiración”
por Emiliano Zapata y Lucio Cabañas, y su implicación, durante los setentas, en
enfrentamientos armados e invasiones de tierras de la Huasteca.
12 de junio.
En Oaxaca, en el marco de un conflicto grave y duradero entre las autoridades y
los sindicatos de maestros, el EPR proclama su apoyo a los maestros y exige la
renuncia del gobernador Ulises Ruiz, a quien acusa de asumir ante el problema
“una actitud intolerante y retadora, propias de un personaje ignorante”.
13 de junio.
Las siglas del EPR aparecen en un cerro aledaño a la ciudad de Oaxaca.
20 de junio.
Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), del
Frente de Sindicatos Democráticos de Oaxaca (FSODO) y del Sindicato de
Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
(STEUABJO) integran la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). Además de
estos grupos sindicales, otras organizaciones habrán de confluir en la APPO: el
Frente Popular Revolucionario, el Frente de Lucha Popular, el Consejo Indígena
Popular de Oaxaca y el Comité de Organización Nacional del Poder Popular. Según
fuentes del gobierno oaxaqueño, algunos de estos grupos tendrían vínculos
directos con el EPR.
28 de junio.
En el marco de la conmemoración del décimo aniversario de la aparición del EPR,
la comandancia general del grupo armado emite un comunicado en el que elogia la
actitud de un pueblo oaxaqueño “que ha dado verdaderas lecciones de lucha y de
dignidad, ha mostrado que ante la incapacidad de Ulises Ruiz y de Vicente Fox
para solucionar el conflicto magisterial, el pueblo por sí solo tiene las
soluciones mediante la organización y con la unidad de todos”.
En
la madrugada, en la colonia Renacimiento de Acapulco (Guerrero), 20 personas
armadas con AK-47 balean y hieren a Francisco Bernabé Jiménez, comandante de la
Policía Investigadora Ministerial (PIM).
Por
la noche, en el fraccionamiento Hornos Insurgentes de Acapulco (Guerrero), en
el que había ocurrido ya un atentado con granada hace diez semanas (11 de
abril), se encuentra esta vez, en el interior de una bolsa de plástico, el
cuerpo de una persona decapitada.
A
través de un comunicado, el EPR denuncia que detrás de la narcoviolencia en
Guerrero se encuentra la estrategia del presidente de México, Vicente Fox, para
generar una inestabilidad que beneficie al candidato presidencial del PAN,
Felipe Calderón.
2 de julio.
En una elección que muchos consideran como la más irregular y fraudulenta de
los últimos años, Felipe Calderón, candidato del PAN, es elegido presidente de
la República.
13 de julio.
Ante los resultados de la elección presidencial (2 de julio), el EPR llama a
“detener a la ultra derecha” encabezada por Felipe Calderón.
15 de julio.
En Oaxaca, integrantes de la APPO queman el templete preparado para los bailes
de la fiesta regional de la Guelaguetza.
23 de julio. Unos 500 integrantes de la APPO toman el
cuartel de la policía municipal de Oaxaca, en el que liberan a uno de sus
compañeros detenido y a otros nueve encarcelados por faltas administrativas.
Agosto.
En el seno de la APPO, se discute la integración de un gobierno estatal
oaxaqueño paralelo al que encabeza el gobernador Ulises Ruiz. Entre las
propuestas que surgen en este sentido, está la de designar como gobernador al
ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Felipe Martínez Soriano,
considerado como el “ideólogo” del Partido Revolucionario Obrero Clandestino
Unión del Pueblo, antecedente directo del EPR.
9 de agosto.
En la zona mixteca (Oaxaca), indígenas miembros de la APPO son víctimas de una
emboscada. El saldo es de tres muertos y
cuatro heridos.
10 de agosto.
En Oaxaca, una manifestación es atacada a balazos. Muere un integrante de la
APPO y resulta herida una profesora.
19 de agosto. Ante las elecciones en Chiapas, el EPR emite
un comunicado en el que critica la alianza entre el PAN y el PRI para enfrentar
al candidato del PRD y del PT, Juan Sabines Guerrero. Aunque anunciando que no
acudirá a las urnas, el EPR asegura que no saboteará un proceso electoral que
describe como “un estercolero en el que gana aquel que sea el más puerco para
imponerse”.
21 de agosto.
Integrantes de la APPO levantan barricadas en las calles de Oaxaca. Policías
judiciales disparan sobre ellos. Hay un herido de bala. El gobernador Ulises
Ruiz declara que la ciudad ha sido tomada por una “guerrilla urbana y
subversiva”.
22 de agosto.
Policías vestidos de civil atacan a un grupo de integrantes de la APPO. El
saldo es de un muerto.
24 de agosto.
El EPR emite un comunicado en el que hace un llamado a los oaxaqueños a
“continuar con la unidad del movimiento magisterial”.
30 de agosto.
En la carretera Oaxaca-Guelatao, una docena de integrantes del TDR-EPR entrega
propaganda en la que se demanda “la desaparición de poderes” en el estado de
Oaxaca. Sobre la elección presidencial (2 de julio), el TDR-EPR denuncia “la
imposición de un gobierno espurio con el uso de la más feroz represión”.
31 de agosto.
Durante un mitin de la APPO en el zócalo de Oaxaca, el dirigente sindical
Enrique Rueda Pacheco atribuye la aparición del TDR-EPR (30 de agosto) a un
intento gubernamental de “contaminar y complicar más” la solución del conflicto
político y social en la entidad. El dirigente reconoce que la APPO respeta
“todas las formas de lucha, desde las partidarias y electorales hasta las
armadas”, pero asegura que sus miembros “no tienen ningún vínculo, ninguna
relación ni coordinación con organización armada o guerrillera alguna”.