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Gilberto López y Rivas
Publicado en La Jornada, 17/01/2000.
Mientras se consolida la ciudadanización de los órganos electorales y la oposición gana estados, capitales y municipios; mientras ocurren estos avances en la política, así sean lentos, difíciles y no exentos de tensión, la economía popular está prácticamente destruida.
Según datos oficiales, existen 91 regiones en México con los índices de marginación más agudos. Estas se localizan en los 31 estados de la República, abarcan 58 por ciento de los municipios, 30 por ciento de la población nacional y 78 de la población indígena del país. Entre las regiones que destacan por su situación crítica se encuentran aquéllas donde se libran conflictos armados en el país: Selva, Norte y los Altos, en Chiapas; la Montaña y Filo Mayor, en Guerrero; así como los Chimalapas, los Loxichas, Mixteca Serrana y los Valles Centrales, en Oaxaca.
México enfrenta ahora cuatro conflictos armados de gran envergadura en el sudeste del país. Dos escenarios de conflicto armado se encuentran en Chiapas. Uno de ellos es el que sostienen los gobiernos federal-estatal y las fuerzas armadas contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El segundo enfrenta a las fuerzas paramilitares y las bandas armadas contra las comunidades y organizaciones indígenas que simpatizan con el zapatismo armado.
En Guerrero y Oaxaca se viven también dos conflictos armados. En estas entidades, el gobierno federal y las fuerzas armadas mantienen una estrategia de contrainsurgencia, cuyo objetivo principal es la neutralización o el exterminio del Ejército Popular Revolucionario (EPR) y del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI).
Existen, por supuesto, otras organizaciones político-militares en el país, pero hasta ahora sólo son tres las guerrillas que demuestran contar con armas, efectivos, organización, estructura jerárquica, programas de lucha, y que han hecho uso de su poder de fuego.
Los grupos paramilitares que asuelan el territorio chiapaneco son el protagonista principal del cuarto conflicto armado. Entrenados para combatir a comunidades, bases de apoyo y milicianos zapatistas, estos grupos ejercen una violencia extrema y han sido responsables de graves masacres en Chiapas. Aunque la experiencia coercitiva del Estado mexicano ha incluido la creación y el uso de grupos paramilitares, ésta parece ser la primera vez en la que los paramilitares mexicanos controlan territorio, incluyen a comunidades, no ocultan su filiación política y realizan, en forma organizada, operativos de debilitamiento o destrucción de las bases de apoyo de una organización armada, en este caso el EZLN.
Las fuerzas irregulares que conforman el espectro conocido como grupos paramilitares abarcan desde el nivel de una banda armada hasta pequeños paraejércitos de efectivos uniformados, equipados con armas de alto poder, que poseen organización y técnica militar y son protegidos por funcionarios locales y federales.
En el contexto de estos conflictos armados, se ha producido la concentración de grandes contingentes de tropas y de una variedad importante de agrupamientos especializados en contrainsurgencia en el sudeste del país.
Este despliegue militar, acompañado de la movilización de fuerzas combinadas de policías y militares en las bases de operaciones mixtas, ha realizado acciones distintas según la naturaleza del movimiento armado y la magnitud de las presiones de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, observadores internacionales y redes solidarias que repudian una salida armada. Durante cuatro años, la evolución del conflicto chiapaneco redujo el riesgo de un intercambio de fuego entre las fuerzas armadas y el EZLN. Ambos ejércitos, uno regular y el otro irregular, tienen las manos atadas para recurrir de nuevo a las armas en forma directa. La enorme presión nacional e internacional y la gran actividad de las redes de solidaridad zapatista han servido como un poderoso elemento disuasivo para evitar que el Ejército Mexicano haga uso de su capacidad de aniquilamiento físico del EZLN y sus integrantes. Lo mismo ocurre en sentido contrario: el EZLN también experimenta la misma presión civil, tanto nacional como internacional, para limitar sus acciones al campo de la política y no de la guerra.
Una historia diferente sucede en Guerrero y Oaxaca, donde la contrainsurgencia gubernamental, basada principalmente en el empleo del Ejército, ha sido directa, no disuasiva, con masacres, hostigamiento sistemático a las comunidades y medidas como las detenciones arbitrarias, la tortura y la desaparición forzada.
Esta nueva "guerra en el paraíso" casi consigue ya el aniquilamiento del EPR y del ERPI y la destrucción de sus redes de apoyo campesino. Guerrero y Oaxaca no reciben la misma atención de la comunidad internacional que se concentra en Chiapas. Ambos movimientos armados carecen de la capacidad de levantar redes de apoyo solidario con fuerza semejante a las que logró el EZLN. No hay vínculos permanentes del EPR y del ERPI con organizaciones sociales, partidos políticos u organismos de derechos humanos. La matanza de El Charco, por ejemplo, levantó una ola de protestas, pero fue limitada y momentánea, mucho menor a la indignación y condena internacional que se originó por la masacre de Acteal.
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